Un grupo de desplazados del municipio de Chalchihuitán, exigió que se apliquen medidas cautelares, ya que desde el desplazamiento forzado ninguna autoridad se ha acercado a platicar, ni mucho menos a ofrecerles víveres.

Al medio día de este martes, en conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el grupo de integrantes del Comité de Desplazados de Chalchihuitles, (Chalchihuitán), dieron a conocer que no se ha cumplido con las medidas cautelares número 15-18MC882-MX, para que puedan retornar a sus lugares de origen.

“Ya se cumplió tres años del asesinato de nuestro compañero Samuel Luna Girón, y existe un total de 5 mil 023 personas desplazadas en Chalchihuitán, fue un día 18 de octubre del 2017 cuando salieron nuestros hermanos de sus casas y hasta ahora nadie le ha dado solución a este problema, una de ellas es el retorno  a nuestras casas”, denunciaron.

Señalaron que la orden que le dio el gobernador en ese tiempo Manuel Velasco Coello al presidente municipal Martin Gómez Pérez, fue que debian ser obligados a retornar a sus casas todos los desplazados, “retornaron la mayoría sin condiciones, mediante engaños, el 02 de enero del 2018 quedando hoy 282 familias, pero en total son mil 237 personas sin condición de seguridad”.

Expresaron que la situación actual, son los disparos de armas de fuego, invasiones y despojos de tierras ocasionados por pobladores de Chenalhó, hay invasiones recientes, robos y asaltos en los caminos de Chalchihuitán; “hay amenazas de muerte, represiones internas de autoridades municipales, agentes municipales y habitantes del mismo pueblo”.

“El problema de la comunidad Cruz Cacanam cada vez es más difícil, ya que ellos están expuestos a la violencia y a los ataques continuos de los paramilitares que circulan en los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó, en donde viven está cerca la frontera territorial, queremos que la ley se aplique, exigimos justicia y retorno a nuestras casas”, dijo una de las representantes.

Finalmente aseguraro que los agresores y caciques del paraje Cruz Cacanam son: Hilario Luna López, Víctor Díaz Pérez y Efraín Girón Pérez, “ellos gozan de nuestras pertenencias que quedaron en nuestras casas, mientras nosotros seguimos sufriendo sin encontrar la verdadera justicia”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “mantiene una deuda histórica” con las más de 73 mil víctimas de desaparición forzada en México.

A través de un comunicado, indicó que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es necesario que en México se implementen de manera urgente las estrategias dirigidas a la prevención, investigación y sanción, así como la reparación de daños a las víctimas.

“La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto, el actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos, las desapariciones forzadas están vinculadas a las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública, y se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión”, aseveró.

Mencionó que las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, ésta implementada por el gobierno mexicano de sexenios anteriores y que hasta la fecha no se han esclarecido.

El Frayba destacó que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, no han parado las desapariciones forzadas: “el reporte del primer semestre de 2020, arroja un resultado de dos mil 332 personas” por su parte las instancias de gobierno han detenido las búsquedas excusándose en la situación de pandemia, son las familias quienes persisten en caminar hasta encontrarles, por ello es necesario que en México se implementen de manera urgente las estrategias dirigidas a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada, así como reparar integralmente a las víctimas.

Finalmente agregó que a pesar de la pandemia, el gobierno debe buscar a las personas desaparecidas forzosamente, "no se escuden por este virus, deben de continuar y obedecer las demandas de los familiares quienes exigen la presentación con vida de sus desaparecidos”.

• °  Integrantes de la Organización de la Sociedad Civil "Las Abejas" de Acteal  serán respetuosos de dicha decisión.

A través de un comunicado los integrantes del Consejo de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” de Acteal, señalaron que son respetuosos de la decisión que han tomado 30 víctimas, de firmar un Acuerdo de Solución Amistosa el próximo 3 de septiembre con el Estado Mexicano, acto que se llevará a cabo en la ciudad de México.

Informaron que los  acompañaran a esta firma amistosa dentro del marco del Caso 12.790 Manuel Santis Culebra y Otros (Masacre de Acteal) en México, en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Las 30 víctimas van a ser acompañados por integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que considerar dicho acuerdo como algo malo, sin conocer el procedimiento, el alcance o lo que implica una solución amistosa, un informe de fondo de la comisión y/o una sentencia de la Corte IDH, es emitir una opinión personal muy precipitada y a lo banal”, indicaron.

Expresaron que no es la primera vez que se firma este tipo de acuerdo, y citan al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) que ha suscrito diversos Acuerdos de Solución Amistosa, por mencionar algunos: informe No. 43/19 CASO 13.408 informe de solución amistosa Alberto Patishtán Gómez, México.

“No pretendemos que las víctimas de la Masacre de Acteal deseen seguir un proceso contencioso porque terminaríamos anteponiendo la ideología política de nuestra organización, sabiendo que la voluntad de la mayoría de los sobrevivientes es que haya una atención inmediata vía solución amistosa y evitar esperar de manera indefinida como hasta ahora ha sido una resolución de la Comisión Interamericana y en su momento de la Corte Interamericana”, aseveraron.

Así también reconocieron  la labor de la CIDH en este acuerdo y el esfuerzo de las víctimas al lograr que a través del diálogo, el gobierno asumiera su responsabilidad por Acción y Omisión en los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997; “pedimos respetar el proceso de las víctimas que están luchando también por justicia, verdad y reparación”.

Mientras el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) celebró que el Estado Mexicano reconozca su responsabilidad por acción y omisión en la Masacre de Acteal en 1997, por lo que respalda la decisión de las 30 víctimas que han aceptado un acuerdo de solución amistosa.

“Este acuerdo viene con el acompañamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y con el Estado Mexicano, por lo que el Comité Digna Ochoa expresa su total respaldo a la decisión de las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal de llegar a un acuerdo de solución amistosa con el Estado Mexicano representado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, acotaron.