San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- 25 de febrero de 2026.— Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas privadas de la libertad presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, por presuntas graves violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de Orbey Juárez Juárez, José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, detenidos el pasado 22 de enero.

De acuerdo con el pronunciamiento dirigido a medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales, los denunciantes señalan que las detenciones fueron realizadas por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal sin orden de aprehensión ni flagrancia y que las personas detenidas habrían sido golpeadas y mantenidas incomunicadas.

Asimismo, acusaron presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía señalando inconsistencias en fechas, actuaciones y supuesta manipulación de la escena de los hechos. También denunciaron la difusión de imágenes en redes sociales que afirman, vulneran la presunción de inocencia y la dignidad de los señalados.

Las organizaciones sostienen que los detenidos desempeñan funciones religiosas y comunitarias, y que su caso se enmarca en un contexto de presunta criminalización de liderazgos sociales en la entidad.

En su pliego petitorio, solicitaron a los organismos de derechos humanos la admisión inmediata de la queja y la emisión de una recomendación por las violaciones denunciadas; además, exigieron a las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 garantizar la integridad física y atención médica de los internos.

También pidieron a la Fiscalía y al Poder Judicial del Estado revisar el proceso penal y cesar lo que consideran una persecución indebida, así como otorgar la libertad inmediata a los señalados.

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Motozintla, Chiapas; 30 de diciembre de 2024. – El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió junto al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, al banderazo de salida del Grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en el municipio de Motozintla, Chiapas.

En este contexto, Moreno Guillén destacó la importancia de las nuevas estrategias de seguridad para la construcción de un Chiapas más seguro y en paz, subrayando la coordinación entre los tres poderes del Estado, para garantizar una justicia humanista y eficaz.

Desde la Sierra Madre, el magistrado presidente resaltó que la seguridad y la justicia van de la mano, y que el compromiso del Poder Judicial es aplicar la ley con integridad, asegurando que ninguna conducta delictiva quede impune. 

Además, expresó su apoyo a las acciones del gobernador Ramírez Aguilar, reafirmando que en Chiapas se trabaja por un futuro en el que las y los chiapanecos puedan vivir con tranquilidad y confianza en sus instituciones.

Con esta acción, el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrenda su compromiso de colaborar con el Gobierno del Estado para fortalecer la seguridad y garantizar la paz y justicia en todos los rincones de Chiapas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, grupo F.R.I.P., en coordinación con policía de investigación y la Fiscalía General del Estado pusieron a disposición una femenina y un masculino por el delito contra la salud (flagrancia).

En un recorrido de seguridad y vigilancia en la carretera Chiapa de Corzo- Tuxtla Gutiérrez, kilómetro 11+300, colonia Nandanbua, autoridades realizaron una inspección a su persona y a su vehículo a Isabel “N” y Edson Adrián “N” ambos originarios del estado de México. 

Tras marcarles el alto para realizar esta inspección, se les localizó droga y su probable participación en delitos de fraude. 

Elementos aseguraron los narcóticos y realizaron la detención correspondiente para de inmediato ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en coordinación con la policía de investigación y la Fiscalía General del Estado, refrendan su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía.