·         La reforma a la Ley General de Educación pretende facilitar la revalidación de estudios de los migrantes mexicanos que regresen al país; se espera que esta semana se debata en el Pleno de la Cámara de Diputados

 Por mayoría, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Educación que pretende facilitar la revalidación de estudios de los migrantes mexicanos que regresen al país, sobre todo de los dreamers que sean deportados por el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

La reforma fue aceptada en los mismos términos que la avaló el Senado de la República y se espera que esta semana se debata en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Al debatirla en la comisión, la diputada de Morena, Patricia Aveces, dijo que tres de los 12 artículos reformados dan pie a la privatización de la educación.

Si el problema migratorio realmente fuera el centro de esta iniciativa, se hablaría de apoyar a las escuelas rurales y comunitarias, en donde se concentrará el grueso de la población que regresará debido a las deportaciones masivas”, dijo.

Sin embargo, sus argumentos fueron refutados por las demás fuerzas políticas. El secretario de la Comisión y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Manuel Hernández, resaltó que ninguna autoridad mexicana sabe todavía en qué estados se concentrarán los estudiantes deportados, ni siquiera el número de dreamers que llegarán al país ante una deportación masiva.

Tenemos un problema. No sabemos cuántos niños ni jóvenes vengan en las próximas semanas o meses. No sabemos si se van a quedar en la frontera, no sabemos si van a ir a Guanajuato, o a Michoacán, o a Oaxaca, o a Guerrero, o a las entidades donde están sus orígenes y no sabemos de qué tamaño va a ser el problema ni por niveles, ni por modalidades, ni por regiones”, declaró.

La presidenta de la Comisión, Hortensia Aragón, precisó que la reforma otorga facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten, pero, de ninguna manera, se trata de una reforma sobre la calidad educativa ni en materia migratoria.

·         Fiscalía General de Veracruz lo acusa además del desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada; facilitó helicóptero a exmandatario prófugo para que escapara

El exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, quien en octubre pasado afirmara en distintas entrevistas: “Duarte no me da órdenes; no soy de su banda”, fue detenido por el desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y por ayudar a Javier Duarte a huir del país.

Ríos Alvarado sustituyó a Duarte de Ochoa como gobernador en octubre de 2016 luego de que éste pidiera licencia a su cargo para atender las “supuestas” demandas en su contra y que lo impedían trabajar de tiempo completo.

A través de Twitter, el exgobernador prófugo de la justicia felicitó a su sucesor y le deseó éxito.

 “Felicito al Dr. @flavino_rios por su designación como Gobernador del Estado; sabedor de su alta capacidad le deseo el mayor de los éxitos”, publicó Duarte, quien es acusado de peculado, delincuencia organizada, desvío de millones de pesos de fondos públicos y avalar la aplicación de 70 mil pruebas falsas de VIH.

También aseguró que había sido un privilegio haber servido a los veracruzanos, “el más alto honor de mi vida”.

Después de que ahora prófugo pidió licencia como gobernador de Veracruz, tomó el cargo Ríos Alvarado, doctor en derecho por la UNAM y quien se había desempeñado como diputado local por el distrito de Minatitlán, fue presidente de la junta de Coordinación Política, fue subsecretario de Gobierno y secretario de Gobierno de Veracruz.

No obstante, sobre el nuevo mandatario estatal ya pesaba una queja por parte de la Coalición de Pensionistas Independientes por haber ordenado el desalojo de un grupo de jubilados que protestaba en Xalapa y que en el acto resultaron heridos.

Además, la misma organización lo demandó, junto con otras 12 personas, de saquear siete mil millones de pesos de la reserva técnica de los ahorros de los extrabajadores.

Así es como el 12 de octubre de 2016, mismo día en el que pidió licencia a su cargo Duarte Ochoa y huía de la justicia mexicana, Ríos Alvarado tomó protesta como gobernador interino de Veracruz.

·         El legislador Pablo Escudero aseguró que la impugnación que presentarán será por invasión de competencias en materias educativa y salud; controversia la presentará en la SCJN

Por considerar que la Constitución de la Ciudad de México tiene posibles invasiones a la competencia del Congreso de la Unión en materias educativa y salud, el Senado de la República anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Pablo Escudero, indica que el artículo 8 de la Constitución local titulado Ciudad Educadora y del Conocimiento contraviene al artículo tercero de la Carta Magna.

Además, señala que el documento capitalino también interfiere con algunos preceptos de la Ley General de Educación, ya que la Asamblea Constituyente, sin facultad alguna, dio atribuciones educativas a las delegaciones en la capital, cuando éstas son exclusivas de las autoridades federales.

En tanto, detalla que tras una revisión y análisis, también el artículo 9, titulado Ciudad Solidaria, viola los artículos 4 y 73 federales, así como los 235, 236 y 237 de la Ley General de Salud.

Lo anterior porque en el apartado D.7 de ese artículo se establece que a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa.

A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable”, dicta el artículo 9 de la Constitución de la CDMX.

Sin embargo, ésa es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión, aseguró el legislador Escudero.

El Senado de la República se suma a los interpuestos por la Presidencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.

Las impugnaciones de estas instituciones son por la invasión de facultades exclusivamente federales.