Lo sucedido este domingo en el Estado de México deja espacio a reflexiones que 
van más allá del presunto fraude y la elección de Estado. Pone nuevamente sobre la mesa de análisis una práctica social de fondo, añeja, recurrente en los procesos electorales y entrañablemente ligada a prácticas de origen priista, que lamentablemente aún determina los resultados y consuma fraudes electorales en México: la complicidad e indiferencia ciudadana.

Y es que, los partidos y los gobernantes corruptos, apoderados de las instituciones, no ganan solos las contiendas electorales. Sería deshonesto arrojar todas las culpas al aparato gubernamental, sin asumir las responsabilidades que como ciudadanía tenemos por hacer posibles tan indignantes fraudes. Finalmente, para facilitar la maquinación de los movimientos fraudulentos se requiere de ciudadanos dispuestos a participar en ella.

Para muestra está el mismo ejemplo reciente del Estado de México, ahí donde, pese a la corrupción, inseguridad, pobreza, autoritarismo y descontento social, hubieron más de un millón 900 mil personas que acudieron a las urnas para votar por el mismo partido gobernante. Con cifras infladas o no, se trata de una numerosa cantidad de votantes que decidieron mantener al partido de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila en la gubernatura.

Si bien la compra de votos o promesas de beneficios futuros podrían ser una justificación a semejante cifra. La sola idea de que la causa para acudir a las urnas esté ligada a la corrupción misma provoca el más profundo desconcierto. En este caso culpar a la ignorancia ya no resulta coherente. Las errores y pésimos resultados de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila son ya ampliamente del dominio público.

Quienes votaron este domingo por Del Mazo sabían perfectamente que votaban por la corrupción, la inseguridad y el autoritarismo cínico. Lo hicieron a conciencia, por conveniencia o no. Tampoco se pude culpar a la pobreza. El argumento está francamente rebasado. Ser pobre no es sinónimo de corrupción o deshonestidad. Muchos desde las carencias y la necesidad económica también votan con argumentos y bases éticas. Dejemos ya de generalizar y justificar.

Se trata de una práctica normalizada entre un sector que sabe de la corrupción de fondo y está dispuesta a participar en ella de manera activa, movilizando a vecinos, llenando eventos o simplemente saliendo a vender su sufragio bajo el trillado argumento de que “finalmente las cosas no van a cambiar nunca”.

A lo anterior súmele usted a los millones que ni siquiera salen a votar (casi el 50 por ciento de la lista nominal), paradójicamente, bajo la misma justificación de los que comercializan con su voto.  Aunque duela reconocerlo, la corrupción, deshonestidad e indiferencia ciudadana son pieza indispensable para consumar esos fraudes electorales que hoy tanto nos indignan.

No se equivoca aquella conocida frase de Joseph de Maistre que segura que “cada pueblo o nación tiene al gobierno que se merece”, pues, finalmente, mientras existan masas numerosas de votantes corrompidos, dispuestos a declinar balanzas electorales, seguirán emanando de ellas gobiernos igual de corruptos.

El grupo de resistencia civil contra el nuevo proceso de exploración y extracción de 
hidrocarburos en la región zoque del estado de Chiapas parece fortalecerse con el paso de los meses.

La integración de nuevas agrupaciones de respaldo y los mecanismos de organización mejorados apuntan a convertirse en una difícil aduana que podría complicar mucho la consumación de la reforma energética, al menos en esa porción geográfica de la entidad chiapaneca.

Y es que el grupo de resistencia civil en la zona zoque se encuentra ya en plena campaña de sensibilización. Esta vez no se trata de un conglomerado civil improvisado. Se han estado preparando durante meses y ahora se dicen listos para confrontar el primer intento de exploración y excavaciones por parte de las empresas privadas beneficiadas con la concesión de los yacimientos zoques, licitados ya por la Secretaría de Energía (SENER) como parte de la Ronda 2.2.

