*Acusan a Marco Cancino González de contratar grupos de choque para callar las protestas; ahora lo señalan de ecocida

Juan José Ruíz Nájera, presidente del Sistema de Agua Chupactíc y Martín Ramón Hidalgo Pérez, Miembro de la Unidad Ciudadana por la Naturaleza, la Vida y la Paz, aseguraron que tras su viaje a la Ciudad de México, dieron parte a instancias federales de los daños ecológicos que se realiza en la ciudad de San Cristóbal y donde se evidencia la complicidad del presidente municipal, Marco Cancino González “con grupos de choque y a cambio de votos y dinero”.

En un comunicado, señalan que 22 integrantes de la Unidad Ciudadana por la Naturaleza, la Vida y la Paz viajaron a la capital de la República Mexicana y lograron reunirse y entregar documentos en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales (Fepada).

“Ante la creciente deforestación e intento de invasión de nuestras Reservas Ecológicas, ante el constante relleno de nuestros humedales, ante la falta de respeto a nuestra Carta Urbana, ante la entrega de nuestra agua subterránea a una empresa transnacional, ante la ocupación de nuestros espacios públicos y ante la evidente complicidad de Marco Cancino González”, señalan en la misiva.

Recuerdan que desde hace cinco años, varios sancristobalenses han realizado diversas acciones legales y pacíficas para evitar la destrucción del medio ambiente, “invasión / ocupación de espacios públicos y la violación de nuestros derechos humanos y ciudadanos. Con mucho esfuerzo hemos logrado resultados satisfactorios pero aún falta hacer cumplir algunas leyes y acuerdos por el bien común”.

“Entregamos un documento de 10 cuartillas con sus respectivos anexos mismo que ofrecemos a quienes se sumen a este esfuerzo ciudadano. Enérgico reclamo verbal a Marco Cancino por su autoría intelectual de los actos ilegales denunciados; cuando salíamos de la Cámara de Diputados, Cancino hacía fila para entrar y entregar regalos comprados con dinero del pueblo; ahí recibió nuestro enérgico reclamo, nos pidió platicar en corto, pero escuchó nuestra respuesta, “¿Qué tienes en la cabeza?, ¿Por qué promueves el ecocidio y el intento de despojo con grupos de choque?; nosotros no platicamos en corto sobre los asuntos que son públicos”, relatan.

Después de la las acción, demandan investigación y castigo al Ayuntamiento de San Cristóbal que preside Marco Cancino, “por su ineficiencia, por su falta de transparencia, por el fraude probable en la asignación y ejecución de la obra pública, por su autoría intelectual en el ecocidio e intento de despojo, por su clara vinculación con grupos de choque; por atentar contra la seguridad, la tranquilidad y la paz social en San Cristóbal Chiapas”.

Para detallar los logros y acciones a seguir, convocan para el próximo viernes 10 de Marzo desde las 17:00 horas en la Sala de Juntas del Sistema de Agua Chupactíc, ubicada en Diagonal Peje de Oro S/N, casi en frente de la escuela primaria del Barrio Originario Cuxtitali, a una reunión.

·         Manifestaron su indignación y preocupación por los asesinatos ocurridos en días pasados en México y Centroamérica

 El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil (CEMDA A.C.) demandó garantías de protección para la realización de sus labores de acompañamiento y condiciones de seguridad para quienes defienden la tierra y el territorio promoviendo la participación de las mujeres, libre de todo tipo de violencia en los diversos espacios de construcción social, así como la pronta investigación y sanción a los responsables de los feminicidios y asesinatos denunciados.

En el marco de la visita a México del Michel Forst, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre personas defensoras de derechos humanos, en un comunicado de prensa manifestó su indignación y preocupación por los asesinatos de personas defensoras ocurridos durante la semana anterior en México y Centroamérica.

Con datos documentados por la Red de Defensoras, citan que cada semana se registran al menos cuatro ataques contra mujeres que promueven, defienden y ejercen derechos, cuyas agresiones van desde actos de intimidación y hostigamiento psicológicos; calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio; amenazas, advertencias, ultimátum y feminicidios.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA A.C.) en su Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, durante 2016 las agresiones en contra de las personas que defienden el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna en nuestro país registraron 63 ataques en diversas modalidades, “los tipos de mega-proyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7)”.

Hacen público que el pasado 8 de diciembre de 2016, en la Casa de la Mujer IximAntsetic en Palenque, Zona Norte de Chiapas, sufrió el allanamiento a sus oficinas; según registró  ACUDDEH, entre junio de 2015 y mayo de 2016, ocurrieron 17 allanamientos perpetrados en oficinas de organizaciones de derechos humanos o en las casas de personas que trabajan en la defensa de derechos humanos.

El 2 de enero de 2017, se reportaron amenazas  de muerte a la defensora Eva Lucero Rivero Ortiz, vocera de la organización Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (Ucidebacc) en Oaxaca, quien recibió amenazas de muerte en su teléfono celular debido a su abierto apoyo por el derecho a participar de las mujeres, denunciaron organizaciones civiles de la región.

El pasado 11 de enero, amenazas  y hostigamiento contra Miriam Miranda y otros tres integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) cuando aproximadamente a las 10 de la mañana los cuatro defensores viajaban en coche hacia la ciudad de la Ceiba, Honduras, cuando encontraron un retén en la zona del muelle de Cabotaje siendo agredidos por agentes de la Policía Nacional.

Por último, revelaron que el pasado 16 de enero, Néstora Salgado García, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, sostuvo en entrevista telefónica con el relator de la ONU, Michel Forst, que nuevas acusaciones en su contra y la falta de garantías para su seguridad le impiden regresar a su comunidad en México.