Son más de 54 millones de pesos el monto general que la directora del Colegio de Estudios  Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas(CECyTECH), Olga Luz Espinosa Morales, entregó (sin autorización de la Junta Directiva) a proveedores de supuestos cursos de capacitación, entre los que figuran nombres de funcionarios públicos del Gobierno de Chiapas y amigos de su hermano César Espinosa Morales, actual presidente estatal del PRD.

La documentación hecha pública de manera anónima por ex trabajadores del CECyTECH expone tres facturas millonarias expedidas todas el 11 de noviembre de 215, donde se detalla la sospechosa erogación de montos superiores a los 15, 16 y 24 millones de pesos por concepto de impartición de cursos y diplomados a alumnos de sexto semestre y personal de la misma dependencia.

Se trata a simple vista de facturaciones por demás exageradas. Paquetes de cursos que (en su mayoría) no rebasaron el mes de ejecución, representando costos de hasta dos millones 800 mil pesos por día de curso o diplomado. Sin duda, uno de los procesos de capacitación más caros de los que se tenga memoria para una entidad con tantas carencias sociales, económicas y educativas como Chiapas.

Para precisar; la primera factura fue autorizada por la cantidad 15 millones 963 mil 504 pesos a la asociación civil “Colegio Mexicano de Doctores y Maestros en Educación” por concepto de diseño e impartición de diplomados que se desarrollaron del 7 de septiembre al 7 de noviembre de 2015. Un proceso de capacitación del que (en su momento) no se adjuntaron evidencias gráficas o audiovisuales de su realización, además de no contar con la autorización documental de la Junta Directiva.

Sin embargo, lo más interesante de este caso específico tiene que ver justamente como el proveedor beneficiario de los casi 16 millones de pesos. Y es que, el Colegio Mexicano de Doctores y Maestros en Educación A. C. es presidido nada más y nada menos que por el perredista Gilberto de los Santos Cruz, amigo personal de Cesar Espinosa Morales, presidente del PRD en Chiapas y hermano de la directora del CECYTECH.

Y eso no queda ahí. Gilberto de los Santos actualmente también es titular de la Dirección de Fortalecimiento Educativo de la Secretaría de Educación del Estado, lo que podría elevar las implicaciones del caso. Es vinculado directamente con personajes como el Secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar. Por eso no debe resultar sorpresivo que una asociación civil, sin actividad pública desde 2013, haya sido beneficiada con semejante contrato millonario.

Los otros dos contratos fueron otorgados a la empresa “Proveedora de Servicios Crixcel del Norte S.A. de C.V.” por facturaciones de 24 millones 128 mil pesos y 16 millones 602 mil 518 pesos y 14 millones 312 mil 515 pesos, respectivamente. El diplomado por 24 millones se desarrolló del 1 de agosto al 7 de septiembre de 2015, mientras el de 14 millones únicamente duró cinco días (del 22 al 26 de febrero de 2016), siendo el más costoso de los tres en relación a costo-duración).

Las facturas, tampoco autorizadas por la Junta Directiva, presentan irregularidades como variaciones entre la dirección fiscal de impresión y la del sello de autorización. Una con domicilio en Villahermosa, Tabasco, y otra con ubicación en la capital chiapaneca. Por cierto, este último curso se pagó con dos meses de anticipación, según constan las propias facturas.

Proveedora de Servicios Crixcel del Norte tiene además registros públicos de contratos con ayuntamientos como el Ocosingo y Salto de Agua por actividades completamente distintas a la ofertadas para el CECYTECH.

Por ejemplo, en Ocosingo le fue facturado un millón por concepto de pago de servicios musicales y presentación de artistas; en lo que respecta al Ayuntamiento de Salto de Agua los montos simplemente no fueron especificados. 

Son en total 54 millones 404 mil pesos de recursos públicos federales, emitidos por la Coordinación Nacional de CECYTE, que hoy presentan serias irregularidades y vinculaciones que deberán ser investigadas a profundidad.

La participación directa de Luis Fernando Jiménez Cañaveral y Jesús Manuel Estrada León, jefe del Departamento de Recursos Humanos y Director Académico del CECYTECH, incrementan aún más las sospechas sobre las facturaciones millonarias emitidas por la dependencia.

Son ambos los principales firmantes de las facturas sospechosas, pero también personajes estrechamente ligados al Partido de la Revolución Democrática en Chiapas (los dos militantes) y a su dirigente estatal, Cesar Espinosa Morales, a quien desde mucho se le atribuye la designación y permanencia de su hermana Olga Luz, en la dirección del CECYTECH Chiapas. Sin duda, un escándalo que pudiera estar destapando la cloaca de una red de corrupción ya antes advertida… así las cosas.

