*Denuncian fabricación de delitos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.– Cinco hombres originarios del municipio de San Juan Cancuc cumplieron tres años en prisión preventiva, tras ser detenidos en 2022 por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía municipal. Los detenidos y sus representantes legales denunciaron que los delitos que se les imputan fueron fabricados y exigen su liberación inmediata.

Desde el interior del penal, los presos enviaron un mensaje de agradecimiento a las comunidades, organizaciones civiles y religiosas que los han acompañado durante su proceso legal. Reconocieron especialmente el apoyo de los Pueblos Creyentes, la Diócesis de San Cristóbal y diversas parroquias que han acompañado su causa.

“Les agradecemos mucho a los que nos han apoyado adentro de la cárcel. Les animamos, compas y compañeras, seguimos la lucha”, expresaron en un mensaje colectivo.

Organismos de derechos humanos y colectivos solidarios han documentado presuntas irregularidades en el proceso judicial, señalando una criminalización sistemática hacia los pueblos indígenas en la región. También han denunciado que los acusados no contaron con una defensa adecuada ni con traductores en su lengua materna durante las primeras etapas del proceso.

El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la criminalización de comunidades indígenas en Chiapas, y ha sido visibilizado a nivel nacional e internacional por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

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• Hay dos líneas de investigación: una por amenazas de internos y otra por la comisión de delitos del hoy occiso contra menores de edad dentro del penal

• Se localizó un teléfono celular en su celda con imágenes de contenido sexual en agravio de menores de edad

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó los avances de la investigación por el homicidio de una persona privada de su libertad en el penal “El Amate”, ubicado en Cintalapa, quien este martes fue identificada por su hermano como Yudiel Flores Tovar. Agregó que, luego de la necropsia correspondiente, se determinó como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento, descartando el suicidio.

Explicó que, tras la noticia criminal mediante una llamada de la del área jurídica de dicho centro penitenciario, elementos del área de periciales y de investigación de la FGE, acudieron al penal y tuvieron a la vista a una persona del sexo masculino suspendida en una de las áreas; sin embargo, de acuerdo a las lesiones que presenta en el área del cuello, hubo un forcejeo, por lo cual es evidente que fue colocado en esa posición para tratar de desvirtuar los hechos.

El Fiscal General dio a conocer que se tiene dos líneas de investigación, una por posible venganza al interior del Amate, con un grupo de personas privadas de la libertad, que meses anteriores lo habían amenazado con lastimarlo por algunas rencillas personales.

Una segunda línea, detalló, es debido al hallazgo que se dio ayer al interior de la celda del hoy occiso, donde se encontró un equipo telefónico de su propiedad en el que, de acuerdo al dictamen tecnológico, se localizaron imágenes de contenido sexual donde seguía cometiendo actos delictivos, metiendo menores al interior de su celda y sosteniendo relaciones sexuales, es decir, cometiendo pederastia. 

Jorge Llaven señaló que se trabaja en la identificación de esos menores de edad, porque podrían ser hijos de otras personas privadas de la libertad al interior del penal, y podría haber sido una venganza de los papás. 

Es importante señalar que el occiso contaba con dos carpetas de investigación en Guatemala, con órdenes de aprehensión por delitos sexuales en agravio de menores de edad; asimismo, con una orden de aprehensión en Estados Unidos, es decir, había dos solicitudes de extradición, para que también fuera imputado y enfrentará a la justicia en estos países.

“Se están realizando desde el primer momento, todos los actos de investigación tendientes a esclarecer estos hechos y dar con él o los responsables de este homicidio, vamos a continuar con las investigaciones de este lamentable hecho y llegar hasta el fondo de la actuación de las autoridades penitenciarias; además, obteniendo información del contenido del teléfono, sabremos si hay más personas involucradas en esta red”, acotó.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, José Octavio García Macías, precisó que dicho equipo celular posee una gran cantidad de información en materia de pornografía infantil.

Las imágenes corresponden a las fechas de mayo del 2024, septiembre del 2024, agosto del 2024, entre otras, fueron tomadas en su celda y contienen escenas de los menores de edad que fueron ingresados.

En este sentido, recordó que el caso de Yudiel deriva de una solicitud de la noticia criminal que emite el FBI por una detención en Australia de una de las redes mundiales más importantes de pederastia, donde logran identificar al hoy occiso quien se hacía llamar “Deimon blue” o “Demonio azul”: “De allí surge la carpeta que termina en una sentencia de aproximadamente más de 67 años, aunada a una sentencia anterior por violación a un menor de edad con autismo, originario de San Cristóbal de Las Casas”.

#FGE

Por falta de pruebas, la tarde-noche de este martes un juez absolvió a Juanita, de origen tzeltal de 18 años de edad, después de ser violada, fue acusada del delito de homicidio calificado, ahora ya se encuentra libre y se ha reunido con sus familiares, así lo informó la abogada Marcela Fernández, integrante de la Colectiva Cereza.

Destacó que este es un caso que se dio en el contexto de violencia objetivo que hay en San Cristóbal de Las Casas en contra de mujeres de pueblos indígenas que migran a la ciudad y que son víctimas de violencia sexual, "la joven ya había sido violentada a los 15 años de edad cuando llegó a esta ciudad de San Cristóbal”.

Afuera del Cerss número 5 de San Cristóbal, la abogada informó que la joven de 18 años, originaria del municipio de San Juan Cancuc, fue detenida el 14 de marzo de 2022 cuando estaba en un domicilio ubicado en el barrio de Guadalupe, de esta ciudad.

Agregó que en el domicilio en el que ella estaba se encontró el cuerpo sin vida de Juan “N”, y Juanita fue acusada por ese asesinato, durante el proceso el agente del Ministerio Público no tuvo ningún medio de prueba para acusarla de la responsabilidad penal.

Expresó que la tarde de este martes, un juez dictó sentencia absolutoria en su favor por insuficiencia probatoria y por la causa de la duda razonable, porque frente a los medios de prueba que aportó el agente del ministerio público, no hubo suficiencia para establecer su responsabilidad.

Por su parte la activista Patricia Aracil Fernández manifestó que la liberación de Juanita se logró por la argumentación del juez ante la insuficiencia de pruebas, pero la defensora pública, en coadyuvancia con la Colectiva Cereza aportó medios de prueba y acompañamiento, entre ellos un dictamen elaborado por una psicóloga clínica tzeltal, en el que se estableció que efectivamente. Juanita padeció la violencia sexual.

“Se demostró un estrés post trauma y la veracidad de la declaración de Juanita en cuanto a los hechos, aparte que se demostró un trastorno mental transitorio que se colocó en el juicio como una causa para establecer la duda razonable porque había diferentes escenarios que podrían haberse acreditado como teoría del caso y frente a eso el juez decidió absolverla”, mencionó.

Refirió que Juan “N”, era 30 años mayor que Juanita y con quien se había conocido en un parque, “la acosaba y llamaba sistemáticamente. El día de los hechos la engañó para que fuera a su cuarto, la encerró, le indujo a una intoxicación etílica grave y la atacó sexualmente”.

Finalmente, la Colectiva Cereza, afirmó que la mujer buscará justicia por la falta de investigación exhaustiva y de la diligencia que debieron de tener las autoridades para investigar la violencia sexual de la que fue víctima. "No lo hicieron, a pesar de que lo denunció ante diversas autoridades; el agente del ministerio público le tomó la declaración un año después".