Por falta de pruebas, la tarde-noche de este martes un juez absolvió a Juanita, de origen tzeltal de 18 años de edad, después de ser violada, fue acusada del delito de homicidio calificado, ahora ya se encuentra libre y se ha reunido con sus familiares, así lo informó la abogada Marcela Fernández, integrante de la Colectiva Cereza.

Destacó que este es un caso que se dio en el contexto de violencia objetivo que hay en San Cristóbal de Las Casas en contra de mujeres de pueblos indígenas que migran a la ciudad y que son víctimas de violencia sexual, "la joven ya había sido violentada a los 15 años de edad cuando llegó a esta ciudad de San Cristóbal”.

Afuera del Cerss número 5 de San Cristóbal, la abogada informó que la joven de 18 años, originaria del municipio de San Juan Cancuc, fue detenida el 14 de marzo de 2022 cuando estaba en un domicilio ubicado en el barrio de Guadalupe, de esta ciudad.

Agregó que en el domicilio en el que ella estaba se encontró el cuerpo sin vida de Juan “N”, y Juanita fue acusada por ese asesinato, durante el proceso el agente del Ministerio Público no tuvo ningún medio de prueba para acusarla de la responsabilidad penal.

Expresó que la tarde de este martes, un juez dictó sentencia absolutoria en su favor por insuficiencia probatoria y por la causa de la duda razonable, porque frente a los medios de prueba que aportó el agente del ministerio público, no hubo suficiencia para establecer su responsabilidad.

Por su parte la activista Patricia Aracil Fernández manifestó que la liberación de Juanita se logró por la argumentación del juez ante la insuficiencia de pruebas, pero la defensora pública, en coadyuvancia con la Colectiva Cereza aportó medios de prueba y acompañamiento, entre ellos un dictamen elaborado por una psicóloga clínica tzeltal, en el que se estableció que efectivamente. Juanita padeció la violencia sexual.

“Se demostró un estrés post trauma y la veracidad de la declaración de Juanita en cuanto a los hechos, aparte que se demostró un trastorno mental transitorio que se colocó en el juicio como una causa para establecer la duda razonable porque había diferentes escenarios que podrían haberse acreditado como teoría del caso y frente a eso el juez decidió absolverla”, mencionó.

Refirió que Juan “N”, era 30 años mayor que Juanita y con quien se había conocido en un parque, “la acosaba y llamaba sistemáticamente. El día de los hechos la engañó para que fuera a su cuarto, la encerró, le indujo a una intoxicación etílica grave y la atacó sexualmente”.

Finalmente, la Colectiva Cereza, afirmó que la mujer buscará justicia por la falta de investigación exhaustiva y de la diligencia que debieron de tener las autoridades para investigar la violencia sexual de la que fue víctima. "No lo hicieron, a pesar de que lo denunció ante diversas autoridades; el agente del ministerio público le tomó la declaración un año después".

Representantes de Promedios de Comunicación Comunitaria (ProMedios), el Colectivo Flor de Asfalto, la Colectiva Autónoma de Colaboración Social, entre otros, dieron a conocer que se han cumplido 130 días de huelga de hambre de los reclusos Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, internos en el Cerss 5, en San Cristóbal de Las Casas.

Y 10 en Comitán y que hasta la fecha, el estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. En conferencia de prensa, contaron que el pasado 15 de marzo, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de las cárceles para exigir justicia y libertad.

Así como para denunciar al estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, “tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia”.

 Indicaron que los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19.

Asi también solicitaron medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.

 Agregaron que Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses privado de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, mientras que Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011 y llevan 10 años, 10 meses, sentenciados a 75 años de prisión cada uno, “pagando por un delito que no cometieron”.

 Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura.

Mientras que Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.

 “Exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares", expresaron.

Finalmente pidieron  la especial atención e intervención del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan".

Familiares de 17 personas presos en el Cereso 13 de Tonalá se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, pidiendo la intervención de diputados locales para exigir justicia, porque aseguran que están injustamente recluidos.

  Isaac Tinidad López aseguró que inicialmente eran 22 los que estaban en esta situación, y entre los 17 que todavía están recluidos cuatro son centroamericanos, a quienes al igual que los chiapanecos fueron detenidos en el camino, golpeados y torturados para inculparse.

Acusó de malas prácticas a las policías, porque cuando se comete algún delito, en la necesidad de dar resultados agarran al primero que se atraviesa por la zona donde se haya dado la delincuencia, les meten una madriza  hasta que ya no aguantan y se declaran culpables.

  Sin embargo, cuando han logrado echarle el guante al verdadero delincuente, con que les paguen salen libres. Es una corrupción la que prevalece en la procuración de justicia en ese municipio de la zona Costa, subrayaron.

En la entrada principal al Congreso del Estado de Chiapas hombres y mujeres reclamaron la libertad de sus familiares Emilio López Cigarroa, detenido por el delito de abigeato y homicidio; Juan Gabrial y Alexos Ivan Sánchez Ordóñez, Domitilio Toledo Alvarado y Francisco Martínez Alonso, por el delito de abigeato; Francisco Miguel Martínez Fonseca, por violación; Jorge Domínguez Toledo, despojo agravado.

Jacob Eduardo Tomhas Sánchez, por tentativa de feminicidio; José Luis Laguna Ramos, por secuestro; Francisco López Lazos, por violación; Julio César Martínez López, por robo; Samuel Jiménez Pérez, por abigeato; Florentino Toledo Colmenares, por despojo; Fidel Antonio Portillo y José Luis Larín Castro, por extorsión; Jonhatan Álvarez Núñez y Josúe Rubín Alexander Calles, por extorsión.