La oposición civil comenzó a agudizarse desde 2016, tras la confirmación del Gobierno Federal sobre la inclusión de 10 municipios zoques de Chiapas dentro de la lista de nuevos territorios disponibles para la explotación de hidrocarburos. Se trata de Tecpatán, Francisco León, Ostuacán, Chapultenango, Ixtacomitán, Solosuchiapa, Ixtapangajoya y Pichucalco, entre otros, que contemplan un total de 84 mil 500 hectáreas (de gran valor histórico-cultural) para los trabajos de explotación.

Las advertencias de las organizaciones civiles han sido claras y contundentes; los territorios contemplados por la Ronda 2.2 de licitaciones en materia de exploración y extracción de hidrocarburos se encuentran justo dentro de territorios “sagrados” para los dichos pueblos originarios, por lo que su posible explotación significaría un daño irreversible y una grave afrenta a la ancestral cultura indígena.

La resistencia civil de las comunidades zoques en esta zona de la entidad chiapaneca ya ha tenido sus primeras batallas ante las autoridades gubernamentales. La firma de minutas, exhortos, declaratorias de inconformidad y protestas públicas por una acción evidentemente unilateral se han convertido en las herramientas utilizadas durante los últimos meses para oponerse firmemente a la licitación de sus tierras.

La mediatización de caso y posición casi inquebrantable del grupo de resistencia parecen comenzar a tener sus primeros frutos ante la indiferencia prolongada de la Secretaría de Energía, quien ha aceptado ya la aplicación de una consulta dentro de las comunidades involucradas. Sin embargo, las malas experiencias y el descrédito de las autoridades federales, han desatado la desconfianza en la consulta y las posibles mañas de fondo que podría traer a disimulo. 

Por eso hoy la tan alardeada consulta tampoco ha podido concretarse. A mediados de abril, funcionarios de la SENER que intentaban realizar la consulta en el ejido Viejo Lindavista, en Ixtacomitán, fueron prácticamente expulsados de la zona. Como resultado de la oposición a la consulta misma, hasta la fecha únicamente 15 habitantes han accedido a participar en las reuniones de la dependencia federal. 

La resistencia civil dentro de la zona zoque chiapaneca se ha comenzado a convertir en el mayor ejemplo nacional de oposición a la reforma energética en México. La organización dentro de los municipios contemplados y la determinación para impedir la aplicación “sospechosa” de procedimientos federales tiene ya en riesgo la implementación de los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en región.

La sola posibilidad de que en ese pedazo de México la reforma energética simplemente no tenga efecto a razón de resistencia civil ha comenzado a llamar la atención nacional e internacional.

Y es que, la cancelación de las licitaciones en estos territorios significarían al gobierno de Enrique Peña Nieto la pérdida de contratos por un monto general equivalente a los 330 millones de dólares que, como otras experiencias lo advierten, no apuntan a verse reflejados en la calidad de vida de los habitantes en resistencia… así las cosas.

Tremenda inquietud ha generado entre las organizaciones civiles el supuesto nuevo pacto 

militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del “Comando Sur” de EUA en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos en territorio mexicano. 

Mediante un documento respaldado por más de 300 organizaciones civiles de la región continental, los firmantes expresaron su rechazo a lo que denominaron como el probable “intervencionismo histórico” que podrían convertirse en el episodio de mayor presencia militar estadounidense en la frontera sur mexicana. 

Precisaron que actualmente se han señalado dos acontecimientos de “mucha preocupación” que han activado las alertas entre las organizaciones transfronterizas. Por un lado, el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de toda la frontera. 

A lo anterior se suma el anuncio de la próxima conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica, a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una importante parte de los eventos se llevarán a cabo dentro de la base militar del mismo “Comando Sur” de EUA, y en la cual se prevé la mutación del “Plan Alianza para la Prosperidad” a fin de darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región. 

Desde hace varios años los pueblos y organizaciones de la región mesoamericana han denunciado presuntos actos de militarización. Sin embargo, fue hasta el pasado 25 de abril cuando la Conferencia de Seguridad de Centroamérica anunció la instalación de al menos “una de las bases operativas” del Comando Sur en Guatemala con el supuesto objetivo de realizar operaciones conjuntas vía aérea, marítima y terrestre a todo lo largo de la región transfronteriza, bajo el argumento de vigilar los flujos migratorios y perseguir a cárteles del crimen organizado. 

