El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba),

urgió a las autoridades competentes brindar y garantizar el acceso a una atención médica oportuna, adecuada, integral y urgente a la niña María Luciana N., quien se encuentra en el hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, desarmar y desarticular a los grupos civiles armados, así como la investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales de la violencia en la región.

A través de un comunicado señaló que  la comisión permanente de los 115 comuneros de Aldama les comunicó así comoa otras organizaciones de defensores de derechos humanos, que la niña María Luciana N., de 13 años de edad, recibió dos impactos de bala: uno por el ojo y el otro en el hombro, mientras ella trabajaba su telar de cintura, en su casa, en la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, el hecho ocurrió a las 13:20 horas, del día 17 de julio de 2020, durante un ataque armado procedente de Nech’en Santa Martha, en Chenalhó.

El organismo, denunció que todos los días por las madrugadas, desde las 00:10 horas, se intensifican los ataques por parte de grupos civiles armados de Chenalhó, los balazos van dirigidos a comunidades de Tabak, San Pedro Cotsilnam y Koko’, "en Aldama, se ha documentado en los últimos tres días que hubo al menos 28 agresiones armadas, de un total de 71 durante el mes de julio de 2020 y 307 en registro desde el mes de marzo de 2018 a la fecha".

Destacaron que las comunidades de Aldama en riesgo son: Xuxch’en, Koko’, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yetón, Ch’ivit, Tselejpotobtik, Juxtón, Ek´el, Nech’en y cabecera municipal de Aldama, por ataques armados procedentes de las comunidades de, Oxch’onm, Slumka, Tok’oy, Tojtik, telesecundaria, Curva Tontik, Alcantarilla, T’elemax, Vivero Colado, Chino, El Rancho, T’ul Vits, Vale’tik, Ontik, Xchuch te, templo, Sector Santa Martha y Chalontik Tijera Caridad, del municipio de Chenalhó.

Finalmente responsabilizaron al gobierno mexicano de cualquier acto de violencia que se puedan registrar en la zona, ya que hasta la fecha no existe presencia policiaca y militar en los limítrofes de Aldama y Chenalhó, “hay omisión y permisibilidad en la actuación con impunidad de los grupos civiles armados de Chenalhó”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC (FISANIM-Fideo), manifestaron su preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas.

“Ambas organizaciones nos unimos a la exigencia de justicia y de alto a la violencia que han denunciado diferentes organizaciones, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, y el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite, vemos con temor que la constante escalada de violencia parece no tener fin y en los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario, anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos, durante el mes de junio y lo que va julio la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó 74  agresiones armadas a San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic, Chivit y la cabecera municipal de Aldama”, denunciaron.

Expresaron a través de un escrito que actualmente son 2 mil 036 personas víctimas de desplazamiento en el municipio de Aldama, por lo que  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 71 /2019, por su parte el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite ha denunciado 8 agresiones en Kanalumtik, en los puntos conocidos como Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojton, y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas comunidad límite de Chenalhó.

“En Chalchihuitán son 1,237 personas víctimas de desplazamiento, por este hecho la CNDH emitió recomendación 87/2018 y así también tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar número 882-17), mientras en Chenalhó existe preocupación por las amenazas e intimidación que viven constantemente 31 personas desplazadas de la comunidad Los Chorros, que constantemente han sido hostigados por personas de la comunidad”, denunciaron.

Agregaron que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas, no ha cumplido con su cometido, la situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave, “como organizaciones de derechos humanos vemos la necesidad de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, realice un trabajo urgente para atender a las víctimas de desplazamiento en el estado".

“¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos, ¿quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región, ¿quién los arma?”, mencionaron.

Destacaron que esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio de COVID-19, debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua, principalmente las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres se encuentran entre la población de alto riesgo ante esta pandemia.

“Como organizaciones de derechos humanos exigimos un alto a la violencia paramilitar en la región se reconozcan y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, así como la situación crítica de San Antonio Patbaxil, Carmen San José del municipio de Chilón, entre otros grupos desplazados que viven en las montañas”, concluyeron.

·         Cada año hay un promedio de 200 mujeres que participan en el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar

 Decenas de mujeres de México y Centroamérica marcharon en esta ciudad en el marco del Día de la Trabajadora del Hogar que se celebrará el próximo 30 de marzo con el apoyo de organizaciones de Guatemala, Salvador y de la Ciudad de México.

Ana Lucia Lagunes, del área de capacitación del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, informó que cada año hay un promedio de 200 mujeres que participan en el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar ubicado en el parque central Miguel Hidalgo.

Las trabajadoras domésticas, realizaron una acción pública en el parque bicentenario, para exigir respeto a sus derechos, salarios dignos, evitar la explotación laboral, la discriminación salarial, por motivos de género y nacionalidad.

Además de falta de condiciones laborales, despidos injustificados, acusaciones de robo para sacarlas del centro de trabajo y no pagarles, padecen maltratos como gritos, golpes, acoso o violación sexual o laboral y falta de horarios justo, además carecen de seguridad social y un contrato de trabajo-.

Las edades de las trabajadoras guatemaltecas que vienen a Chiapas a realizar labores domésticas van desde los 12 a 25 años, ese grupo de empleadas tiene que ver con la dinámica transfronteriza que se vive en la ciudad, ”hay una dinámica histórica de intercambio cultural y laboral como los trabajadores agrícolas, el comercio”.

Precisó que una de las opciones para las niñas guatemaltecas, es llegar a Tapachula a trabajar obtener recursos y seguir estudiando. ”

 Para llevar un caso legalmente por ejemplo de demanda laboral han sido pocos, tres al año, porque las mujeres no se animan, hay mucha desconfianza en las autoridades y hay desconocimiento de las trabajadoras porque las instituciones responsables de hacer la difusión de sus derechos no lo hacen la Secretaría del trabajo está faltando a sus compromisos para proteger a las trabajadoras”.

 Refirió que la entidad se permite que se contrate a las féminas en pésimas condiciones que les vulnere cualquier derecho, muchos funcionarios que tienen trabajadoras extranjeras sin contrato y bajo salario “.

Todos y todas somos responsables de que estas condiciones sigan así, no solo es que las mujeres desconozcan sus derechos, sino que también las empleadores y empleadoras las instituciones y las dependencias de gobierno son responsables de hacer cumplir los derechos no lo están haciendo”.

También culminaron un encuentro de mujeres México- Centroamérica que se desarrolló durante tres días que se organizó con el Sindicato Nacional de Trabajadoras, organizaciones y el Centro de derechos Humanos Fray Matías de Córdova.