Un grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a 14 personas por delitos contra la salud, asociación delictuosa y halconeo, como parte de operativos realizados en los municipios de Cintalapa de Figueroa y Solosuchiapa.

En Cintalapa, fueron detenidas 12 personas en la colonia Urbana, donde se aseguraron 139 dosis de presunto cristal, dinero en efectivo, grameras, un arma hechiza, una réplica de arma de fuego, teléfonos celulares y cuatro motocicletas.

En Solosuchiapa, dos hombres fueron detenidos en un puesto de control sobre el tramo carretero Solosuchiapa–Ixtacomitán, donde se decomisaron 25 dosis de presunto cristal, armas largas, cargadores, cartuchos útiles, dinero en efectivo y dos vehículos, uno de ellos con compartimiento oculto.

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La reciente detención de Yoel Alter, identificado por autoridades federales como integrante y operador de la secta Lev Tahor, vuelve a exhibir una realidad incómoda: la persistencia de estructuras criminales que operan durante años ante la mirada tardía o permisiva del Estado.

Alter es acusado de trata de personas y matrimonios forzados, delitos que, de acuerdo con las investigaciones, se cometían principalmente contra menores de edad, obligados a integrarse a un sistema de control absoluto bajo el disfraz de prácticas religiosas. No se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi documentado internacionalmente, atribuido desde hace años a Lev Tahor.

La secta mantiene presencia en Chiapas al menos desde 2017, con reportes constantes de abusos, aislamiento, sometimiento de mujeres y niños, y el traslado irregular de personas entre países. En 2022, el rescate de 17 menores en las inmediaciones de Tapachula confirmó que las alertas no eran infundadas. Aun así, el grupo continuó operando.

El caso de Yoel Alter resulta especialmente inquietante porque ya había sido detenido en Guatemala, lo que plantea una pregunta inevitable:
¿por qué alguien señalado por delitos tan graves podía encontrarse en libertad y moviéndose en territorio mexicano?

La falta de una explicación clara por parte de las autoridades abre la puerta a sospechas de fallas en la cooperación internacional, vacíos legales o negligencia institucional. En cualquiera de los escenarios, el costo lo pagan siempre los mismos: los menores de edad.

La prisión preventiva dictada contra Alter es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión profunda sobre cómo y por qué Lev Tahor logró asentarse durante años en Chiapas, pese a antecedentes públicos, denuncias previas y rescates documentados.

Este caso no solo exige justicia penal. Exige también rendición de cuentas, porque cuando una red de abuso logra sobrevivir tanto tiempo, la responsabilidad no recae únicamente en sus líderes, sino también en quienes debieron impedirlo y no lo hicieron.