A tres años del asesinato de Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5 mil 023 personas ocurrido en octubre de 2017, mujeres y hombres  así como el Comité Chalchihuitle, (Chalchihuitán), continúan denunciando la falta de justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.

A través de un comunicado, recordaron que el gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al presidente municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones, “sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos en total mil 237 personas”.

“Durante estos tres años y hasta ahora siguen latentes los ataques paramilitares de San Pedro Chenalhó, y los gobiernos en turno en sus tres niveles no han cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicaron.

Por ello desde las montañas, cerros y cuevas donde permanecen los desplazados, exigieron al gobierno de la república desartícule, desarme y castigue a los grupos armados de Chenalhó, responsables del desplazamiento, del robo de pertenencias y la destrucción de casas, además urgieron la indemnización de los daños ocasionados por estos hechos de violencia.

“En este tiempo que llevamos sufriendo, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en las comunidades colindantes entre ambos municipios, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados, no hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables”, denunciaron.

Así también el Comité de desplazados, dio a conocer que hay un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, y que los gobiernos no han realizado acciones de prevención, investigación y seguridad, desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.

“Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle, las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias, nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto; les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables”, acotaron.

María Luciana de 13 años de edad, quien recibió dos impactos de bala entre los límites de Aldama y Chenalhó el pasado mes de julio,  fue dada de alta del Hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas,  recibió despensas de diferentes organizaciones, así como la visita de representantes de la CNDH, quienes constataron personalmente las heridas que aún tiene en la mejilla y hombro derecho provocadas por las balas de paramilitares.

Cabe recordar que Luciana N., fue herida de bala el 17 de julio de 2020, en la comunidad Cocó municipio de Aldama, cuando estaba realizando trabajos de telar de cintura, por paramilitares de Chenalhó que realizaban disparos hacia los pobladores de Aldama.

"María está muy triste porque no puede seguir trabajando el telar para tener unos pocos ingresos, aún le molesta las heridas que tiene, persiste el miedo de los balazos que salen del monte, tenemos miedo, porque nos puede alcanzar una bala y nos puede matar" señalaron pobladores de Aldama.

Indicaron que pobladores de Chenalhó han violado los acuerdos firmados entre los tres niveles de gobierno, donde se comprometieron a no más agresión entre los dos municipios, ya que  se han intensificados los ataques hacia pobladores que viven en los límites de ambos municipios.

“La noche del viernes 14 de agosto, nuevamente los disparos de armas de fuego de alto calibre salieron de los puntos de Juxilnam, Nechem, Caridad, Chuchte, Ladrillos, todos de sector Santa Martha de Chenalhó, dirigidos hacia las comunidades de Xuxch'en y Chivit municipio de Aldama “, informó el propio presidente municipal por usos y costumbres Adolfo López Gómez.

Sostuvo que a pesar de las firmas de pacto de no agresión, donde estuvo presente el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas y los alcaldes de Aldama y Chenalhó esto no funcionó, por lo que la Comisión Permanente de los 115 comuneros y de los desplazados de Aldama están preocupados ante la reanudación de los disparos de armas de fuego. El alcalde de Aldama, en entrevista telefónica denunció que apenas la noche del sábado y la madrugada del domingo continuaban los balazos.

Finalmente, urgió la presencia de la Policía Estatal, así como la instalación permanente de la Base de Operaciones Mixtas BOM en los límites territoriales en disputa, “en la comunidad de Cocó hay 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva pero ellos no pueden hacer nada, el gobierno tiene que hacer algo, tiene que haber un operativo para desarmar los paramilitares que operan desde Santa Martha, sino, pueden haber más personas lesionadas o personas muertas”.

Zinacantán.-  Más de 100 migrantes provenientes de Guatemala y el Salvador fueron rescatados en la salida de la cabecera municipal  de Zinacantán, a la altura del basurero la noche del lunes, por elementos policiacos.  Entre ellos hay  menores de edad.

Los hechos se dieron a eso de las 21:50 de este lunes,  cuando policías municipales de Zinacantán detuvieron a 119 indocumentados junto con dos traficantes (polleros), quienes pretendían trasladarse a los Estados Unidos.

La mañana de este martes a las 10:45 de la mañana los migrantes molestos se retiraron de la cabecera municipal, ya que estaban custodiados por 12 policías municipales,  por lo que decidieron salirse del lugar y caminar hasta San Cristóbal de Las Casas. Mientras que los polleros recluidos en la cárcel de Zinacantán, fueron entregados a las autoridades correspondientes.

En entrevista Anevi Noemí Álvarez Coronel, integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), confirmó que a los 119  migrantes se les proporcionó en el municipio de Zinacantán desde anoche alimentación y un refugio donde se pudieran quedar, la mañana del martes  caminaron con dirección a San Cristóbal de Las Casas  pero en el cruce de la Ventana  los indocumentados decidieron irse para San Juan Chamula.

“Como CEDH no tenemos la competencia, le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en este tema migrante, pero también tenemos la obligación de dar este acompañamiento al no haber ningún elemento de los compañeros de la CNDH, la Comisión Estatal empezó a guiarlos y acompañarlos para que ninguna autoridad violentara sus derechos en el trayecto que hacían”, refirió.

Agregó que en el municipio de San Juan Chamula, a  los migrantes no les querían permitir  el ingreso “pero hablamos con el presidente municipal, Ponciano Gómez Gómez,  quien les comentó que no quería que se introdujeran a las comunidades y que mejor regresaran, proporcionándoles algunos vehículos para retornar  a San Cristóbal”.

Finalmente sostuvo que más de la mitad de los indocumentados  se regresarán a sus países de origen  Guatemala, y el Salvador, mientras que los demás  buscarán una visa humanitaria para pernoctar en esta ciudad.