El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC (FISANIM-Fideo), manifestaron su preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas.

“Ambas organizaciones nos unimos a la exigencia de justicia y de alto a la violencia que han denunciado diferentes organizaciones, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, y el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite, vemos con temor que la constante escalada de violencia parece no tener fin y en los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario, anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos, durante el mes de junio y lo que va julio la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó 74  agresiones armadas a San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic, Chivit y la cabecera municipal de Aldama”, denunciaron.

Expresaron a través de un escrito que actualmente son 2 mil 036 personas víctimas de desplazamiento en el municipio de Aldama, por lo que  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 71 /2019, por su parte el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite ha denunciado 8 agresiones en Kanalumtik, en los puntos conocidos como Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojton, y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas comunidad límite de Chenalhó.

“En Chalchihuitán son 1,237 personas víctimas de desplazamiento, por este hecho la CNDH emitió recomendación 87/2018 y así también tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar número 882-17), mientras en Chenalhó existe preocupación por las amenazas e intimidación que viven constantemente 31 personas desplazadas de la comunidad Los Chorros, que constantemente han sido hostigados por personas de la comunidad”, denunciaron.

Agregaron que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas, no ha cumplido con su cometido, la situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave, “como organizaciones de derechos humanos vemos la necesidad de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, realice un trabajo urgente para atender a las víctimas de desplazamiento en el estado".

“¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos, ¿quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región, ¿quién los arma?”, mencionaron.

Destacaron que esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio de COVID-19, debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua, principalmente las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres se encuentran entre la población de alto riesgo ante esta pandemia.

“Como organizaciones de derechos humanos exigimos un alto a la violencia paramilitar en la región se reconozcan y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, así como la situación crítica de San Antonio Patbaxil, Carmen San José del municipio de Chilón, entre otros grupos desplazados que viven en las montañas”, concluyeron.

• • ° La Fiscalía Antisecuestro localizó sana y salva a la presunta víctima en un hotel de la ciudad de Puebla, en compañía de su familiar Juan Pablo “N”; ambos se encuentran a disposición de la justicia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca dio cuenta que derivado de trabajos de inteligencia y de gabinete, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Antisecuestro en coordinación con la Fiscalía Indígena y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de Puebla, logró el esclarecimiento de la simulación de secuestro de un menor de 16 años de identidad reservada del municipio de  Chalchihuitán.

Llaven Abarca informó que el 2 de julio del año en curso, Ramona de Jesús Sánchez Gómez, madre del menor, presentó una denuncia por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de su hijo, refiriendo que le exigían la cantidad de dos millones de pesos para la libertad de la víctima.

En ese sentido, indicó que instruyó a la Fiscalía Antisecuestro en coordinación con la Fiscalía Indígena iniciar los trabajos de inteligencia, de gabinete y de campo, logrando la ubicación y localización del menor sano y salvo en un hotel de la ciudad de Puebla, quien se encontraba acompañado de su familiar Juan Pablo “N”, manifestando haberse trasladado a dicho lugar por voluntad propia.

Llaven Abarca resaltó que de manera inmediata un grupo especializado de la Fiscalía del Estado realizó el intercambio de información con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de Puebla, para  ser presentados ante este órgano de procuración de justicia, por lo que el menor se encuentra a disposición de la Fiscalía de Adolescentes mientras que Juan Pablo “N” fue presentado ante el Juez de Control, para que enfrenten la justicia por su conducta delictiva.

Finalmente, el fiscal general refrendó su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reitera que en Chiapas ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad.

Desplazados del municipio de Chalchihuitán, se manifiestaron desde las montañas para exigir el retorno a sus casas, y pago de daños. A través de una carta dirigida al gobierno del estado de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón Cadenas.

En el escrito solicitaron la intervención del mandatario estatal para que las 10 familias regresen a sus casas, quienes fueron expulsados por la pasada administración, actualmente se encuentran refugiados en casas de familiares entre los límites de Chalchihuitán y Chenalhó.

“Soy Guadalupe Pérez Sántiz, a nombre de mis compañeros y compañeras, quiero decirle que somos 10 familias del paraje Cruz Kakalnam, del municipio de Chalchihuitán, fuimos expulsados del paraje el 8 de enero de 2019, solo por ser familias desplazadas por el problema de límites territoriales con Chenalhó, hemos sido amenazados de muerte, no hay autoridades, no hay leyes y no hay justicia para nosotros por ser indígenas y por ser desplazados”, denunciaron.

Indicaron que las 10 familias suman en total 40 personas, quienes fueron expulsados por  los caciques del paraje: Hilario Luna López, Víctor Díaz Pérez y Efraín Girón Pérez, "ellos son los que destruyeron nuestras casas, quemaron la ropa y robaron todas las pertenencias, nos amenazan de muerte cuando clamamos justicia”.

“Señor gobernador del Estado, y Fiscal General Jorge Luis Llaven, les pedimos que en nuestro paraje vuelva la paz, urge que deje de ser tierra de impunidad e injusticia lo cual ha reinado desde siempre por los caciques que imponen sus propias leyes, cobijados por las autoridades de otras comunidades del municipio, exigimos que hagan respetar las leyes y los derechos humanos, y liberen las órdenes de aprehensión en contra de los autores materiales de la violencia; Hilario Luna López, Víctor Díaz Pérez y Efraín Girón Pérez”, aseveraron.

Finalmente exigieron el retorno al paraje con todas las garantías de seguridad, así como el pago de daños de los bienes que fueron sustraídos por los caciques; “que reconstruyan nuestras casas que destruyeron y quemaron, queremos que se haga justicia”.