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Ambulantaje: Tuxtla es de los tuxtlecos
La Cámara Nacional de Comercio de Tuxtla Gutiérrez (CANACO/Servitur) dio a conocer que en la capital existen al menos mil 700 ambulantes que se fueron incubando hasta convertirse en un grave cáncer difícil, muy difícil de extirpar por todas las connotaciones que existen en medio.
El ambulantaje en Tuxtla Gutiérrez tuvo su auge en la primavera de la década de los noventa. En el gobierno del alcalde Julio César García Cáceres (q.e.p.d.), 1991-1993, en el tormentoso sexenio de don José Patrocinio González Garrido, el ambulantaje emergió con esplendor significando un próspero negocio que aportó ricas ganancias a las arcas de la Comuna gobernada por el extinto priísta.
De pronto las calles de Tuxtla, la zona del mercado e incluso el atrio de la catedral de San Marcos, emblemática representación de nuestra conejolandia, fueron invadidos por una plaga de vendedores que no sabemos de dónde salieron, pero allí estaban.
Desde las canasteras con ventas de manguito verde o jícamas hasta la piratería en el corazón de la ciudad pasando por las artesanías coloniales de San Cristóbal y el ámbar de Simojovel, hoy saqueado por chinos y asiáticos.
Eran los destellos de un problema que dos décadas después se convertiría en un desastre político, económico y social para autoridades y ciudadanos tuxtlecos. Hoy no es una simple jaqueca sino, como ya dijimos, un cáncer que nos corroe las entrañas.
Los comerciantes establecidos en el paso a desnivel de Tuxtla y en la acera de oriente a poniente de la quinta norte entre 5a. 6a. y 7a. poniente, así iniciaron. La inmensa mayoría de los dueños de locales vinieron precisamente de Puebla liderados por vivales que hicieron de la necesidad un botín.
El gobierno legalizó el ambulantaje y el tráfico ilegal de productos de manufactura extranjera. En el paso a desnivel y en la quinta norte usted encuentra cualquier cantidad de piratería que el mismo gobierno reglamentó, solapó y amamantó y hacia allá se encamina el conflicto actual.
Ser ambulante conlleva trabajar menos de ocho horas, presentarse en promedio a su "centro de trabajo" cuatro días y tener ingresos hasta de cuatro salarios mínimos diarios.
De acuerdo con estudiosos del tema, esta actividad aumenta cada vez más por la falta de empleo formal; los bajos salarios que hay en el sector público y que obliga a los empleados a buscar otra ocupación; así como la demanda de personal altamente especializado para lo cual muchos no están preparados y sólo les queda la opción de entrar a la economía informal.
También provoca diversos problemas: evasión fiscal, venta de productos "piratas" o ilegales, inseguridad pública, competencia desleal y delincuencia organizada. Y todo eso por supuesto que las autoridades lo saben.
El ambulantaje es ciertamente un polvorín que puede estallar en manos políticas inexpertas o ambiciosas. No se le puede observar como clientela política de cara a las elecciones de 2018, sino como un problema muy complejo que demanda medidas y soluciones integrales para proteger derechos ciudadanos, libertades y derechos laborales amparados en las leyes para unos y para otros.
Los ciudadanos en Tuxtla tenemos derecho de vivir en paz en esta ciudad. Esta es nuestra ciudad. Aquí nacimos, aquí vivimos y aquí vamos a morir. Aquí nacieron nuestros ancestros y no es permisible que, de pronto, ese Derecho sea arrebatado por grupos de canallas que vienen de otros estados y son liderados por sujetos oportunistas y transgresores de las leyes.
El gobierno local no debe anteponer las ganancias electorales de 2018 ante el derecho de los ciudadanos tuxtlecos. La ley no se negocia. La ley se aplica y tampoco puede recurrir a la fácil salida de legitimar un problema como ocurrió en el pasado.
Exigimos soluciones de gran calado, sin contemplaciones, sin pasividad, sin ambiciones futuristas. Tuxtla es de los tuxtlecos.
