·         La actual administración ha permitido que grupos de choque y ecocidas atenten contra el patrimonio ambiental del municipio

 Juan José Ruíz Nájera, presidente del Sistema de Agua Chupactic, quien acompañado de habitantes del Barrio de Cuxtitali, viajaron a la Ciudad de México, para entregar un escrito al Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y denunciaron las violaciones a los derechos humanos, destrucción al medio ambiente, así como agresiones y amenazas de muerte, temas que el alcalde Marco Antonio Cancino González, no quiere atender.

 “Desde hace varios años, ciudadanos y organizaciones de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas estamos preocupados e indignados por la deforestación y el riesgo de invasión de nuestras reservas ecológicas, por el relleno de nuestros humedales, así como por la creciente ocupación ilegal de espacios públicos, el crecimiento de la inseguridad, la violencia y la confrontación, todo esto con la complicidad del Ayuntamiento y de una fracción del gobierno del estado que no pueden desvincularse de la acción ilegal de ecocidas y grupos de choque”.

Tras dar lectura el escrito, demandó se investigue y se sancione como corresponde al Ayuntamiento de San Cristóbal por su ineficiencia, falta de transparencia, probable fraude en la asignación y ejecución de la obra pública, por su complicidad con el ecocidio, autoría intelectual del intento de despojo y por su clara vinculación con grupos de choque que atentan contra la seguridad, la tranquilidad y la paz social en este municipio.

 “Responsabilizamos al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas por los daños a nuestro medio ambiente, a nuestras personas, nuestras familias y nuestros bienes. Pedimos que se detenga la construcción del fraccionamiento La Moraleja que afecta severamente a toda la ciudad y de manera directa, a los habitantes de la Colonia Maya. Exigimos se sancione como corresponde a los autores materiales e intelectuales de las agresiones verbales y físicas que hemos padecido, así como de las amenazas de muerte en contra de algunos compañeros”, abundó.

Asimismo, Ruíz Nájera exigió se detenga de manera definitiva la deforestación e intento de despojo de la Reserva Ecológica Quenvó Cuxtitali y en cumplimiento al Decreto 516, se elabore y se entregue, al Sistema de Agua Chupactíc del Barrio Originario Cuxtitali, el Plan de Manejo correspondiente.

Demandó se detenga de manera definitiva la deforestación y lotificación de la Reserva Biótica GertrudeDuby misma que, en cumplimiento a los acuerdos construidos con los gobiernos local y estatal, “así como en cumplimiento al informe del Ayuntamiento hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debe ser entregada al pueblo de San Cristóbal para su preservación, en coordinación con las instituciones correspondientes”.

Aclaró que tuvieron que hacer el esfuerzo de viajar a la Ciudad de México para solicitar la inmediata intervención de los tres poderes del gobierno federal, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos nacionales/internacionales, encargados de la defensa de derechos humanos y medio ambiente, para asegurar que en el menor tiempo posible se cumplan los compromisos establecidos en las minutas de acuerdo suscritas por los gobiernos del estado y municipal.

 “Demandamos se detenga de manera definitiva el relleno de nuestros humedales, así como la construcción de una barda perimetral en el humedal ubicado frente al Hotel Molino La Alborada”, finalizó.

·        Manifiestan que como represalia a la denuncia que realizaron y por atreverse a documentar con fotografías los abusos, fueron suspendidos de sus clases en la telesecundaria de Tila

 Por haberse denunciado agresiones contra niños en la Telesecundaria 233, “Juan Sabines Gutiérrez”, del municipio de Tila, dos menores fueron expulsados por parte de la directora Andrea Montoya Figueroa, quien fue señalada anteriormente por aplicar “castigos corporales, tratos crueles y denigrantes”.

En un escrito, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, dio a conocer que de acuerdo a los padres de los dos menores afectados, el pasado 26 de enero recibieron represalias por parte de la directora, luego de haber hecho público con evidencias graficas ante medios de comunicación, el tipo de trato que dan a los infantes en esta institución.

Señalan que la directora de la Telesecundaria 233,apoyada por el presidente del Comité de Padres de Familia, Nicolás Parcero Sánchez, expulsaron a los dos niños de quienes se omiten sus nombres para su protección, al tiempo de recordar que “los niños son obligados  hasta por 15 días a cavar una zanja para una obra de drenaje que es realizada con recursos públicos y que incluye el pago a jornaleros para tales fines”.

“Manifiestan que como represalia a la denuncia que realizaron y por atreverse a documentar con fotografías los abusos y violaciones de derechos humanos que está cometiendo la directora, con una eficiencia que sorprende les fueron girados en un breve tiempo tres citatorios emitidos a las señoras Araceli Martínez Martínez y Agustina Pérez Martínez por la fiscal del Ministerio Público Rosa Manuela López, perteneciente a la Fiscalía especializada en Justicia Indígena de la ciudad de Yajalón, para que comparezcan con relación a una demanda interpuesta por la citada directora con número de expediente R.A. 0038-109-1007-2017”, detallaron.

Aclaran que no es la primera vez que esta directora amenaza a la señora Araceli Martínez Martínez, quien es una indígena chol perteneciente a la organización “LaklumalIxim-Norte Selva”, que ha acompañado la lucha de ejidatarios en la defensa de sus tierras y derechos, además de respaldar a Magali del Carmen Cruz Pérez, quien exige justicia por la desaparición forzada, tortura y ejecución de Toni Reynaldo Gutiérrez López.

“Recordamos nuevamente  que en este centro escolar en marzo del año 2014 este Comité Digna Ochoa denunció que dos menores, una de 16 años y otra de 13, sufrieron acoso y violencia sexual por parte del maestro José Antonio Aguilera Morales, quien fue protegido y encubierto por los maestros”, apuntaron.

Por último, insistieron en la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Secretaría de Educación del estado para que inicien de inmediato una investigación exhaustiva para deslindar las responsabilidades ante las supuestas violaciones a los derechos humanos, cometidas presuntamente por la directora Andrea Montoya Figueroa y quienes resulten responsables.

“Los niños son obligados  hasta por 15 días a cavar una zanja para una obra de drenaje que es realizada con recursos públicos y que incluye el pago a jornaleros para tales fines”.

·         Además tomaron las oficinas de la CONAGUA, CFE, CNDH y SEMARNAT en diferentes municipios de Chiapas.

 Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente CNPA-MN  tomaron las oficinas de tres dependencias en la capital chiapaneca.

Al respecto Daniel Zúñiga integrante del MOCRI expuso  que las movilizaciones corresponden a una jornada nacional Por la Defensa de la Patria,  impulsada por el Frente Indígena y  Campesino de México, en defensa del territorio.

Por ello tomaron las oficinas de la CONAGUA, CFE, CNDH y SEMARNAT en diferentes municipios de Chiapas.

Los manifestantes Precisaron que CONAGUA es una de las empresas involucradas para la entrega de territorios y se concesiones a grandes transnacionales, como en el caso del Gold Corp.

"En diferentes estados se han entregado territorios que han  afectado severamente la soberanía y contaminando los mantos acuíferos, por lo que la movilizaciones es por tiempo indefinido", expresaron.

Señalaron que los megaproyectos en Chiapas como el caso de las ciudades rurales sustentables han fracasado a pesar de haber costado la vida de cientos de Chiapanecos.

El MOCRI hizo un llamado para que la población se sume a las protestas, asegurando que el gasolinazo es únicamente una muestra de lo que le espera el país por la implementación de las Reformas Estructurales.

La primera jornada de movilizaciones de este 2017  comenzó el día lunes y concluirá el próximo viernes.