·         Roberto Carlos Ruiz, señaló que fue detenido e inculpado por un crimen que no cometió, por lo que exige su libertad; FRABYA da seguimiento al caso

 En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dio lectura a un comunicado enviado por Roberto Carlos Ruiz Hernández, quien señaló ser originario de Tegucigalpa, Honduras y sufrir la violación de sus derechos al encontrarse recluido en el CERSS 13 de Tonalá.

 “Como migrantes estamos encarcelados injustamente. Quien inventó las acusaciones fue el fiscal correspondiente de la cuidad de Arriaga, Chiapas”.

 “Quiero manifestar por escrito y en público, que mis derechos están siendo violados por las autoridades de este país, al igual que otros compañeros migrantes de Nicaragua, Honduras, Guatemala quienes nos encontramos en esta prisión por un delito que no cometimos”.

Integrantes del Frayba señalaron que fue el Juez del Ramo Penal de Tonalá, quien sentenció a Roberto Ruiz  sin prueba alguna, “porque pasaron dos largos años de proceso solicitando los careos procesales de las supuestas personas que me acusaban y nunca se presentaron a dar su declaración”.

 “Quiero manifestar, que nunca existieron esas personas sino que mis acusadores son fantasmas, ya que el fiscal de Arriaga con tal de encarcelarme, como migrante me culpó de un delito que nunca cometí”, abundó.

Reseñaron que el 22 de mayo cuando fue detenido, lo golpearon, torturaron y los policías que lo detuvieron le argumentaron que lo matarían, a pesar de defenderse y decirles que no había hecho nada, “solo voy de paso a los Estados Unidos al igual que los otros migrantes sentenciados aquí”.

Dejó ver que son uno 60 migrantes encarcelados, a quienes los tratan de manera brutal,  “como si fuéramos animales aunque en la Constitución Política de este país, dice en su artículo 22 que “nadie puede ser maltratado, ni torturado, ni intimidado, ni incomunicado, y todo aquel que viole ese derecho será sancionado por un Juez Penal”.

 “El 12 de agosto de 2015 por varios días estuve en huelga de hambre, exigiendo mi libertad, por eso me bajaron la sentencia a cinco años y tres días. Ya he cumplido con más del 60 por ciento de la sentencia por el delito que no cometí, mi caso está en revisión en la Mesa de Reconciliación desde el 2015 pero no me dan información sobre qué falta para que me dejen libre, soy inocente. Por esta razón exijo mi libertad”, concluyó.

·         Han pasado seis años desde que fueron desplazados y hasta el momento no se ha dado una resolución

 Desplazados de Banavil, municipio de Tenejapa, demandaron justicia y garantías para regresar a su comunidad, al cumplirse este 21 de febrero  dos años de haber sido sepultada en dicha comunidad la menor Antonia López Méndez, hija de María Méndez López y Lorenzo López Girón quienes fueron desplazados de aquella comunidad desde el 4 de diciembre del año 2011.

“Exigimos al Estado Mexicano, como hemos hecho desde hace cinco años y dos meses, que hagan una búsqueda hasta encontrar a nuestro padre Alonso López Luna, se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que venimos sufriendo y que haya justicia de todos los responsables”.

 “Demandamos generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nuestras familias en Banavil, actualmente somos 21 personas, pedimos que nos garanticen seguridad en el momento del retorno y después del retorno, asimismo que nos garantice el estado mexicano que esto no se va a repetir,  pedimos la cancelación de las órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón , reparación de daño por el tiempo que hemos estado en desplazamiento y todos los bienes que hemos perdido en Banavil, la presentación de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, entre otras hermanas y hermanos que están luchando por la justicia y verdad por la desaparición forzada y justicia para Acteal”, dijeron además.

Tras dar lectura a un comunicado de prensa, Lorenzo y Miguel de apellidos López Girón, recordaron que Antonia fue sepultada en su tierra natal el pasado 21 de febrero del 2015, tenía 11 años y falleció en el hospital de Las Culturas, “sin recibir atención médica adecuada y fue víctima del desplazamiento forzado con su familia”.

Citaron que el retorno provisional y momentáneo de este martes fue acompañado de observadores del centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y solamente para recordar dos años del fallecimiento de la infante, ya que aún no pueden regresar por la falta de garantías.

·         Mediante un comunicado dio a conocer que cinco integrantes de la Policía Comunitaria fueron desaparecidos en la Costa Sierra Michoacana

 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que cinco integrantes del Pueblo Nahua de la región Costa Sierra, Michoacana, fueron desaparecidos “perpetrada por la Marina Armada de México y el Crimen Organizado”.

En un comunicado breve, hicieron saber que han recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, que alrededor de las 03:30 horas del pasado domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, fueron privados de la libertad.

Por último, señalan que presumiblemente fueron detenidos por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.