El evidente desmoronamiento de la iniciativa “Alcalde ¿Cómo vamos?” ha caído como balde  de agua helada a Rómulo Farrera Escudero quien, ahora, se encuentra envuelto dentro de sendas confrontaciones y distanciamientos con los principales organismos empresariales de Chiapas, debido a la supuesta intervención del empresario para desvirtuar y manipular el funcionamiento de ese tipo de iniciativas, con fines electorales a su favor.

El conflicto que se ha desatado entre la Coparmex, Grupo Farrera y el resto de la iniciativa privada chiapaneca no es asunto menor. La molestia de Rómulo Farrera ha sido tal que esta misma semana instruyó la inmediata desincorporación de sus empresas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Tuxtla Gutiérrez, como represalia por la salida de dicho organismo de la iniciativa “Alcalde ¿Cómo vamos?”.

La molestia de agrupaciones empresariales como la Canaco, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se desató desde hace varios meses atrás cuando “Alcalde ¿Cómo vamos?” comenzó llenarse en intereses estrictamente políticos, desvirtuando los mecanismos de desarrollo y evaluación, para convertirlos en simples instrumentos de golpeteo pre-electoral.

Aunque como buenos empresarios han tratado de guardar las formas y evitar caer en acusaciones públicas, lo que ha sucedido dentro del conglomerado empresarial ha traspasado ya las puertas de lo privado.

Las acusaciones entre charlas y comentarios sobre Farrera Escudero son serias y duras. Se le atribuyen reiterados intentos a fin de utilizar a la iniciativa privada para engordar su proyecto electoral, con miras a su posible candidatura independiente en 2018.

Hay quienes aseguran que el empresario se ha apoderado prácticamente de las decisiones al interior de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Chiapas, haciendo de este importante organismo un brazo ejecutor de sus intereses personales. Se trata de señalamientos reiterativos entre los miembros del sector empresarial que, con el paso del tiempo, han cobrado fuerza, prendiendo los focos de alerta al interior del gremio.

Así los rumores incendiarios referentes a la relación entre el Grupo Farrera y los organismos empresariales han comenzado a cobrar credibilidad, primero con la salida de la Canacintra, luego la de Canirac, seguida de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y la Canaco (todo en sólo una semana), para finalizar con el sorprendente retiro de la propia Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que terminó abandonando la iniciativa bajo los mismos argumentos de los organismos privados. 

El evidente descontento de Rómulo Farrera por la determinación de la gran mayoría de las asociaciones empresariales chiapanecas, que parecen haberle dado la espalda y marcar distancia con sus aspiraciones políticas, significa un hecho coyuntural que podría incidir de manera directa en proyecto electoral que el empresario construye desde 2015.

En su ambición por fortalecer el control sobre la iniciativa privada local, con claros objetivos de beneficio personal, Farrera Escudero parece estarse quedando solo, debilitando -de paso- la que había sido durante años unas de sus mayores fortalezas.

El empresario hoy parece estar dentro de una encrucijada que lo aleja del rumbo que antes lo popularizó y ahora lo hace protagonista de prácticas arbitrarias que antes tanto denunció… así las cosas. 

Mientras se resuelve la extradición del ex gobernador veracruzano Javier Duarte, recluido 

en Guatemala, en México y Europa la familia política del ex mandatario estatal disfruta públicamente de manera despreocupada de la fortuna acumulada durante seis años de enriquecimiento desproporcionado a costa del erario estatal; todo en medio de una sospechosa inmunidad que los mantiene hasta el momento fuera de la acción penal efectiva. 

Son los Macías Tubilla, familia a la que pertenece la controversial esposa de Javier Duarte, Karime Macías; conocida ya por su vida lujos, excesos y nepotismo en aquellas tierras veracruzanas. La misma que horas después de la detención de su esposo se encontraba plácidamente en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lista para abordar el vuelo que la llevaría a Londres, lejos del inevitable escándalo mediático provocado por la captura.

Ha sido Karime, desde el comienzo de las investigaciones, pieza fundamental dentro de las redes de corrupción atribuidas a Duarte. Los señalamientos hechos, por el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, contra ella y su familia la involucran en millonarios desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, con montos de saqueo nunca antes vistos dentro de la administración pública en aquel estado.

Las sospechas sobre su padre, Antonio Macías Yazegey, originario de Villaflores, Chiapas, y presidente de la “Rial Academia de la Lengua Frailescana”, no son asunto nuevo. Desde 2006, durante el gobierno de Fidel Herrara, padrino político de Duarte, las acusaciones sobre el presunto otorgamiento irregular de recursos estatales fueron tema de escarnio público. Pero evidentemente, con la protección del gobierno priista, el tema no trascendió más allá de las acusaciones mediáticas. 

