·         No hubo detenidos pues, según los lugareños, los tripulantes huyeron del lugar. Al parecer la aeronave sufrió una falla mecánica por lo que no pudo llegar a su destino

Un avioneta con 500 kilogramos de cocaína fue “abandonada” en medio de un sembradío de cañas en el municipio de Mazatán, por lo que miembros del Ejército Méxicano y la PGR procedieron a asegurarla tras la denuncia de los lugareños.

Los hechos ocurrieron ayer domingo en las inmediaciones de un plantío de cañas en el ejido Marte R. Gómez del municipio de Mazatán, muy cerca de Tapachula, en la frontera sur mexicana.

Al llegar a su parcela, el señor Carmelino Villalobos se encontró una avioneta Cessna blanca con franjas rojas, de matrícula N2251R, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades ejidales y éstas a su vez a las autoridades estatales y federales.

En una caravana de vehículos llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Estatal Preventiva, y personal militar del 4º Regimiento de Caballería de la Ciudad de Tapachula, perteneciente a la 36 Zona Militar, así como de la PGR.

En su interior encontraron 500 paquetes que contenían polvo blanco, con las características de la cocaína.

No hubo detenidos pues, según los lugareños, los tripulantes huyeron del lugar. Al parecer la aeronave sufrió una falla mecánica por lo que no pudo llegar a su destino y aterrizó de emergencia en ese predio.

Al ser un delito federal, la carga y la aeronave fueron aseguradas por la PGR y escoltada por el Ejército Mexicano.

No es la primera vez que en esta región de la frontera sur avionetas Cessna son decomisadas con drogas, en ocasiones anteriores sus dueños descargan la aeronave y la incineran. 

 Joaquín Zebadúa Alva, director Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, señaló que esperan que siente precedentes el desalojo a la invasión de un polígono en la reserva Cañón del Sumidero, realizado este jueves.

         Tras el desalojo donde un grupo de personas pretendía asentar la colonia Flores Magón, colindantes con las colonias San Pedro Progresivo y Paulino Aguilar, al ser entrevistado agradeció a las autoridades estatales y municipal el acompañamiento que dieron para que se cumplimentara esta acción derivada de demandas que interpusieron ante la PGR y la FEPADA.

Señaló que esto permita continuar con las otras siete invasiones que se tienen en la reserva natural Cañón del Sumidero desde 2013; una ya está en proceso jurisdiccional el cual está muy cerca de concluirse, por lo que se espera que el juzgador determine la restitución del bien.

Las otras seis están en un proceso similar a lo que ocurrió este jueves, donde se podrían detonar acciones similares de desalojo, porque el Cañón del Sumidero es un bien público, para el disfrute de la colectividad por los servicios ambientales que brinda a la sociedad, como la regulación climática, retención de suelos, mitigación a los efectos del cambio climático y de recreación, además que genera ingresos a miles de familias por el turismo.

Dijo que tan solo en la invasión donde unas personas pretendían asentar la colonia Flores Magón comprende 11 hectáreas, y 38 hectáreas en las otras siete invasiones pendientes de atenderse, donde a cuatro años de haberse dado las primeras todavía se pueden revertir los daños provocados. Inclusive se tienen presupuestos para que en el momento en que sean recuperados esos polígonos iniciar los procesos de restauración.

Zebadúa Alva insistió en que el desalojo de este jueves esperan que mande el mensaje a las organizaciones ambientalistas y las cámaras empresariales que pidieron se impidiera esa invasión, de que hay una respuesta a la solicitud. En tanto, a las personas que se han dejado engañar por líderes corruptos, que vean que no hay ninguna posibilidad que queden ahí.

Dijo que se entiende que hay una necesidad de vivienda, pero las áreas naturales protegida no pueden usarse para ello, porque son herramientas que el Estado Mexicano ha generado para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. 

·         Agentes rurales de la comunidad de Chenalhó acordaron suspender clases en escuelas del municipio a partir de este lunes, porque presuntamente "no existen condiciones de seguridad para los alumnos”

 Agentes rurales de la comunidad de Chenalhó acordaron suspender clases en escuelas del municipio a partir de ayer lunes, porque presuntamente "no existen condiciones de seguridad para los alumnos” por falta de gobernabilidad, después de que seguidores de la alcaldesa Rosa Pérez recuperaron la sede del ayuntamiento el 22 de febrero.

En este contexto, exigieron castigo contra los autores materiales e intelectuales de la ocupación de la alcaldía y del asesinato del músico Jonhny Orlando Vásquez Ruiz, así como la reparación de daños por el crimen y saqueos a comercios y viviendas, además de la quema de una tienda el pasado viernes.

Mediante un documento  dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a las procuradurías General de la República (PGR) y del Estado, advirtieron que con la suspensión de clases se busca “evitar la pérdida de vidas humanas, ya que no existen condiciones de seguridad para los alumnos y para los docentes”.

Enfatizaron que el 28 de febrero, docentes de la zona escolar 016 suscribieron un acta para no laborar “hasta que existan condiciones de seguridad, paz y tranquilidad de Chenalhó”.

El documento fue firmado por partidarios del síndico Miguel Sántiz Álvarez, quien fue varios meses alcalde sustituto de Tzotzil de los Altos de Chiapas.

“(Demandamos que) cesen las amenazas, intimidaciones y los disparos de arma de fuego en las comunidades, que se tomen medidas cautelares en las localidades en las que viven hombres, mujeres y niños que repudiamos y desconocemos a Rosa Pérez”, asentaron.

Tras llegar al cargo, la alcaldesa, militante del Partido Verde Ecologista de México, solicitó licencia. En su lugar, el Congreso local designó como alcalde sustituto a Sántiz Álvarez. El 17 de agosto, el Tribunal Federal ordenó la restitución de la alcaldesa, quien habilitó una oficina alterna en San Cristóbal de las Casas para despachar.

El 22 de febrero, centenares de partidarios ocuparon el inmueble de la presidencia. La ocupación de la alcaldía derivó en un enfrentamiento entre las partes en conflicto donde fue asesinado Jonhny Orlando Vásquez Ruíz y 16 heridos, según los agentes municipales.

Los agentes rurales expusieron que la toma del inmueble derivó en hechos violentos en la cabecera municipal y en los poblados Tzanembolom, La Libertad y Beumpla, con “disparos de armas de fuego para intimidar a la población y que Rosa Pérez imponga su autoridad”.