Uberlaín Aguilar de la Cruz, coordinador de la OCEZ región Carranza, exigió solución al problema de desalojo que sufrieron sus compañeros en el predio La Granada en el municipio de Amatenango del Valle, desde octubre de este año.

         Reconoció que los desalojados estaban en posesión de la tierra desde 2006, pero llegó otro grupo de personas de San Cristóbal de Las Casas en 2009 y los echaron. Estaban posesionados del predio por acuerdo con el mismo propietario.

         Dijo que todo el tiempo han venido platicando con las autoridades para que se dé solución, pero hasta el momento no han tenido respuesta.

Refirió que en marzo de este año el grupo de la OCEZ decidió volver a ese predio, lo habían recuperado, pero hace dos meses los volvieron a desalojar las mismas personas con agresión y fuertemente armados.

Con ese motivo, este miércoles vino a platicar con autoridades de la Secretaría General de Gobierno para que se reconozca la posesión de la tierra a favor de sus compañeros, sobre todo que se tiene la anuencia de los propietarios.

Reveló que van a organizar al grupo de desplazados que se encuentran en el crucero de La Carmelita, para volver a posesionarse de esas tierras, solo que esta vez pudieran haber heridos y hasta muertos, por lo que están tratando de evitarlo y dejando en manos del gobierno el asunto.

Precisó que alrededor de 45 familias son las que fueron desplazadas del predio de 235 hectáreas.

Asimismo, aseguró que en el acercamiento con la dependencia encargada de la política interna del estado han estado dando seguimiento a los temas pendientes que tienen de asuntos agrarios, vivienda y justicia social, donde han venido avanzando. 

         Los miembros de esta organización esperan que el secretario general de Gobierno cumpla con los apoyos que les han prometido

Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC) lanzaron un pliego petitorio al gobierno del Estado, en especial al secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda.

Felipa Gómez Ruiz, integrante de la Organización, tras dar lectura a un comunicado, recordó que el pasado 19 de noviembre del poblado Francisco Villa, municipio de Amatenango del Valle, dijeron continúan en un campamento sin obtener respuestas a sus demandas.

Otro de los acuerdos apuntaron es el transporte, donde no realizarían ningún operativo  mientras se regulariza  en la modalidad de Moto taxi, taxi, volteo y camiones de bajo tonelaje, permitiendo trabajar.

Gómez Ruiz, refirió solicitarán además se castiguen de los responsables del atentado policiaco del 30 de septiembre del 2009 en la que perdieron la vida dos integrantes de la OCEZ, así como el pago inmediato de las pensiones vitalicias a los familiares que sufrieron las perdidas.

Por último, llamó a los organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales, mantenerse pendientes de lo que pueda suceder ya que el único responsable de lo que pueda suceder serán autoridades.

Cerca de 20 familias al parecer pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) salieron previo al desalojo realizado por la policía estatal y municipal en el predio Alta Luz ubicado arriba de la colonia Popular en Tuxtla Gutiérrez.

En este sentido  Roberto Pérez Moreno, delegado de Gobierno, señaló que cerca de 750 elementos entraron por la mañana a dicho predio de ocho hectáreas, sin embargo las familias habían ya salido sin que se suscitara incidente alguno.

“Nosotros a petición de los propietarios del terreno entramos con los elementos de las policías estatal y municipal y llevamos a cabo las acciones correspondientes, es la segunda vez que se hace esta acción y exhortamos a la gente a que no se deje engañar, les prometen un pedazo de tierra e invierten en un lugar que no es de ellos y que tiene un propietario según el Registro Público de la Propiedad, el Ministerio Público hará la entrega formal del predio”, agregó.

Resaltó que llevaron a cabo esta acción bajo los términos de derecho, por lo que procedieron a hacer desalojo en el predio Alta Luz, en la que también llegaron camioneras de las corporaciones policiacas así como maquinaria pesada para demoler las casas construidas de madera.

Finalmente dijo que será el Ministerio Público quien haga la entrega nuevamente oficial del predio que se encuentra muy cerca de la reserva del Cerro de Mactumactzá.