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Se reúnen organizaciones para tratar el tema sobre el trabajo infantil y trata de personas

Representantes de diferentes organizaciones de Centroamérica, el Caribe y México, se reunieron en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para discutir el tema sobre el trabajo infantil, forzoso y trata de personas.

Durante la reunión compartieron experiencias y buenas prácticas entre institutos de estadísticas de datos sobre trabajo infantil en los países de Centroamérica, El Caribe y México.

El objetivo es conformar un mecanismo de coordinación entre los representantes de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes intercambiaron información acerca de los instrumentos y buenas prácticas en materia de medición de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas.

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Antonio Benavides Castellanos, coordinador nacional del proyecto AccionNNAr, de la OIT en México, dijo que este evento fue organizado e implementado por la OIT en México y financiado por el departamento del trabajo de Estados Unidos.

Cabe destacar que el objetivo principal de AccionAAr es incrementar las capacidades de los gobiernos para erradicar y combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, y que tiene intervenciones a nivel federal y estatal en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, además, también tiene actividades que involucran a los países del norte de Centroamérica, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador.

“El trabajo infantil es una problemática, tenemos que atender de forma integral el trabajo industrial, es importante mencionar que el mito del trabajo infantil, es que las familias o las niñas y los niños tienen una aportación económica al núcleo familiar, está comprobado que casi un 80% de actividad no recibe un salario o reciben menos de un salario mínimo por realizar actividades, es por eso que tenemos que trabajar este cambio cultural", destacó.

Agregó que en San Cristóbal de Las Casas se reunieron con el Instituto Nacional de Estadística de México, el Salvador, Honduras, Belice y Guatemala, para hablar de cómo estos institutos estadísticos pueden intercambiar información y buenas prácticas sobre la misión del trabajo infantil, "esta misión de trabajo infantil nos va a ayudar a poder detectar dónde está sucediendo y generar políticas públicas para atenderla”.

Indicó que cuando los menores tengan esta actividad con personas que no son los padres y que pertenecen a una red de trata de personas, entonces ahí ya se habla de un delito, ahí tienen que actuar las Fiscalías, las Procuradurías de Protección de Menores, “la persecución infantil es una situación que se debe atender desde la familia, sobre todo buscando siempre la inserción escolar de niñas, niños y adolescentes, que cumplan con su ciclo escolar obligatorio, es la principal acción que podemos hacer a la comunidad infantil”.

Destacó que las niñas, niños y adolescentes no pueden estar trabajando, por eso se debe conocer la problemática que tiene la familia y ayudarlos, "hay niñas y niños que sus patrones los mandan a trabajar, en eso hay que actuar si son niños menores de 15 años, cuando hablamos de adolescentes de los 15 a 17 años de edad está permitido trabajar, pero también hay que ver como los tratan”, acotó.

#sancristobal 

#sancristobaldelascasaschiapas 

#sancristobaldelascasas

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Vuelve el tirano

*El gran fraude que oculta Pablo

*Son 31 millones de euros que se esfumaron en su administración, pero de eso no habla

 

El 27 de enero de 2004, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, firmó el principal programa de cooperación entre México y la Unión Europea (UE), el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis). Entonces el gobierno de Chiapas dispuso de un fondo de 31 millones de euros, 16 millones los aportó el gobierno de Chiapas y el resto la UE. 

Ese monto equivalía a casi la tercera parte de la cooperación total que acordaron la UE y México para el período 2007-2013: 110 millones de euros.

La Comisión Europea había estimado que el PRODESIS beneficiaría, entre 2004 y 2008, a 155 mil habitantes establecidos en 833 comunidades, divididas en 16 microrregiones “de la región Selva de Chiapas”. Esta abarca siete municipios: Ocosingo, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, La Trinitaria y La Independencia.