De acuerdo al documento, resulta revelador que la escalada en la cooperación militar y de inteligencia entre México y EUA ya se venía proyectando hace varios años, según lo reconoció el propio Secretario de Defensa de Guatemala. Sin embargo, el trasfondo de este tipo de acuerdos secretos resulta más profundo de lo que parece. Así los demuestra el telegrama filtrado por Wikileaks el 18 de octubre de 2012 (latam México 1009107) en el que se demuestra que el pacto data desde antes de 2010. 

El uso de la arbitrariedad flagrante y la violencia injustificada resultan indefendibles desde
cualquier ángulo. Se convierten inevitablemente en prácticas inadmisibles y lascivas cuando, en medio de la irracionalidad o el descontrol, terminan lastimando gravemente a las causas legítimas, que -a la larga- se vuelven pretextos superficiales para los oportunistas de siempre, ajenos a los intereses reales de los movimientos sociales.

Por eso lo sucedido este viernes en Tuxtla Gutiérrez no es asunto que deba tomarse a la ligera. Si bien no es una práctica nueva, la documentación y evidencia del caso, que demuestra la participación de jóvenes estudiantes (la mayoría normalistas) en el secuestro de autobuses y el saqueo de camiones con mercancía, hacen del suceso un hecho para el análisis profundo.

Y es que, ver a alrededor de 200 jóvenes (estudiantes o no) robando mercancía y dándose a la fuga con las “manos es la masa” avergüenza en lo más profundo. Las imágenes hablan por sí solas. Aquí las versiones de infiltrados o reventadores simplemente no tienen cabida. Los propios padres de familias y compañeros estudiantiles terminaron comprobando a las afueras la Fiscalía General del Estado de Chiapas la procedencia de los autores materiales.

Simplemente no hay argumento o justificación que exculpe a los participantes de tan lamentable hecho; jóvenes la mayoría, no mayores de 20 o 25 años. Ni siquiera se pueden argumentar detenciones arbitrarias o injustificadas.

Se trata de un delito que prácticamente se dio en flagrancia plena, donde ni los argumentos “antiimperialistas”, “globalifóbicos” o “proteccionistas” son excusa válida dentro del marco constitucional mexicano.

Y no se trata tampoco de satanizar a los jóvenes estudiantes, ni de permitir que sean tratados como criminales. Se trata de reconocer que sus métodos o formas de manifestar sus inconformidades se están equivocando. Que las prácticas aprendidas e imitadas de otros movimientos violentos no abonan en nada bueno a sus causas. Que, al contrario, demeritan y lastiman la legitimidad de un movimiento que podría ser honesto de origen.

Tampoco sería ético intentar achacar el caso al movimiento magisterial y a la lucha contra la reforma educativa que es mucho más grande que un hecho tan lamentable como el de este jueves. Intentar mancharlo sería francamente irresponsable y tendencioso, tomando en cuenta los tantos episodios de represión, agresión y abuso gubernamental contra el sector docente, con pruebas igual de documentadas y fehacientes como las del caso aquí señalado.

Los grandes problemas generados por las malas decisiones de los gobiernos corruptos en México requieren de manifestaciones inteligentes que generen empatía social y cohesión de causas. La violencia y la arbitrariedad dentro de los movimientos sólo fragmentan opiniones, debilita el respaldo ciudadano y “engorda el caldo” para la misma clase política corrupta, ávida de distracciones e indiferencia para seguir enriqueciéndose a costa de las mayorías.

Por el bien de México, de Chiapas y las causas sociales legítimas lo sucedido este jueves en Tuxtla Gutiérrez no puede volver a repetirse. En un acto de congruencia, los liderazgos del movimiento estudiantil y magisterial deberían dar la cara para lamentar los hechos (y no justificarlos o victimizarse), y condenarlos.

Finalmente, no pueden perder de vista que sólo legitimando su causa con el respaldo social su movimiento puede mantenerse fortalecido… así las cosas.