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Conflicto por terrenos pone en incertidumbre a 297 familias en Teopisca

  • Publicado en Roja
Teopisca, Chiapas. Un total de 297 familias que habitan o adquirieron terrenos en el predio conocido como La Granja en el municipio de Teopisca, manifestaron su preocupación por el riesgo de perder el patrimonio que aseguran, adquirieron legalmente mediante contratos de compraventa con el Ejido Teopisca.
Los afectados denunciaron la suspensión de obras en la zona y pidieron la intervención del Gobierno del Estado para evitar un conflicto social. De acuerdo con los habitantes, la incertidumbre surgió luego de que personas que realizaban construcciones recibieran oficios de suspensión emitidos por la Sindicatura Municipal.
Los colonos señalaron que tras investigar el motivo de la suspensión, la síndica municipal les informó que los terrenos no pertenecen al Ejido Teopisca, sino al Gobierno del Estado, situación que pone en duda la legalidad de las operaciones de compraventa realizadas durante los últimos años.
Los afectados recordaron que durante la administración del entonces presidente municipal Abel Tovilla Carpio, el Cabildo de Teopisca aprobó por unanimidad, mediante el acuerdo contenido en la sesión extraordinaria número 11/2019, celebrada el 30 de abril de 2019, la donación del predio conocido como La Granja al Ejido Teopisca, entonces representado por el comisariado ejidal Manuel Sánchez Pérez y el presidente del Consejo de Vigilancia, Genaro Martínez Cruz.
Indicaron que acudieron con las actuales autoridades ejidales encabezadas por el comisariado Guadalupe González Hernández y el presidente del Consejo de Vigilancia, Juan Pablo Ozuna Zúñiga, quienes según los habitantes manifestaron no contar con documentación que acreditara la donación del terreno y señalaron que no pueden asumir responsabilidad porque dichos documentos no fueron entregados por las administraciones ejidales anteriores.
Los colonos afirmaron que durante años han realizado pagos de impuesto predial y cuotas establecidas por las autoridades ejidales, además de contar con contratos de compraventa firmados y sellados por el Ejido Teopisca, documentos que consideran respaldan la posesión legal de sus predios.
Ante esta situación, los habitantes anunciaron que presentarán denuncias ante las autoridades competentes, acudirán a las instancias agrarias y solicitarán la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al considerar que sus derechos podrían estar siendo vulnerados.
Los afectados advirtieron que en el predio La Granja ya existen viviendas habitadas por madres solteras, viudas y familias, además de un hotel y una casa de oración, inmuebles que podrían verse afectados si no se resuelve la situación jurídica del terreno.
Finalmente, hicieron un llamado al gobernador de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, para que intervenga y contribuya a encontrar una solución que evite un conflicto social y garantice certeza jurídica a las familias que aseguran haber adquirido sus terrenos de buena fe.
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Venustiano Carranza y su historia

La historia de violencia en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, está profundamente marcada por un conflicto agrario histórico de más de 50 años y, más recientemente, por la incursión de presuntos grupos civiles armados vinculados a la disputa territorial. 

El conflicto agrario es histórico y data de los años 70s.

El núcleo de la violencia reside en la disputa por tierras comunales entre dos organizaciones principales: la OCEZ-Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de los Llanos (ASBALL). 

En 1973 el conflicto escaló violentamente tras la expulsión de campesinos de la Sociedad de Bienes Comunales, quienes formaron lo que hoy es la ASBALL. Desde entonces, se han registrado decenas de muertes y desplazamientos forzados.

Durante la década 1970-1980 se registró un periodo de intensa represión estatal y enfrentamientos entre comuneros y el ejército. 

En 1976, los tzotziles iniciaron ocupaciones de tierras que derivaron en asesinatos de líderes campesinos y violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas militares.

Los primeros desplazamientos forzados ocurrieron en mayo de 2013, cuando cientos de personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a la quema de viviendas y amenazas de sus propios vecinos comuneros.

La escalada reciente de violencia dejó al descubierto que en los últimos años, la violencia ha mutado de un conflicto estrictamente agrario a uno que involucra a presuntas células del crimen organizado. 

Este 24 y 25 de abril de 2026 se registró una grave escalada de violencia. 

Un grupo armado abría atacado a pobladores en el municipio colindante de Nicolás Ruiz y luego trasladó la agresión a Venustiano Carranza, donde los comuneros mantenían bloqueos.

Los reportes preliminares oficiales de este reciente evento mencionan como saldo dos  personas fallecidas, pero fuentes extraoficiales señalan que podrían ser seis los acaecidos  (incluyendo civiles ajenos al conflicto), además de varios heridos y la quema de casas y vehículos.

El municipio de Venustiano Carranza también está bajo la Alerta de Violencia de Género desde 2016; en enero de 2024 se reportó el primer feminicidio del año en el estado precisamente en esta localidad. 

Organizaciones como la OCEZ-Casa del Pueblo han denunciado incursiones de camionetas con hombres armados que utilizan armamento de alto poder para romper bloqueos y atacar concentraciones campesinas.

El municipio de Venustiano Carranza, es considerado un punto neurálgico de disputa territorial, donde los bloqueos carreteros y la presencia de casquillos percutidos son parte del panorama habitual en las entradas principales al pueblo.

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Resuelven conflicto por construcción de barda en Chamula

Autoridades comunitarias y estatales lograron resolver mediante el diálogo un conflicto derivado de la construcción de una barda en la localidad de Nichen I, municipio de Chamula, alcanzando un acuerdo entre las partes involucradas.
En la atención participaron los 18 comités de la localidad, en coordinación con el Juez de Paz Suplente, la Instancia de la Mujer, la Defensoría Pública, autoridades comunitarias y la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena.
Durante la verificación se detectaron diferencias en las medidas previamente acordadas para la apertura de una vialidad. Sin embargo, gracias a la disposición de las involucradas, se logró un consenso basado en el respeto mutuo.
El acuerdo alcanzado garantiza los derechos e integridad de ambas partes, así como la estabilidad y armonía dentro de la comunidad.
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