Antes de que el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán llegara al poder, Antonio Macías Yazegey tenía poco futuro en Veracruz. Sin capital para invertir, olvidado por los actores importantes de la política dentro de los sexenios anteriores y con un carácter que lo hacía “poco agradable” a quienes le conocen; su porvenir no pintaba bien.

El único activo de Tony Macías, era su hija Karime, casada con el administrador del gobernador Fidel Herrera, Javier Duarte. Herrera Beltrán fue quien hizo resurgir a Tony Macías, después de favorecerlo con varias obras de presupuestos inflados y muchos otros favores como el hotel Holiday Inn en Coatzacoalcos, así como la reserva territorial del antiguo Puerto México. Además del presunto desvío de 283 millones de pesos, pertenecientes a apoyos para cafeticultores

Se rumora en la entidad veracruzana que, entre otros negocios, Fidel Herrera erogó 300 millones de pesos para echar a andar la procesadora de Frutas y Verduras Asépticas de Veracruz (Fyver), que luego, de manera por demás sospechosa, Antonio Macías compró por 84 millones de pesos. Hoy está embargada por contar con fuertes adeudos y demandas laborales, de acuerdo a la página Buholegal.com y en los distintos juzgados, donde se asienta el expediente 2090/2009 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia.

De mediano inversionista el chiapaneco pasó a millonario, con propiedades en Estados Unidos, Penthouse en varias playas, gran número de negocios y un rancho de cien hectáreas en el Estado de México el cual posee dos helipuertos, 50 caballerizas, picadero, cortijo y hasta hospital para caballos.

Su fortuna, investigada ya por la PGR, se calcula en varios millones de pesos, amasados en cuestión de una década. A todo lo anterior súmele usted los 50 millones de pesos que asegura haberse ganado legítimamente mediante el premio mayor de la lotería nacional en 2009. 

Actualmente, gracias a los amparos individuales (1167/2016 y 1168/2016), promovidos ante el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, Macías Yasegey y su esposa Virginia YazbínTubilla, gozan de total tranquilidad, residentes nuevamente en tierras chiapanecas; mientras su hija, Karime, se pasea plácidamente por Europa. No hay mayor preocupación que les incomode. Finalmente la PGR ni siquiera giró orden de captura contra la ex primera dama veracruzana. 

En la lista también se han involucrado a los primos políticos Córsica Alejandra y Jorge Fernando Ramírez Tubilla, su tío Jorge Ramírez Pérez, así como amigos muy cercanos; mismos que participaron en la adquisición irregular de bienes inmuebles en México y el extranjero, donde la figura del presidente de la “Rial Academia de la Lengua Frailescana” juega uno de los papeles protagónicos… Sin embargo, ninguno ha pisado la cárcel.

Por eso los argumentos que hoy señalan a la familia Macías Tubilla como los “herederos del saqueo veracruzano” no suenan descabellados. Su inmunidad se asoma como evidente elemento de negociación política, en medio de un caso lleno de dudas, sospechas y corruptelas donde, incluso, el actuar de las autoridades judiciales mexicanas se encuentra ya en tela de duda... así las cosas.

El anuncio hecho este martes por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que finalmente reconoce el ilícito acarreo masivo de beneficiarias de Prospera durante el “informe” legislativo de Roberto Albores Gleason coloca el caso en una nueva dimensión legal que, de seguir la línea de responsabilidades evidentes, deberá significar la inmediata destitución del delegado de dicho programa federal en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca. 

La remoción de los cuatro funcionarios menores (Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez), integrantes de la Coordinación del Programa de Inclusión Prospera, de ninguna manera puede representar el fin de las investigaciones para fincar responsabilidades sobre un asunto tan grave como lo fue el uso ilegal de un programa social con fines evidentemente electorales.

Porque Héctor, Pamela, Juana y Priscila no actuaron de manera unilateral. Son funcionarios operadores que sólo se movilizan bajo indicaciones superiores. Sobre todo tratándose de asuntos tan comprometedores como lo es la organización, movilización y remuneración económica de alrededor de 20 mil personas afiliadas o postulantes del programa Prospera. Sería ingenuo pensar que bajo decisión y recursos propios ejecutaron tremendo acarreo masivo. 

Lo sucedido este sábado es ya uno de los casos documentados más escandalosos de una práctica electorera tan recurrente en Chiapas y todo el país. Esta vez las evidencias fueron atestiguadas en vivo y en directo por miles de personas a través de las redes sociales; situación que terminó obligando al Gobierno Federal, mediante la SEDESOL, a admitir un hecho tan gravoso e imperdonable como ese, a manos de un Senador de la república.

