El comité de socios inconformes denominado “por el rescate de la Caja Popular San Juan Bosco”, alertaron a quienes tienen vencimientos de préstamos para que ya no realicen pagos en las sucursales si no en el juzgado civil y evitar que sigan haciendo malos manejos del dinero aquellas personas que se apoderaron ilegalmente de la Caja Popular el pasado 2 de febrero, encabezados por José Antonio Flores López.

El licenciado José Sánchez García, presidente; Federico Gregorio Zepeda Cancino, secretario y María Elena Gómez Pérez, tesorera de dicho comité de rescate respectivamente, hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado a actuar con apego a derecho y aplicar la ley en contra de quienes están o quienes actúan fuera de la legalidad.

En entrevista con Roberto López, del noticiero “La Roja Coleta”, explicó que mediante un juicio preliminar de consignación, las y los socios con créditos vencidos pueden evitar caer en morosidad depositando sus pagos en el juzgado civil.

Exigimos -dijeron- que los servicios de la Caja Popular se activan correctamente porque es insostenible e insoportable lo que pasa actualmente.

María Elena Gómez Pérez, expresó su molestia porque a los socios los esperan muchas horas en las sucursales para retirar su propio dinero y en el cobro de los préstamos hay amenazas, presiones y hostigamientos a través de notificaciones anónimas donde nadie se hace responsable de cobrar los intereses ya vencidos.

El presidente del comité de rescate José Sánchez García, dio una explicación jurídica del procedimiento que se debe realizar para depositar los pagos en el juzgado y evitar que se acumulen los intereses y les afecte en su historial crediticio. 

Ofreció asesoría jurídica sin costo alguno a quienes estén interesados ​​en cumplir, sin arriesgar su dinero.

Gregorio Federico Zepeda, anunció que la semana próxima se convocará a una nueva reunión de socios inconformes por la situación en la que se encuentra la Caja Popular San Juan Bosco, como una consecuencia de la toma violenta de las instalaciones que encabezó a José Antonio Flores López ya la que se sumaron como cómplices los trabajadores de la Cooperativa porque saben que es un delito y por omisión están apoyando las operaciones financieras de la Caja de manera ilegal.

·         De la habitación de la defensora se sustrajeron una computadora portátil con información importante sobre el trabajo que Padilla García realiza

 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) condenó el reciente allanamiento al domicilio de la defensora de derechos humanos Alejandra Padilla García, integrante del espacio de lucha Semilla Digna el cual forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI).

El Frayba manifestó su preocupación por estos hechos, y destacó que durante los mismos fue robada información de la también colaboradora del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas – Unitierra Chiapas (CIDECI-Unitierra Chiapas).

A través de un comunicado de prensa, la organización no gubernamental con sede en esa entidad del Sureste mexicano informó que el allanamiento ocurrió en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el pasado 28 de mayo.

El Frayba advierte que de la habitación de la defensora se sustrajeron una computadora portátil con información importante sobre el trabajo que Padilla García realiza acompañando procesos organizativos en comunidades de Chiapas y de otros estados de la República.

Detalla que los hechos ocurrieron cuando la defensora se encontraba en el CIDECI-Unitierra Chiapas, y mientras se llevaba a cabo la Asamblea General del CNI para la conformación del Concejo Indígena de Gobierno y la elección de su vocera.

“Cabe resaltar que en el domicilio se encontraban otras computadoras, dinero a la vista y otros artículos de valor que no fueron robados. Los perpetradores de este hecho se enfocaron en llevarse solamente la computadora personal de la defensora.”

El Frayba indica que el trabajo de Padilla García se ha caracterizado por la defensa de derechos humanos en comunidades indígenas y campesinas, realizando acciones organizativas, de análisis y derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, especialmente acompañando los trabajos del CNI.

Destituyen a cinco funcionarios, los investigan por un presunto fraude en la zona de Ocosingo.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Cinco funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Estado fueron destituidos este lunes y ya son investigados por su presunta participación en el fraude que se cometió en la región de Ocosingo en agravio de 139 personas a quienes les ofrecieron una plaza de trabajo a cambio de un pago de 10 y 15 mil pesos. 

La principal sospechosa de este hecho de corrupción es María Idalia Ovalle Ruíz, quien se desempeñaba como delegada de Hacienda del Estado en Ocosingo, misma que renunció misteriosamente al cargo y desapareció de la región.

Las personas defraudadas de Chilón, Ocosingo, Sitalá, Tumbalá, Yajalón y Sabanilla, retuvieron en una primera acción de protesta al diputado federal suplente Ricardo López Montejo, compañero de fórmula del legislador Leonardo Rafael Guirao, de quién no se ha dicho si tiene algún grado de complicidad o no.

Al no lograr la recuperación de su dinero, las personas engañadas con una plaza de trabajo, procedieron a retener y privar de su libertad al nuevo encargado de la delegación hacendaria en Ocosingo Raúl Ramírez Martínez y de nueva cuenta al diputado suplente Ricardo Montejo, a quienes obligaron a grabar un mensaje en video que se ha difundido ampliamente en redes sociales y en noticieros de la televisión nacional, donde piden la intervención de las autoridades para que se repare el daño económico causado por 3 millones de pesos porque de lo contrario podrían ser linchados. 

A raíz de los sobornos por 3 millones de pesos que realizó la entonces delegada de Hacienda en el municipio de Ocosingo, María Idalia Ovalle  Ruiz, este lunes por la mañana fueron destituidos de sus cargos cinco funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos de esa Dependencia, incluido su titular, José Antonio Calderón Baylán, y en su lugar tomó posesión Bulmaro Ramos Lara.

Auditores de la Secretaría de la Función Pública no permitieron el acceso a su área de trabajo de Hugo Saavedra Mendoza, quien se desempeñaba como Director de Ingresos; Alfredo Franco Trejo, quien era director de Inteligencia Tributaria; Berenice Muñoz Romero, quien se desempeñaba como Coordinadora de Programas Especiales; y Juan Ángel Acata Velázquez, ahora ex Director de Auditoría Fiscal.

Mientras tanto, los indígenas reclaman la devolución del total de las aportaciones que hicieron, ya que sólo les ha devuelto una parte y amenazan con secuestrar a los empleados de la Delegación de Hacienda de aquel municipio, informaron fuentes dignas de crédito de la propia Secretaría.

Mientras tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado inició de oficio la carpeta de investigación correspondiente tanto por la privación ilegal de la libertad del delegado hacendario y el diputado federal suplente, como por el presunto fraude que se cometió en agravio de 139 personas que aseguran haber pagado entre 10 y 15 mil pesos cada uno a cambio de una plaza de trabajo que se les ofreció pero que nunca les cumplieron.