En colaboración con el FBI y la Policía Cibernética, la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, ejecutó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, por su probable responsabilidad en el delito de Trata de Personas, en la modalidad de Explotación Sexual, a través de la difusión de Pornografía Infantil, hechos ocurridos en el municipio de Comitán.

En atención a una denuncia recibida por el FBI, elementos de la Policía Especializada detuvieron a Yudiel "N", alias "El Coyote Consentido" y/o "Ronaldfranco", en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez de Control de Comitán, en la causa penal correspondiente, por el delito de Trata de Personas, en la Modalidad de Explotación Sexual, a través de la difusión de Pornografía Infantil, cometido en agravio de quien o quienes resulten ofendidos.

El pasado 17 de diciembre de 2020, el FBI recibió información de una serie de material de abuso sexual infantil del usuario “Ronaldfranco”, las cuales han estado disponibles en la web desde el año 2011. Las víctimas principales del imputado, son dos menores de edad de identidad resguardada.

El usuario "Ronaldfranco" ha sido identificado como un productor conocido de pornografía infantil en varios sitios de la red, con un total de 23 videos y 176 imágenes de pornografía infantil y material de abuso sexual de menores.

El detenido fue presentado ante el Juez de Control para que responda por el ilícito que se le imputa, y fue recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 14 "El Amate", en el municipio de Cintalapa.

• Se detuvo a 74 personas del sexo femenino y 21 del sexo masculino. Se aseguraron cientos de cohetones y decenas de bombas de manufactura casera

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investigara a  normalistas detenidos este martes, por elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando realizaban actos vandálicos en Tuxtla Gutiérrez.

La mañana de este martes 18 de mayo, presuntos normalistas arribaron al crucero del Libramiento Norte y boulevar Vicente Fox Quesada donde obstruyeron de manera violenta el libre tránsito de los vehículos particulares y transporte público.

Aplicando el Estado de Derecho elementos antimotines de un grupo interinstitucional realizó un operativo bajo los protocolos de desalojo que marca la ley, previo diálogo, agotando los medios de conciliación necesarios para evitar esta acción. No obstante, Los normalistas, agredieron a los elementos policiacos, con bombas molotov y cohetones.

Motivo por el cual, fueron detenidos 21 hombres y 74 mujeres, que realizaban diversos actos vandálicos, retención de unidades de empresas transnacionales, unidades del servicio de transporte público de pasaje, daños en edificios públicos, entre otros ilícitos.

Como se recordará, el martes 11 de mayo del 2021, los mismos normalistas retuvieron varias unidades de transporte de la empresa Omnibús Cristóbal Colón y bloquearon la vía pública en la entrada poniente (La Pochota) de Tuxtla Gutiérrez, causando afectación al derecho de terceros del libre tránsito. El día miércoles 12 de mayo causaron daños a edificios públicos y autos particulares. El 16 de mayo, retuvieron un tráiler de la empresa Femsa, cargado con refrescos. La mercancía fue saqueada.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, obtuvo del órgano jurisdiccional, vinculación a proceso, en contra de cuatro personas, como probables responsables del delito de Feminicidio, en el municipio de San Juan Cancuc.

Al valorar los datos de prueba expuestos por el Fiscal del Ministerio Público, el Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, decretó el auto de vinculación a proceso en contra de Fredy “N”,  Francisco Javier “N”,  Elena “N” y  María “N”,  como probables responsables del Feminicidio de Rosa “N”, ocurrido el pasado 09 de mayo del año en curso, en el Río Chacté, ubicado en la comunidad del mismo nombre, municipio de San Juan Cancuc.

El órgano jurisdiccional impuso a los imputados, la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 5 y decretó un plazo de investigación complementaria de tres meses.