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La reciente realización de un rito ancestral dentro de las instalaciones del Congreso de Baja California ha generado una fuerte polémica y reabre un debate fundamental: la separación entre religión, tradiciones espirituales y la función pública.

Si bien las expresiones culturales y religiosas merecen respeto y reconocimiento, los espacios legislativos no son el lugar para ceremonias espirituales, independientemente de su origen o intención. El Congreso representa a una sociedad plural, diversa y con múltiples creencias, por lo que mezclar rituales con funciones políticas vulnera el principio del Estado laico, consagrado en la Constitución mexicana.

La labor de los legisladores debe centrarse en crear leyes, debatir políticas públicas y atender las necesidades reales de la ciudadanía, no en promover o permitir actos simbólicos que pertenecen al ámbito personal o comunitario. Cuando estas prácticas se realizan en recintos oficiales, se envía un mensaje equivocado y se desdibuja el papel institucional que deben asumir quienes gobiernan.

Respetar las tradiciones no significa trasladarlas a espacios donde deben prevalecer la neutralidad, la razón y el interés público. Los representantes populares deben ser conscientes de su responsabilidad y mantener la política en su lugar: al servicio de todos, sin creencias impuestas ni espectáculos innecesarios..

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