Docentes, administrativos, personal de servicios generales, alumnos y padres de familia de ambos turnos del CETIS 138, ubicado en el libramiento norte oriente de esta capital, exigen la salida del director  “idóneo” del plantel, Sergio Zenón Ayala Rojas.

Lo anterior, debido a arbitrariedades que ha venido cometiendo y poniendo en tela de juicio la credibilidad del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación al enviar personal foráneo que  con toda seguridad reprobó el examen y que desconoce  nuestro contexto y necesidades del alumnado chiapaneco. No es el único director que mandaron a Chiapas de fuera, también los CBTIS 144, 233,169  y CETIS 85 tuvieron un director “idóneo”.

Sin embargo, ninguno de ellos continúa ocupando el cargo en las escuelas, pues todos ellos salieron corridos por las malas finanzas que han ejercido en contra de éstos planteles.

A pesar de ello, se le brindó la oportunidad de trabajar en pro de esta comunidad educativa, pero lejos de sumar trastocó el ambiente escolar  tornándolo en  centro de constantes situaciones de fricción, desgaste emocional, divisionismo, desmotivación, desorganización y agresión para con los padres de familia y personal que ahí labora.

Durante su gestión, tuvo a su disposición 800 mil pesos que dejó  la administración pasada, más 3 millones 960 mil pesos de cuotas de inscripción de 3 semestres que lleva en la administración, haciendo un total  de 4 millones 700 mil pesos; con los cuales invirtió y agotó este recurso únicamente en mantenimiento de los baños del personal docente y en descomponer el estacionamiento del plantel.

Entre las múltiples ilegalidades está también el incremento del costo de la ficha, cuyo precio era de 150 elevándolo a 250 pesos con lo cual ha disminuido considerablemente el número de  aspirantes de nuevo ingreso, su argumento es que “si no lo pueden pagar que se vayan a otra escuela”.

Aumentó también la cuota del comité de padres de familia, de la cual no ha rendido cuentas pues se encuentra en contubernio con la presidenta del comité de padres de familia y el señor Miguel Ángel Olivo Zambrano.

Tampoco se conoce el destino del recurso que le paga la coca cola a la escuela por la venta de refrescos y que asciende a 160 mil pesos. Así también se ha confirmado que Zenón y el Olivo Zambrano han empleado las instalaciones del plantel como centro de convivios y lugar de consumo de bebidas embriagantes.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades federales y de la DGETI  una auditoría al plantel e investiguen a profundidad todas las irregularidades que se están cometiendo, pues ya estamos hartos de que Zenon esté saqueando al plantel (¿qué hacen las autoridades  federales ante estas anomalías? que dirá el Doctor  Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior de la corrupción de sus directores “idóneos” venidos de la ciudad de México?

El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, se sumó al llamado de su bancada para que se atienda la situación de delincuencia que vive el sector transportista en el país, toda vez que los robos a camiones de carga, autobuses de pasajeros y automóviles personales se han incrementado considerablemente en comparación con lo registrado en 2016.

“En Chiapas lamentablemente vivimos una situación creciente. Bloqueos carreteros, construcción ilegal de topes para después asaltar. Los casos de visitantes extranjeros que han sido violentados nos han estado dando mala fama que inhibe las inversiones y el crecimiento económico. El turismo está sensiblemente afectado”, manifestó el representante de los chiapanecos en la LXIII Legislatura.

El integrante de la Comisión Permanente ante el colegiado bicameral, recordó que en 2016, durante el periodo enero-marzo se registraron 268 denuncias de robo a camiones de carga y 587 registradas por robo a autobuses y automóviles, incrementando, para el mismo periodo en 2017, a 641 denuncias de camiones de carga y poco más de mil para autobuses y automóviles en el país.

Al respecto, representantes empresariales, como los presidentes de la Canacar y Concamin, han comentado que el incremento de este delito se debe a efectiva organización de las bandas delictivas; la mala organización de las policías estatales y municipales; y principalmente a que este delito es considerado del fuero común, lo cual complica poder recuperar la mercancía si el camión es localizado.

Por ello, Salazar Farías consideró importante crear mecanismos de coordinación entre las distintas policías del país, así como juzgar esta acción bajo el régimen de delincuencia organizada, dadas las características que presenta este delito.

*Cientos piden su destitución por inepto y abuso de poder; él desoye las quejas de los estudiantes

 Las actividades en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) se desarrollan con normalidad, en Tuxtla Gutiérrez. 5 mil 196 estudiantes, lo que representa más de 90 por ciento de matrícula, acude a clases en Ciudad Universitaria y Escuela de Música.

Solo una minoría de estudiantes de las licenciaturas en Gestión y Promoción de las Artes, Historia y Lenguas con Enfoque Turístico mantienen tomadas las instalaciones de la Facultad de Humanidades, en demanda de añejas peticiones en materia de infraestructura y equipamiento.

El movimiento estudiantil, que ha sido atendido con prontitud y respeto por parte de la Rectoría que encabeza Adolfo Antonio Guerra Pérez, mantiene sin clases a 248 alumnos de las licenciaturas en Historia, Lenguas con Enfoque Turístico, Artes Visuales y Gestión y Promoción de las Artes.

Las actividades universitarias también se desarrollan con normalidad en las subsedes regionales en Chiapa de Corzo, Palenque, Reforma, Ocosingo (Nueva Palestina), Motozintla, Huixtla, Mapastepec, Acapetahua, Villacorzo, Tonalá y en San Cristóbal de Las Casas.

La Rectoría de la UNICACH, a iniciativa de su rector, mantiene la firme convicción de que será mediante el diálogo como se logren acuerdos con los estudiantes que mantienen tomada la Facultad de Humanidades.

Cabe mencionar que la UNICACH, es una institución que goza de reconocimiento social y altos indicadores de calidad académica, que hicieron posible su ingreso en el 2012 al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), espacio común para la educación superior de buena calidad en el país, que agrupa a 30 instituciones del país. 

El rector Guerra es acusado de ineptitud para conducir los destinos de la Universidad, su falta de interés para dialogar con los estudiantes, violación a la ley universitaria desde su designación, así como de represión, hostigamiento, abuso de poder y presuntos actos de corrupción, por eso han solicitado su destitución y como respuesta él minimiza el paro estudiantil.