El Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán reprobó las acciones de 200 tzotziles desplazados del 2019 que mantienen tomada la caseta de cobro San Cristóbal- Chiapa de Corzo, afirmando que el problema es un asunto interno de la comunidad de Canteal, Canech y Joltealal.

La autoridad detalló que se trata de un grupo de personas que han violentado los acuerdos tomados en asamblea, presentando inconsistencia en la participación de labores comunitarias razón por la que los comuneros han aplicado sanciones y multas de acuerdo a sus usos y costumbres.

Especificó que la Familia Rodriguez originarios de Canteal, fue expulsada "Florentino Rodríguez, fungía como policía municipal(Mayol) y prestó servicio de seguridad a las autoridades pasadas encabezada por Margarita Diaz García y Hermelindo García Núñez, al enterarse los habitantes de la comunidad Canteal, lo mandaron a citar en varias ocasiones para que pudiera seguir como policía Mayol, pero no hizo caso y, amenazó a varias personas y autoridades de Canteal en el 2019".

Por esto, dijeron que el acuerdo final determinado mediante una acta de asamblea es desconocerlos de la comunidad por el incumplimiento de obligaciones y colaboración comunitaria. Así también, fueron desconocidas las Familias de la comunidad Joltealal, quienes defendieron el liderazgo de los ex funcionarios “corruptos” .

Finamente indicaron “es importante mencionar que todas estas personas quienes se autodenominan desplazados, siguen viviendo en sus casas y siguen trabajando sus terrenos y tierras.
Cada uno de ellos deben de hacer la labor de convencer a los habitantes de sus comunidades y pedirles perdón por todo lo que han hecho y reconocer el error que han cometido. Ya que ni eso quieren hacer”.

A tres años del asesinato de Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5 mil 023 personas ocurrido en octubre de 2017, mujeres y hombres  así como el Comité Chalchihuitle, (Chalchihuitán), continúan denunciando la falta de justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.

A través de un comunicado, recordaron que el gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al presidente municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones, “sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos en total mil 237 personas”.

“Durante estos tres años y hasta ahora siguen latentes los ataques paramilitares de San Pedro Chenalhó, y los gobiernos en turno en sus tres niveles no han cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicaron.

Por ello desde las montañas, cerros y cuevas donde permanecen los desplazados, exigieron al gobierno de la república desartícule, desarme y castigue a los grupos armados de Chenalhó, responsables del desplazamiento, del robo de pertenencias y la destrucción de casas, además urgieron la indemnización de los daños ocasionados por estos hechos de violencia.

“En este tiempo que llevamos sufriendo, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en las comunidades colindantes entre ambos municipios, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados, no hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables”, denunciaron.

Así también el Comité de desplazados, dio a conocer que hay un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, y que los gobiernos no han realizado acciones de prevención, investigación y seguridad, desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.

“Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle, las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias, nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto; les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables”, acotaron.

Funcionarios del Concejo Municipal de Chalchihuitán, desmintieron el supuesto fallo de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a favor de tres regidores inconformes con las actuales autoridades; Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Marcela Pérez Núñez y regidores suplentes.

A través de un comunicado señaron que los inconformes desde que se instaló el Concejo Municipal han tratado de desestabilizar al pueblo indígena, interponiendo impugnaciones ante las autoridades electorales de Chiapas, la Sala Regional de Xalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recordaron  que el 10 de septiembre 2020, la Sala Xalapa resolvió el expediente SX-JDC-211/2020, promovido por Agustina Díaz Núñez y otros inconformes, revocando la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TEECH/JDC/009/2020.

“Se confirmó el decreto número 198, con fecha 25 de marzo 2020, emitido por el Congreso del Estado, el cual aprobó la designación de los cargos de presidenta municipal sustituta y síndica municipal propietaria, a Elena Cruz Cruz y Ramona de Jesús Sánchez Gómez; además, se declaró inexistente la violencia política por razón de género en relación con Agustina Díaz Núñez, Marcela Pérez Núñez y Gloría Díaz Gómez”, expresaron.

Agregaron que en ese mismo resolutivo, la Sala Regional de Xalapa, ordenó sobreseer en el juicio por lo que respecta a Gloria Díaz Gómez, debido a que su firma autógrafa no se encontraba plasmada en el escrito original de su demanda, resultando ilegal la inclusión de su nombre en dicha demanda.

Destacaron que la misma Sala Regional ordenó que a fin de contribuir a la pronta gobernabilidad en el municipio, se realizará una Sesión de Cabildo para decidir a quién propondrán para ocupar los cargos que quedaron vacantes mediante Decreto 233 del 2 de agosto 2019, fecha en la que desaforaron a la ex presidenta y al ex síndico, quienes actualmente enfrentan un proceso penal por peculado en contra de Chalchihuitán.

“A consecuencia de esta resolución de Xalapa, esta autoridad municipal, en estricto apego a derecho, presentamos un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF, el cual quedó registrado con el numeral SUP-REC-180/2020, y está actualmente pendiente de resolución”, Refirieron.


Finalmente aseguraron que es falso que la Sala de Xalapa ordenara algo contrario a lo anteriormente expuesto y que únicamente siguen las órdenes de sus anteriores jefes, la ex presidenta Margarita Díaz García y Hermelindo García Núñez, ex síndico, “que hoy se encuentran recluidos en un penal por el mal ejercicio de los recursos del pueblo”.