Guerra a las pandillas.

Recientemente, la Fiscalía General del Estado a cargo del abogado Raciel López Salazar, ha establecido  serie de estrategias para combatir al pandillerismo en Chiapas, sobre todo en la región que colinda con Guatemala.     

La mara salvatrucha es una organización delincuencial que nació en los Ángeles, Estados Unidos, allá por la década de los ochenta y ha tenido un crecimiento sorprendente porque se ha ramificado incluso a Europa, sobre todo en Italia.

Los métodos salvajes de la organización alcanzan grados insospechados. En países de Centroamérica como Honduras y El Salvador, su bestialidad es impresionante y las familias tienen que abandonar el país ante el miedo de ser asesinadas. En las cárceles se vive prácticamente un clima de terror.

La lucha contra esta falange asesina debe ser transnacional, desde luego, pues no tratamos con incipientes roba pollos sino con profesionales del crimen. Sin embargo, hay gobiernos que están más ocupados en combatir el tránsito migratorio de humanos, que debe ser normal y no criminalizado, que  en sumar esfuerzos para hacer un frente común en contra de este flagelo.

En Chiapas La Mara fue en otros tiempos sinónimo de muerte y de impunidad, principalmente en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, porque sólo se hacían reuniones de pasarela sin que jamás se tomaran acciones de gran calado para enfrentar a esta temible agrupación de delincuentes.

Más allá de la incapacidad manifiesta del alcalde de Tapachula Neftalí del Toro Guzmán, el político que gobierna desde el twitter, hoy se han implementado estrategias valientes no sólo para garantizar la seguridad y la paz en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala, sino también la vida de los miles de migrantes que diariamente pasan por esa frontera en busca del sueño americano a pesar de la amenaza Trump.

Combatir a la mara y a cualquier grupo pandilleril y delictivo es una prioridad. Se hace con todo el peso de la ley.  Asimismo, hoy se da cumplimiento cabal a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se ha construido una frontera amiga.

El anuncio de movilizaciones que hiciera el magisterio de Chiapas, nuevamente pidiendo la abrogación de la Reforma Educativa en la entidad, ha puesto a temblar a propios y extraños, ya que aún se recuerda, principalmente los tuxtlecos, el desastre financiero y el caos que el movimiento magisterial provocó el año pasado.

Pese a que dicho movimiento fue un auténtico fraude, ahora salen con la buena nueva que volverán a las calles de la capital chiapaneca a protestar este primero de mayo con una marcha y mitin en el Parque Central, donde instalarán un plantón para definir sus acciones de “lucha” durante los días 2 y 3 de este mismo mes.

Ignoran los líderes sindicales que el magisterio no olvida  que el año pasado terminaron vendiendo el movimiento a las autoridades gubernamentales, entregando por completo los intereses colectivos de los maestros, aprovechándose de muchos ingenuos que pensaban el movimiento era genuino.

En la memoria de los chiapanecos continúa todos los desmanes que provocaron el año pasado, como los maestros rapados en Comitán de Domínguez, el caos que hicieron en Tuxtla Gutiérrez, dejando toneladas de basura en el centro, entre cerveza y preservativos por todos lados, todo para que al final terminaran vendiéndose.

Por eso, nuevamente el sector comercial de Tuxtla teme se vuelva a repetir la historia del 2016, como las pérdidas económicas, los despidos y el colapso en la capital. 

El año pasado, se calcula que el comercio registró pérdidas de al menos 4 mil millones de pesos por culpa de los maestros.

De esta manera, la sociedad chiapaneca no respalda la supuesta lucha magisterial, sino que lanza maldiciones a los líderes que manipulan en aras de sus intereses políticos y económicos porque al final ellos son los que se llevan las carretadas de dinero y los borregos (maestros) quedan igual.

En las vísperas del Día del Niño, la diputada Fabiola Ricci Disetel puso de manifiesto que en las comunidades indígenas de Chiapas, sobre todo en la zona Altos continúan los abusos a menores, se siguen dando los matrimonios pactados entre hombres adultos y niñas.

Dijo que se trata de una cuestión que se da por los usos y costumbres, por lo que se tiene que proteger a la niñez en la entidad, divulgando la ley directamente en las comunidades.

Señaló que en reforma a la Constitución Política  del Estado de Chiapas, en su artículo 10 se salvaguardan los derechos de las niñas y los niños, sin embargo se tiene que trabajar en conjunto todos los diputados para seguir fortaleciendo a este sector de la población con mejores herramientas jurídicas.

Anotó que en la actual legislatura se aprobó la ley contra la pederastia, por el respeto a la sexualidad física, mental y sexualmente de las niñas y los niños para tener una vida libre.

Indicó que ya se cuenta con un marco jurídico que garantiza la protección y los derechos de la niñez, ahora lo que se tiene que hacer es un trabajo para generar conciencias directamente en las comunidades indígenas y hacer valer la ley a favor de las menores de edad que son vulnerables a la toma de decisiones de sus propios padres.

La legisladora mencionó que están prohibidos los matrimonios pactados donde se involucra a niñas menores de edad en un acto de compra venta, sin embargo se siguen dando.

Ante esta realidad, lo que se tiene que hacer es bajar la información a las poblaciones indígenas para que no se escuden con los usos y costumbres para vender a sus hijas sin respetar sus derechos.

Mediante campañas de concientización a las comunidades indígenas se puede buscar que puedan comprender el derecho que tiene la niña y el niño de su cuerpo y forma de vida, inclusive.

La tradición de vender a las menores de edad en matrimonio se continúa dando, por lo que cando menos un 90% de los matrimonios que se establecen ahí se dan de esta forma.

Esos pactos por matrimonios se dan por cuestiones políticas, dinero y por diferentes circunstancias que se pueden vivir dentro de la comunidad, por lo que ahí hay que llegar para fortalecer los derechos de las niñas y los niños.

La ley difícilmente se aplica porque muchas veces no denuncian las implicadas, las niñas no saben que tienen esos derechos, por lo que se debe divulgar lo que la ley les garantiza para que sepan que no tienen que ser obligados a matrimonios pactados por sus padres.