Al final, según evaluaron consultores privados contratados por la Unión Europea, no redujo la pobreza ni protegió el medio ambiente Tampoco impulsó el desarrollo sustentable 

Conclusión: el PRODESIS fue un fracaso total en Chiapas. 

Con los recursos destinados por la Unión Europea a Chiapas, no sólo se hubiesen construidos dos puentes Chiapas y 10 tramos carreteros como el que regentea la española  Aldesa; se hubiese podido construir un segundo piso a toda la selva Lacandona.

Pero de eso no habla Pablo Salazar Mendiguchía. 

PRODESIS se planteó tres "objetivos generales": "reducir la pobreza", "disminuir la presión sobre los recursos naturales de la Selva Lacandona y mitigar los procesos de degradación medioambiental en la zona", y "reformular las políticas de desarrollo social" con la finalidad de hacerlas "más participativas y sustentables".

Sin embargo, el informe de la Misión de Evaluación de Medio Término del Prodesis, presentado como documento confidencial a la Comisión Europea, que lo financió, constató el fracaso de los objetivos de ese programa de cooperación.

El informe --cuyo contenido difundió Proceso en su edición del 20 de enero de 2008-- aseguraba entonces que Prodesis "no ha logrado disminuir la pobreza" ni tampoco aminorar de manera apreciable "la presión sobre los recursos naturales, y que las iniciativas económicas del proyecto para fomentar "el desarrollo social" de la región "no han arrojado resultados positivos concretos".

Elaborado por los despachos privados independientes IBF International Consulting y BAa Consultors –basados en Bruselas y Barcelona, respectivamente--, el informe indica que "pesar de ser pertinente en sus objetivos", Prodesis "no es viable".

Mientras que el Plan Operativo Global de Prodesis marcaba que 2005 y 2006 debían de ser años "de plena ejecución" del proyecto, "en realidad no se logró siquiera iniciar la mayor parte de las actividades planeadas", por lo que los cuatro años de duración de Prodesis "se reducen aproximadamente a dos de intervención efectiva", lo cual "no es suficiente para promover procesos que tomarían normalmente entre cinco y 10 años".

La Misión de Evaluación se quejó en su informe de que las autoridades chiapanecas (el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia) le negaron el acceso a la “red de información interna del proyecto”.

Tal evaluación coincide con las críticas formuladas por organismos no gubernamentales de México y Europa, en el sentido de que el proyecto lo pusieron en marcha los gobiernos de la UE y del estado de Chiapas, sin consultar a la población a la que iba dirigida.

Esto en clara violación al estatuto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho de las poblaciones indígenas a participar en la toma de decisiones de proyectos que las afecten.

Pero no sólo eso. Los consultores europeos que evaluaron el PRODESIS y su aplicación en la selva Lacandona detectaron "actividades fraudulentas" que involucraron en forma directa a María de los Ángeles Cruz Hernández, secretaria de Desarrollo Social en la administración de Pablo Salazar Mendiguchia, y Rodolfo Diaz Sarvide, funcionario del PRODESIS.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), fechado el 7 de diciembre de 2005, observa que el Prodesis se implantó en la parte oriental de la Selva Lacandona, donde hay menor población y mayores recursos naturales Señala que esto refleja “una contradicción con el intento de reducir la pobreza”, la cual “es más fuerte en la parte occidental y en los Altos de Chiapas, pero donde los recursos naturales son menores”

Y una valoración de la Universidad Metropolitana afirma que los objetivos previstos nunca se alcanzaron.y documenta testimonios de los desvíos de recursos millonarios por parte de funcionarios públicos que operaron recursos. 

Todo ello quedó en la impunidad.

Fueron 31 millones de euros tirados a la basura, con los que no sólo se habría mejorado la calidad de vida de quienes habitan la selva Lacandona, sino que, como se pretendía, se había evitado mayor degradación del entorno selvático en la Lacandona.

 

Pero de eso Pablo Salazar Mendiguchía prefiere no hablar.

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