La mañana de este jueves, integrantes de la Colectiva Cereza, se manifestaron a las afueras de Palacio de Justicia en San Cristóbal de Las Casas, por el feminicidio de la niña Liliana Guadalupe, quien fue víctima de la negligencia y falta de acción por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, indicaron que durante cinco días, la FGE no activó los protocolos de búsqueda inmediata, como el uso de cámaras del C4 o el rastreo de datos telefónicos, acciones que pudieron haber salvado la vida de la menor en las primeras 24 horas.

"A pesar de contar con herramientas legales como el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite realizar investigaciones urgentes, la Fiscalía tardó en actuar, lo que resultó en la huida del feminicida", aseguraron.

Destacaron que el colectivo Madres en Resistencia ha denunciado estas omisiones y ha acompañado a la familia de Liliana Guadalupe en su búsqueda. "Durante los días, la familia colocó carteles y rastreó posibles ubicaciones, mientras las autoridades se mostraban desinteresadas en ayudar".

Mencionaron que la Fiscalía llevó a cabo un cateo, pero para entonces, el peligroso responsable ya se había escapado. "Este caso refleja la falta de compromiso de las autoridades para proteger a las mujeres. La indignación también se extiende a otros casos de injusticia en Chiapas, donde se acusa a la FGE de fabricar pruebas en contra de personas inocentes, muchas de ellas indígenas".

Agregaron que en el caso de Juana y Ernesto, se han presentado pruebas falsas y violaciones a los derechos humanos, incluyendo entrevistas manipuladas a sus hijos adolescentes, quienes fueron amenazados por la Fiscalía para declarar en su contra. "Este modus operandi de construir casos con pruebas ilegales y prejuicios raciales es una constante en los procesos judiciales de la región".

Denunciaron que el sistema de justicia en Chiapas enfrenta una creciente presión social por cambios radicales. "La corrupción, las alianzas entre fiscales y jueces y las violaciones a los derechos humanos en los procedimientos judiciales son temas urgentes que deben abordarse. Las recientes audiencias relacionadas con el caso de Juana y Ernesto han sido diferidas debido a la presión pública, lo que genera esperanzas de que se logre una revisión justa de los casos planteados".

Finalmente la colectiva Cereza, dijo que La falta de transparencia y la impunidad en estos casos han dejado un amargo sabor en las familias afectadas y en las organizaciones que luchan por la justicia. "Las autoridades deben rendir cuentas por su negligencia y garantizar que las víctimas y sus familias reciban un trato digno y justo. El futuro de la justicia en Chiapas depende de que se tomen acciones contundentes contra la corrupción y el racismo que prevalece en el sistema penal".

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Familiares de Juana Santiz Jiménez  y Ernesto Gómez Pérez, ambos sentenciados injustamente  a 25 años de prisión  por homicidio, denuncian el mal actuar de la Fiscalía de Justicia Indigena al violentar los derechos humanos de los menores hijos de (Juana) al obligarlos a firmar una declaración falsa o a modo en contra de su madre, ya que de lo contrario fueron amenazados de ser acusados del asesinato de su padre.

Hechos ocurridos Naranjatik Bajo del municipio Chenalhó en el año 2022. 

Familiares e integrantes de la Colectiva Cereza, denunciaron las irregularidades en el caso, asegurando que hasta la fecha la Fiscalia no ha aportado pruebas que inculpen a los sentenciados, pidiendo la libertad inmediata de Juana y Ernesto.

Aseguraron que el cuerpo de Juan, fue localizado enterrado en un terreno y que tenia historial de ser violento, tanto que fue acusado de asesinar a uno de sus hermanos, por lo que fue expulsado de dos comunidades, ganándose varios enemigos, quienes pudieron haberlo asesinado.

"Para la Fiscalía es fácil acusar a las mujeres indígenas, en vez de buscar al o los verdaderos asesinos, pero vamos a seguir alzando la voz", aseguraron las abogadas.

Por falta de pruebas, la tarde-noche de este martes un juez absolvió a Juanita, de origen tzeltal de 18 años de edad, después de ser violada, fue acusada del delito de homicidio calificado, ahora ya se encuentra libre y se ha reunido con sus familiares, así lo informó la abogada Marcela Fernández, integrante de la Colectiva Cereza.

Destacó que este es un caso que se dio en el contexto de violencia objetivo que hay en San Cristóbal de Las Casas en contra de mujeres de pueblos indígenas que migran a la ciudad y que son víctimas de violencia sexual, "la joven ya había sido violentada a los 15 años de edad cuando llegó a esta ciudad de San Cristóbal”.

Afuera del Cerss número 5 de San Cristóbal, la abogada informó que la joven de 18 años, originaria del municipio de San Juan Cancuc, fue detenida el 14 de marzo de 2022 cuando estaba en un domicilio ubicado en el barrio de Guadalupe, de esta ciudad.

Agregó que en el domicilio en el que ella estaba se encontró el cuerpo sin vida de Juan “N”, y Juanita fue acusada por ese asesinato, durante el proceso el agente del Ministerio Público no tuvo ningún medio de prueba para acusarla de la responsabilidad penal.

Expresó que la tarde de este martes, un juez dictó sentencia absolutoria en su favor por insuficiencia probatoria y por la causa de la duda razonable, porque frente a los medios de prueba que aportó el agente del ministerio público, no hubo suficiencia para establecer su responsabilidad.

Por su parte la activista Patricia Aracil Fernández manifestó que la liberación de Juanita se logró por la argumentación del juez ante la insuficiencia de pruebas, pero la defensora pública, en coadyuvancia con la Colectiva Cereza aportó medios de prueba y acompañamiento, entre ellos un dictamen elaborado por una psicóloga clínica tzeltal, en el que se estableció que efectivamente. Juanita padeció la violencia sexual.

“Se demostró un estrés post trauma y la veracidad de la declaración de Juanita en cuanto a los hechos, aparte que se demostró un trastorno mental transitorio que se colocó en el juicio como una causa para establecer la duda razonable porque había diferentes escenarios que podrían haberse acreditado como teoría del caso y frente a eso el juez decidió absolverla”, mencionó.

Refirió que Juan “N”, era 30 años mayor que Juanita y con quien se había conocido en un parque, “la acosaba y llamaba sistemáticamente. El día de los hechos la engañó para que fuera a su cuarto, la encerró, le indujo a una intoxicación etílica grave y la atacó sexualmente”.

Finalmente, la Colectiva Cereza, afirmó que la mujer buscará justicia por la falta de investigación exhaustiva y de la diligencia que debieron de tener las autoridades para investigar la violencia sexual de la que fue víctima. "No lo hicieron, a pesar de que lo denunció ante diversas autoridades; el agente del ministerio público le tomó la declaración un año después".