Y de verdad que no se trata de una cacería de brujas o crítica bajo consigna. Corresponde a un caso de grandes dimensiones que no pueden tomarse a la ligera… Se extorsionó, obligó, manipuló y movilizó a miles de personas (mujeres principalmente) a costa de dinero emanado de programas sociales. En un hecho que se advirtió y pidió evitarse en diversos medios de comunicación días antes, pero los organizadores decidieron consumarlo a pesar de las consecuencias inminentes.

Por eso las investigaciones para fincar responsabilidades deben llegar hasta las últimas consecuencias. Y es que, no debe sorprender que sea justo Prospera el programa federal involucrado en semejante escándalo. El delegado en Chiapas es nada más y nada menos que el suplente del senador Albores Gleason, el también priista Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

Zuarth Esquinca no ha tenido ningún empacho en exponer sus vínculos con el senador priista. Se asume y muestra entre amigos y colegas como parte del equipo cercano. Y nada de malo tendría ser funcionario público y parte del equipo alborista si mantuviera alejados sus intereses políticos de los recursos públicos que administra; sin embargo, este sábado se hizo evidente que eso no ha sucedido. 

Los argumentos para separar del cargo a Rubén Zuarth son ya innegables. Por razones de coherencia legal la SEDESOL deberá instruir el inmediato cese del delegado regional, pero también las investigaciones generales la propia delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas que hoy se encuentra bajo otros tantos escándalos de corrupción en programas como Habitat, donde las cosas también están calientes.

La corrupción y el abuso de poder tienen responsables superiores, van más allá de simples chivos expiatorios, que deben ser castigados con severidad… así las cosas.Rubén Zuarth, el ejecutor del acarreo alborista

El anuncio hecho este martes por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que finalmente reconoce el ilícito acarreo masivo de beneficiarias de Prospera durante el “informe” legislativo de Roberto Albores Gleason coloca el caso en una nueva dimensión legal que, de seguir la línea de responsabilidades evidentes, deberá significar la inmediata destitución del delegado de dicho programa federal en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca. 

La remoción de los cuatro funcionarios menores (Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez), integrantes de la Coordinación del Programa de Inclusión Prospera, de ninguna manera puede representar el fin de las investigaciones para fincar responsabilidades sobre un asunto tan grave como lo fue el uso ilegal de un programa social con fines evidentemente electorales.

Porque Héctor, Pamela, Juana y Priscila no actuaron de manera unilateral. Son funcionarios operadores que sólo se movilizan bajo indicaciones superiores. Sobre todo tratándose de asuntos tan comprometedores como lo es la organización, movilización y remuneración económica de alrededor de 20 mil personas afiliadas o postulantes del programa Prospera. Sería ingenuo pensar que bajo decisión y recursos propios ejecutaron tremendo acarreo masivo. 

Lo sucedido este sábado es ya uno de los casos documentados más escandalosos de una práctica electorera tan recurrente en Chiapas y todo el país. Esta vez las evidencias fueron atestiguadas en vivo y en directo por miles de personas a través de las redes sociales; situación que terminó obligando al Gobierno Federal, mediante la SEDESOL, a admitir un hecho tan gravoso e imperdonable como ese, a manos de un Senador de la república.

Y de verdad que no se trata de una cacería de brujas o crítica bajo consigna. Corresponde a un caso de grandes dimensiones que no pueden tomarse a la ligera… Se extorsionó, obligó, manipuló y movilizó a miles de personas (mujeres principalmente) a costa de dinero emanado de programas sociales. En un hecho que se advirtió y pidió evitarse en diversos medios de comunicación días antes, pero los organizadores decidieron consumarlo a pesar de las consecuencias inminentes.

Por eso las investigaciones para fincar responsabilidades deben llegar hasta las últimas consecuencias. Y es que, no debe sorprender que sea justo Prospera el programa federal involucrado en semejante escándalo. El delegado en Chiapas es nada más y nada menos que el suplente del senador Albores Gleason, el también priista Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

Zuarth Esquinca no ha tenido ningún empacho en exponer sus vínculos con el senador priista. Se asume y muestra entre amigos y colegas como parte del equipo cercano. Y nada de malo tendría ser funcionario público y parte del equipo alborista si mantuviera alejados sus intereses políticos de los recursos públicos que administra; sin embargo, este sábado se hizo evidente que eso no ha sucedido. 

Los argumentos para separar del cargo a Rubén Zuarth son ya innegables. Por razones de coherencia legal la SEDESOL deberá instruir el inmediato cese del delegado regional, pero también las investigaciones generales la propia delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas que hoy se encuentra bajo otros tantos escándalos de corrupción en programas como Habitat, donde las cosas también están calientes.

La corrupción y el abuso de poder tienen responsables superiores, van más allá de simples chivos expiatorios, que deben ser castigados con severidad… así las cosas.