Un mito derechos de discapacitados

A pesar de los esfuerzos aún se transgreden los derechos de este sector vulnerable en el estado y el país, señaló Ana García, del IMDHD

Ana García Núñez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), aseguró que tanto el marco jurídico como el presupuestario en el estado de Chiapas, se transgreden los derechos de las personas con discapacidad, así como su derecho a la igualdad y la no discriminación, limitando con ello su plena inclusión en la sociedad, en igualdad de oportunidades.

“La inclusión de Las personas con discapacidad en Chiapas es un mito y más allá de discursos y leyes inconsistentes con las estándares internacionales, la realidad nos confirma su exclusión en todos los ámbitos de la vida social. En consecuencia, para evitar que se sigan violando los derechos humanos de las personas con discapacidad en Chiapas, exigimos se destinen recursos para desarrollar la infraestructura y las capacidades institucionales para la protección de las derechos de las personas con discapacidad”, refirió.

En conferencia de prensa, demandó a la Secretaría de Hacienda del estado, designe un presupuesto para la elaboración del Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión Social de Las Personas con Discapacidad, así como todas aquellas políticas públicas vinculadas a la inclusión de las personas con discapacidad, con enfoque de derechos humanos y de género, para combatir y eliminar la situación de discriminación estructural a la que se enfrentan.

Pidió al Congreso del Estado un ejercicio plural e incluyente que promueva una reforma integral a la Ley para la Inclusión de Las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, que la armonice con los estándares internacionales de derechos humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Exigió al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el ámbito de sus atribuciones, genere y promueva políticas, proyectos o acciones encaminados a prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Chiapas.

Al cumplirse el primer aniversario de la promulgación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, manifestó su preocupación por las omisiones de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

“A un año de la promulgación de la referida ley, ésta no tiene un reglamento y ello limita las posibilidades para la programación de un presupuesto para el diseño, ejecución y evaluación del Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad; igualmente grave es que la ley no está armonizada con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, mencionó García Núñez.

Al dar lectura a un pronunciamiento, aludió que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, las personas con discapacidad, sumaban para ese año 5.7 millones de personas, las cuales representan el 5.1 por ciento de la población total.

Al referirse a Chiapas, datos para ese mismo año, estimaron que existía una población de 167 mil 685 personas con discapacidad, la cual representa el 3.5 por ciento de la población total del estado, calculada en cuatro millones 788 mil 162.

“En contraste con los datos del Inegi, el padrón de personas con discapacidad del Sistema DIF en Chiapas, solo reconoce una población de 56 mil 703 personas con discapacidad. Un principio fundamental para el diseño de marcos legislativos y políticas  públicas son los diagnósticos con información sólida y confiable respecto a la población objetiva de las mismas”, acotó.

Anotófinamente que con la citada ley se crea el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Las Personas con Discapacidad; sin embargo, con base en diversas solicitudes de información pública presentadas al gobierno del estado, puede confirmarse que no existe evidencia documental contundente sobre la instalación de dicho Consejo, ni la disposición de presupuesto para la ejecución del programa estatal.