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Silvano Bautista Ibarias

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Alcalde pillo; paga o cárcel

* Enrique Arreola, primer arresto de 36 horas; debe $50 millones de pesos a unos 20 comerciantes de Cintalapa

 El presidente municipal de Cintalapa Enrique Arreola Moguel, enfrentará de manera consecutiva e indefinida arrestos de 36 horas hasta en tanto no cubra el adeudo de los 50 millones de pesos que el ayuntamiento de ese lugar mantiene con un grupo de comerciantes, aseguró el abogado y apoderado legal de estos Carlos Jiménez Remigio.

El munícipe permanecía bajo arresto por un juicio mercantil en los separos de la delegación de la Procuraduría General de la República y sería este miércoles  26, a las 2:30 de la mañana, cuando se cumplan las primeras 36 horas y sea puesto en libertad. Sin embargo de un momento a otro puede ser nuevamente sometido a este arresto.

El representante legal de un grupo de 20 comerciantes del municipio Cintalapa, dijo que días antes de que se diera el arresto del munícipe, los inconformes a través de éste buscaron al alcalde para lograr un acuerdo al cual se negó y por lo tanto el pasado lunes fue detenido por elementos de la PGR debido a que incurrió en un desacato del juez cuarto de distrito en materia Federal el cual le ordenaba a cubrir los pagos correspondientes y al no hacerlo se procedió a su arresto.

En entrevista, el abogado precisó que en este caso se trata de un grupo de 20 comerciantes a quienes el ayuntamiento de esas deuda 50 millones de pesos por servicios como material de construcción, papelería insumos de oficina, servicios funerarios, servicios médicos, entre otros.

Se destaca que todos estos comerciantes son originarios del municipio de Cintalapa, lo que representa serias afectaciones a la economía de por lo menos 200 familias del municipio.

Jiménez Remigio, dijo que actualmente al ayuntamiento de Cintalapa le han sido embargados varios bienes inmuebles y que en breve se procederá a su remate como una medida para resarcir las afectaciones económicas a sus representados.

Sin embargo, aseguró que estos están dispuestos a lograr un acuerdo armonioso ya que lo importante para ellos es recuperar las inversiones y ganancias de los productos que aportaron al ayuntamiento y qué significó que en su momento dejarán de dárselo a sus hijos.

 

Este caso se ventila en el expediente 104/2016 del juzgado cuarto de Distrito en materia Federal. Cabe señalar que existió una orden de un juez Federal para el pago y ante la negativa del edil se procedió a su arresto.

Vigilarán con lupa a partidos políticos

A través del Centro de Investigación y Desarrollo de la Administración Pública (CIDAP), que forma parte de la Universidad de Chiapas (UDECH), estamos analizando el papel de los partidos políticos en la participación ciudadana y el trabajo en pro de la civilidad que éstos deben hacer para consolidar la democracia en Tuxtla Gutiérrez y la geografía chiapaneca, señaló en entrevista exclusiva el rector de la UDECH, César Serrano Nucamendi.

«Lo cierto es que si los partidos políticos realmente hicieran su trabajo para fomentar la participación del ciudadano a votar, de invertir las prerrogativas en crear una cultura y una civilidad, otra cosa sería. Lamentablemente sabemos que los indicadores de las últimas elecciones demuestran una ausencia ingente del ciudadano al momento de ir a sufragar su voto y eso es un problema que daña seriamente a la democracia», reflexionó.

El académico dijo que en la construcción del «Acuerdo Ciudadano para el Desarrollo y Transformación de Tuxtla Gutiérrez. Proyecto Ciudad Capital » se ha tocado, también, el tema de las candidaturas independientes como un sistema novedoso que podría ayudar a subsanar todo el daño que han hecho a la política el arribismo y los favores políticos.

Consideró que con las candidaturas independientes el futuro de los candidatos que realmente quieran servir a Tuxtla puede ser por esa vía.

“He analizado el malestar de muchos amigos y puedo concluir en señalar que si alguien está interesado a participar en política que gaste su dinero, que invierta sus propios recursos, como muestra de que no llega a manosear el erario o embolsarse las prerrogativas, sino para trabajar en la transformación de Tuxtla”, sostuvo.

