Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Previo al desafuero concedido por el Honorable Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Indígena, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Santos “N”, expresidente municipal de Pantelhó, por el delito de abuso sexual agravado en agravio de una persona del sexo femenino de identidad reservada, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca.
El responsable de la procuración de justicia en Chiapas indicó que de acuerdo con la carpeta de investigación, el hoy imputado agredió la libertad sexual de la víctima, quien funge como servidora pública del Ayuntamiento de dicho municipio.
Asimismo, señaló que de manera inmediata la Fiscalía estableció medidas de protección para la denunciante y posteriormente se recabaron datos de prueba, así como valoración psicológica y victimológica con resultados que dictaminaron el grado de afectación emocional.
Llaven Abarca afirmó que luego de acreditar la presunta responsabilidad penal en la comisión del delito que la ley califica como abuso sexual, la Fiscalía solicitó el desafuero de Santos “N” mediante el Decreto 249, mismo que fue concedido el 31 de julio, separándolo del cargo de presidente municipal de Pantelhó.
Destacó que posteriormente, la Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión en contra del exservidor público, siendo trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate” para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional que lo reclama.
Finalmente, el fiscal general Jorge Llaven Abarca puntualizó que no habrá impunidad en esta conducta delictiva, reiterando que en Chiapas se aplica la ley sin distinción alguna a través de las políticas de Cero Impunidad y Cero Tolerancia, refrendando su compromiso de procurar una justicia siempre al lado de la gente.

LA FGE SOLICITÓ AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA DEL IMPUTADO GERARDO VICENTE “N” SEA REVISADA Y EN SU CASO MODIFICADA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con motivo de hacer del conocimiento de esta autoridad de los padecimientos de salud que tiene su esposo desde 2017, María Fernanda Ochoa Esquinca, cónyuge de Gerardo Vicente “N”, vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, solicitó ante el Ministerio Público la revisión de la medida cautelar del imputado.

Derivado de ello, garantizando el respeto de los derechos humanos y ponderando la salud del imputado, la Fiscalía General del Estado solicitó a la Unidad de Medidas Cautelares que realizara la valoración integral para determinar el Análisis de Riesgo.

Esta Fiscalía informa que una vez que obtuvo el resultado de la valoración de Análisis de Riesgo de la Unidad de Medidas Cautelares, el fiscal del Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la audiencia para la modificación de la Medida Cautelar

En consecuencia de lo anterior y toda vez que esta institución de procuración de justicia es garante de la legalidad y del respeto de los derechos humanos de toda persona, tuvo a bien solicitar al órgano jurisdiccional la modificación de la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada.

Esta solicitud de medida cautelar de ninguna manera impide que la Fiscalía General del Estado continúe con las investigaciones de actos de corrupción iniciadas, tampoco impide que el Ministerio Público continúe desahogando las diligencias del proceso instaurado en contra del hoy imputado.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Llaven Abarca,  refrenda una vez más su compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho a través de una procuración de justicia más humana, objetiva, imparcial y transparente, siempre al lado de gente.

•    La Fiscalía Contra la Trata de Personas llevó a cabo diligencias de cateo en un domicilio del barrio Tlaxcala, logrando el rescate de 23 menores de edad y la detención de tres personas del sexo femenino 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Derivado de las diligencias de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) con motivo de la búsqueda del menor de edad Dylan Esaú Gómez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, este órgano de procuración de justicia desmanteló una red de tratantes de menores que operaba en esta ciudad, por lo que la Fiscalía Contra la Trata de Personas conoció de estos hechos, comenzó una carpeta de investigación diversa y llevó a cabo diligencias de cateo, logrando el rescate de 23 menores de edad y la detención de tres personas del sexo femenino, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca. 

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas señaló que después de iniciar la carpeta de investigación correspondiente, personal de la Fiscalía Contra la Trata de Personas realizó diligencia de cateo en un domicilio ubicado en el barrio Tlaxcala de San Cristóbal de Las Casas, logrando el rescate de 23 menores, entre ellos tres lactantes de 3 meses, 12 meses, 20 meses de edad, y los demás de entre 2 y 15 años. 

Explicó que de acuerdo con la carpeta de investigación, los menores de edad eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad mediante violencia física y psicológica, mismos que mediante observación clínica de médicos especialistas mostraron desnutrición y condiciones precarias, corroborando vulnerabilidad y riesgo.

Aseveró que por estos hechos fueron presentadas ante el Ministerio Público tres personas del sexo femenino que se identificaron como Maribel o María “N”, María Hortensia “N” y Juana “N”, de quienes se logró establecer su participación en el hecho que la ley califica como delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados.

El fiscal general puntualizó que los menores rescatados fueron atendidos por personal especializado de la FGE y posteriormente canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Estatal DIF Chiapas para su intervención y asistencia, otorgándole seguridad jurídica y resguardo correspondiente, exceptuando de esta condición a los lactantes en atención al principio de la menor separación de la familia, privilegiando el interés superior de la niñez, derivado de su condición de infante y su medio de alimentación.

Finalmente, dio a conocer que las diligencias de investigación continúan con la finalidad de determinar responsabilidades, refrendado su serio compromiso para garantizar el Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco.