San Cristobal de Las Casas; Chiapas, México 

La mañana del 22 de diciembre de 1997, mientras el país se preparaba para las fiestas de fin de año, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas, el tiempo se detuvo a balazos.

Hombres, mujeres, niñas y niños indígenas tzotziles, integrantes de la organización pacifista Las Abejas, fueron at4cados mientras oraban por la paz. No estaban armados. No huían. Rezaban.

Durante horas, un grupo paramilitar conocido como Máscara Roja disp4ró sin piedad. El saldo fue brutal: 45 personas asesinadas, la mayoría mujeres y menores de edad, y al menos 26 personas gravemente heridas. La sangr3 corrió en un contexto de guerra no declarada, en medio de la contrainsurgencia desplegada tras el levantamiento zapatista de 1994.

Nada de esto ocurrió en el vacío.

UN CREN ANUNCIADO

Antes de la masacre, Acteal y comunidades vecinas vivían bajo un clima de hostigamiento permanente, desplazamientos forzados y amenazas. 

La presencia de grupos Armados civiles, tolerados y protegidos por autoridades locales y estatales, era conocida.

También lo era la presencia del Ejército Mexicano en la región, cuyos retenes y cuarteles se encontraban a pocos kilómetros del lugar del ataque. Nadie intervino. Nadie llegó a tiempo.

El entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García, denunció desde el primer momento que lo ocurrido en Acteal no fue un enfrentamiento, sino una masacre de Estado, resultado directo de una política de militarización, división comunitaria y guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas.

LA JUSTICIA QUE NUNCA LLEGÓ

A lo largo de los años, la justicia se convirtió en una palabra vacía.

La investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) estuvo marcada por irregularidades, fabricación de pruebas, testimonios inducidos y detenciones arbitrarias.

En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de varios sentenciados al reconocer que las pruebas habían sido obtenidas de manera ilícita. Pero ese reconocimiento no significó verdad ni reparación.

En 2016, la Segunda Sala de la SCJN determinó que esas irregularidades no generaban responsabilidad patrimonial del Estado. El mensaje fue devastador: se puede fabricar culpables, encarcelar inocentes y no pagar ningún costo institucional.

IMPUNIDAD COMO POLÍTICA

A 28 años de la masacre, ningún alto funcionario ha sido juzgado, ninguna cadena de mando ha sido investigada, ningún reconocimiento pleno de responsabilidad del Estado mexicano ha sido emitido.

El nombre de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente en funciones en 1997, sigue ligado a este crimen de lesa humanidad sin que enfrente proceso judicial alguno.

Como ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Acteal se ha convertido en símbolo de la lucha por la memoria, la dignidad y la resistencia de los pueblos indígenas, frente a la violencia estatal y paramilitar que persiste en México.

MEMORIA QUE CAMINA

Acteal no es solo un lugar.

Es una herida abierta.

Es un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando el Estado elige la guerra sobre el diálogo, la impunidad sobre la justicia y el olvido sobre la verdad.

A 28 años, las comunidades siguen caminando la memoria.

No para vengarse, sino para exigir verdad, justicia y no repetición.

Porque mientras Acteal siga impune, la paz en Chiapas seguirá siendo una promesa incumplida

Gabriela Sanabria

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A 14 años de la masacre de indígenas en el poblado Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, ocurrido durante un desalojo que realizó presuntamente un grupo de indígenas y la Policía Estatal, sigue impune, denunciaron.

Los familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco, reiteraron una vez más su exigencia ante el estado mexicano, de justicia por 36 personas que sufrieron desplazamiento forzado, “así como la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González”.

En el comunicado pidieron la cancelación de las órdenes de aprehensión que existe en contra de sus compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado Mexicano se empeña en hacerlos responsables de asesinar a sus propios compañeros.

“A 14 años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevó”, aseveraron.

Finalmente, manifestaron que pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico del país.