 

Serrano Nucamendi expuso que algunos partidos políticos no tienen esa transparencia  y honestidad en la participación de los mismos, lo que quiere decir que los partidos políticos no están haciendo su trabajo y no se están canalizando esas prerrogativas a la concientización del ciudadano, al fortalecimiento de la democracia, y eso es el problema más grande de México.

Bustamanente: necesario para Tuxtla, el Conejobús

El Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla, mejor conocido como "Conejobús" prácticamente estuvo viciado desde sus orígenes y envuelto en prácticas de corrupción y tan sólo a 90 días de haber entrado en funcionamiento 50 unidades ya estaban paradas, aseguró Mario Bustamante Grajales, líder transportista y conocedor del tema.

Dijo que desde el inicio sus operaciones en la administración del gobernador Juan Sabines Guerrero, este sistema estuvo marcado por la corrupción al inflar los precios de las unidades, llantas, refacciones y demás insumos de operación, lo que se traduce que hasta este momento el Conejobús le deba al SAT por lo menos 50 millones de pesos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció, lamentó que el Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla se haya caracterizado por la opacidad y poca transparencia en cuanto a su funcionamiento.

Sin embargo, reconoció que este sistema de transporte sí es necesario para Tuxtla Gutiérrez debido a que el tipo de unidades son más seguras al transporte colectivo que maneja unidades pequeñas.

Pero también dejó en claro que es necesario que se dé una verdadera transparencia y que las autoridades saquen las manos de este sistema para que sea viable en su funcionamiento y sea redituable para los socios transportistas, por lo que consideró que debe ser rescatado.

 

Bustamante Grajales, se pronunció para que las autoridades tales reconozcan que se han equivocado en el manejo del Conejobús para que éste no desaparezca, ya que el servicio de transporte en este tipo de unidades es necesario en todo el estado.

Aquí, dan palo a colonos abusivos

Vecinos de Los Laureles habían construido una verja con la intención de aislar su colonia del resto de Tuxtla; ayuntamiento actúa con apego a la ley

 En Tuxtla Gutiérrez nada ni nadie por encima de la ley; ésta se aplica sin distingo de clases sociales, aseguró el alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor al ser cuestionado respecto a la instalación y derribo de una caseta de vigilancia en el fraccionamiento Los Laureles, al poniente de la capital.

Pensaban que como ahí vive mucha gente influyente el ayuntamiento no iba a hacer nada y que no se iba a actuar, sostuvo.

La sorpresa fue que el ayuntamiento actúo, no porque se pidiera, sino porque así lo marca la ley, aseveró el alcalde respecto a este tema que levantara polémica en las redes sociales y que fue considerado como un abuso por parte de la ciudadanía, ya que los habitantes del fraccionamiento pretendían prácticamente cerrar la circulación de una importante arteria en esa colonia.

Dijo que el fraccionamiento Los Laurele  es una de las colonias que registra un menor índice de delincuencia en la capital chiapaneca, y que por lo tanto no existía razón o justificación alguna para que procedieran de esta forma.

Dijo que al igual que todas las colonias de la capital chiapaneca cuenta con un constante patrullaje por parte de la secretaría de ciudad pública municipal, dejando en claro que en todas existe la misma vigilancia,  desde la más humilde hasta la hasta la de mayores probabilidades y posibilidades económicas.

En este sentido, reconoció que la capital chiapaneca se encuentra muy por debajo de la media nacional en materia de elementos policíacos y que en Tuxtla Gutiérrez se requieren al menos 2 mil 500 elementos y actualmente se cuenta apenas con 850. Destacó que su administración ha sido la única en los últimos 10 años en contratar a 100 elementos más de la Policía Municipal.

 

Por otra parte, el alcalde capitalino negó que exista permiso alguno para la instalación de este tipo de casetas de vigilancia y mucho menos en una colonia municipalizada en donde el alumbrado, el barrido, limpieza y todos los demás servicios públicos corren a cargo del municipio.

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