* Señalaron que en días pasados, la casa de uno de sus integrantes fue agredida con 16 balazos

 Diego López Hernández, integrante de la Organización Luz y Fuerza del Pueblo, Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), colono del nuevo poblado Santo Tomás municipio de Amatenango del Valle, denunció que integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región  Carranza (OCEZ-RC) balacearon el domicilio de José Luis Jiménez Pérez en la cabecera de Villa Las Rosas.

“La madrugada del 20 de febrero fue agredida con 16 balazos la casa de nuestro compañero Martín Ordoñez, en la cabecera municipal de Villa Las Rosas, porque según los agresores, ya identificados, piensan que asesora a José Luis Jiménez, cuando la responsabilidad y asesoría es de nuestra organización”.

En rueda de prensa, la mañana de este lunes en el parque central de San Cristóbal, denunció que los días 19, 22 y 26 de febrero del presente año, han sido agredidos a balazos además en su domicilio en la zona del vertedor, José Luis Jiménez Pérez, legítimo propietario de las tierras del Rancho La Grandeza del municipio de Amatenango del Valle.

López Hernández mencionó que el desalojo violento y con armas de alto poder del rancho en mención el 29 de marzo de 2016 lastima a los integrantes de Luz y Fuerza del Pueblo, así como las perpetradas el 15 de diciembre de 2016, ya que muestran la forma en que opera La OCEZ-RC.

Recordó que en enero de 2017 elementos que dicen ser de la OCEZ, tomaron siete hectáreas de tierra, propiedad de José Luis Jiménez Pérez en el municipio de Las Rosas, por lo que actualmente lleva un proceso por la vía legal jurídica.

El vocero de la organización Luz y Fuerza, con presencia en 60 municipios, exigió a las diferentes instancias de gobierno y de procuración de justicia, actúen para proteger a sus compañeros.

Advierten que de llegar a suscitarse alguna agresión a algún miembro de esta organización, los responsables serán los integrantes de la OCEZ y las personas que “ya identificamos de las agresiones”.

“Exigimos la intervención de las autoridades y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, parar la ola de violencia que se ha empezado a generar en Villa Las Rosas y en la carretera que conduce de Villa Las rosas al Vertedor”, finalizó.

Busca la OCEZ-RC un dialogo con el Secretario del Transporte Mario Carlos Culebro Velasco para la liberación de dos de sus unidades que fueron retenidas sin ningún fundamento hace más de 15 días, en los hechos ocurridos en San Francisco Pujiltic, municipio de Carranza, donde destruyeron las oficinas de la ruta-Comitán-Tuxtla adheridos a la AMOTAC.

 Huberlain Aguilar, dirigente de esa organización en la zona de Carranza, explicó que esos hechos se los están cargando a ellos, cuando en realidad no lo son, por lo que dijo que siempre han buscado un dialogo y negociación con las autoridades municipales, estatales y federales, sin que hasta la fecha se dé, por lo que, en acuerdo de asamblea, van a decidir si vienen en caravana hasta palacio de gobierno para manifestarse y pedir la liberación de las dos unidades.

 Otro de los temas que atañen a la OCEZ en Carranza son los problemas en materia de justicia, transporte, agrario, salud, educación y político, por lo que vamos a pedir al gobierno del estado tome en cuenta dichas peticiones, porque como organización nos manifestamos de manera pacífica, siempre respetando el estado de derecho para que las autoridades den prioridad especial a nuestras demandas, dijo Huberlain Aguilar-.

 Existen minutas de acuerdo con el Secretario de Gobierno, pero sin avances en torno a los temas a tratar, por eso vamos a realizar las movilizaciones en estos días para que la problemática de Carranza y de la OCEZ se resuelva en base al dialogo y no la violencia.

·         Demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

 Un grupo de aproximadamente setenta habitantes del municipio de Venustiano Carranza iniciaron este martes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

Alfredo López Núñez, vocero de los inconformes informó que desde mayo del citado año un grupo paramilitar encabezado por José Vázquez Hernández, los amenazó de muerte sino abandonaban sus tierras. “No tuvimos otra opción y desde ese entonces buscamos justicia y el resarcimiento de los daños”.

Reveló que en aquel entonces las autoridades, representadas por Secretario de Gobierno, Noé Castañón, firmaron un acuerdo en el que se comprometían al pago por el quebranto económico causado a aproximadamente 119 familias de la comunidad. “Pero es la fecha que no nos resuelven”, señalaron.

Tras una marcha que iniciaron en el Parque “Cinco de Mayo” aproximadamente a las 10:00 horas, los campesinos coincidieron que la autoridad les ha cerrado las puertas para el diálogo. “Exigimos castigo para quienes actuaron en nuestra contra, entre ellos OCEZ,  pues todo lo hemos documentado”, detallaron.

Relataron asimismo que tras ser despojados de sus pertenencias encontraron refugio en la comunidad Trinidad Oquil.

López Núñez aseguró que actualmente en Venustiano Carranza los pobladores viven con temor. “Es un pueblo sin ley, cuya población se encuentra en total indefensión y donde cualquiera pueda secuestrar, robar, matar, es decir, no hay Estado de Derecho en la comunidad. No queremos más ilegalidad”.

Respecto a la cantidad que exigen como indemnización, dieron a conocer que es el monto global de las pérdidas económicas que sufrieron los 119 afectados. “Todos fuimos despojados de manera particular de parcelas, casas, autos y animales de corral. Lo que pedimos es justo”, argumentaron.

Detallaron que inicialmente el gobierno les dio unos terrenos para que trabajaran, sin embargo se trata de superficies cuya tierra es mala, donde no pueden producir ningún alimento, por lo que todos los labriegos deben hallar trabajos temporales en otras regiones para poder sostener a sus familias”.