Tras el término del paro laboral que mantuvieron durante cuatro meses, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que si algún directivo pretende sorprender a los maestros con el intento de ejecutar alguno de los puntos marcados por la reforma educativa, será denunciado ante todas las instancias del movimiento magisterial y popular, además de que se aplicarán sanciones como la expulsión o remoción de la función que desempeña.

La CNTE difundió un documento dirigido a los 57 mil maestras y maestros agremiados de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos instrumentos de la reforma señalan: Escuelas al cien, Tiempo completo, Escuela siempre abierta, PEC,  evaluaciones, entre otros, pasará en Chiapas, "porque la reforma es letra muerta como consecuencia del enorme movimiento vigente que mantenemos".

La Coordinadora destacó que durante los cuatro meses de movilizaciones y protestas su movimiento se fortaleció, y muestra de ello es que la reforma educativa en Chiapas está suspendida y congelada, y "eso es consecuencia de nuestro caminar organizado, unido y disciplinado".

En la carta, la CNTE manifestó que la ruta que seguirán será la de desobedecer, resistir, y luchar, "no tenemos otro camino".

A la par, resaltaron, seguirán exigiendo la ruta jurídica legislativa que les permita lograr la abrogación de “la mal llamada reforma educativa”.

En el documento, la CNTE agregó que continuarán delineando una ruta pedagógica que les permita desarrollar "un verdadero proyectó educativo democrático que emerja de la participación de los maestros y padres de familia, además de la ruta política para hacer válidos nuestros derechos y conquistas para defender el carácter público de la educación".

Los maestros marcharán este lunes 26 septiembre a dos años de la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Habitantes del municipio de Suchiapa denunciaron que la alcaldesa, Norma Patricia Grajales Pola, y su esposo, el segundo regidor, Ranulfo Lláven Abarca, mantienen nexos con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Grajales Pola llegó al poder, luego de que el Tribunal Electoral ordenara la paridad de género, por lo que, su candidatura se debió a que Ranulfo Lláven Abarca –hermano del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis LLáven Abarca- fue bajado para que de esa forma ocupara el cargo de alcaldesa.

El día de ayer, un grupo de pobladores arribaron a la capital, a las oficinas de la UNTA, donde solicitaron el apoyo del dirigente Carlos Humberto Luna López, pues entre los reclamos se encuentran programas y apoyos para los agremiados.

Luna López denunció que a las afueras de la oficina de la organización una patrulla de la policía estatal acreditable ha vigilado el inmueble, por lo que acusó a la alcaldesa y al secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Lláven Abarca de intimidar a los pobladores.

Los habitantes exigen la construcción de obras básicas como son pavimentación y electrificación.

En Suchiapa urge ampliación de la red de luz eléctrica, ampliación de drenaje en la colonia Plan de Mulumi; la construcción de una barda perimetral en una escuela, el mantenimiento de la carretera Suchiapa-Colonia Pacú, así como energía eléctrica en la colonia El Carmen, un camino en el predio Nueva York y la construcción de otro drenaje para la colonia Ciénega.

Sin embargo, ninguna de las obras han sido ejecutadas debido a que la alcaldesa se ha opuesto a ejercer el recurso público para las colonias, señaló el dirigente de la UNTA.

Ante el reclamo de los pobladores, la alcaldesa ha amedrentado a los militantes de la UNTA, enviando policías vestidos de civil, quienes presuntamente son elementos al servicio de Jorge Luis Lláven Abarca.

Ante ello, los habitantes de Suchiapa y Luna López exigieron a las autoridades que Jorge Luis Llaven Abarca “saque las manos” del ayuntamiento, toda vez que la alcaldesa cumpla con las promesas de campaña y ejerza los recursos para las obras prioritarias en las colonias marginadas.  

* Miles de africanos quedan varados en Tapachula;

* investigan red de corrupción que los extorsionan

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-Expulsados por la violencia, la guerra y la crisis económica, en la ciudad fronteriza de Tapachula de este estado sureño una silenciosa oleada de migrantes africanos advierte una emergencia humanitaria. En un día se han llegado a contar hasta 500 mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos que buscan un permiso para transitar por México.

            Para llegar a Tapachula, los africanos primero tuvieron que viajar a Brasil, para luego emprender el periplo en autobuses y camionetas hacia Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá y Guatemala, la última conexión con Centroamérica para ingresar a territorio mexicano a través del río Suchiate.

            Tan pronto los “coyotes” y las bandas delictivas se percataron de la llegada masiva de africanos, las extorsiones y promesas de documentación para continuar con su tránsito hacia la frontera Norte se multiplicaron, reconoce Jordán de Jesús Alegría Orantes, delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM).

            Las redes de traficantes están conformadas por ex agentes del INM y pobladores de la región.

            Por ello, las autoridades han abierto líneas de investigación para ubicar a los ex funcionarios públicos que comercializan documentos apócrifos a extranjeros de África y Asia, cuya migración se ha disparado.

            Alegría Orantes ha reconocido que la participación de ex funcionarios es cada vez mayor. Ofrecen asesoría a las y los migrantes que llegan por la Frontera Sur y los “enganchan” para conseguirles un permiso que les permita permanecer hasta por tres semanas en territorio mexicano, pero el documento es falso.

            En los últimos meses, la autoridad mexicana ha detenido a unos 60 africanos quienes han acusado de ser extorsionados por ex agentes de migración. Les venden documentos apócrifos que van desde los 100 hasta los 500 dólares.

            Se trata de la expedición de “salvoconductos” –un permiso por 20 días de estancia en el país- a los migrantes africanos y asiáticos para continuar su travesía por México a Estados Unidos.

La espera

            En la Estación Migratoria Siglo XXI, mujeres, niñas, niños y hombres cargan con mochilas, bolsas de plástico con alimentos y ropa ligera. Formados en interminables filas, acuden a solicitar un salvoconducto. Para ello tendrán que esperar hasta 10 días debido a la demanda que ha sobrepasado al personal y por ende a contratar más agentes, admitió el delegado del INM.

            Alegría Orantes asegura que la llegada masiva de Africanos –la gran mayoría, procedentes de la República Democrática del Congo, Somalia y Haití- es atípica, pues no hay antecedentes en la frontera sur.

            Expuso que los conflictos armados y políticos en sus países han empujado a los africanos a migrar para conseguir una mejor vida para sus familias.

            En la Estación Migratoria de Tapachula, este año se tiene el registro de hasta 800 migrantes africanos que en un mes han buscado un permiso de salida.

            En 2015, el INM contabilizó a tres mil africanos y asiáticos que llegaron a Tapachula en busca del permiso humanitario. Para este año, de enero a la fecha la cifra se ha disparado en ocho mil.

Sin embargo, en Tuxtla Gutiérrez, las cuotas escolares van de los 450 hasta los mil 300 pesos por cada alumno.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- A pesar que el “acuerdo político” entre la CNTE y el gobierno federal contemplaba el regreso a clases este lunes, varias escuelas de la capital no iniciaron clases del ciclo escolar 2016-2017, debido a los procesos de inscripción y entrega de documentación que fue suspendido por el paro laboral de cuatro meses.

La Secretaría estatal de Educación informó que un millón 776 mil 630 alumnas y alumnos de los niveles básico y medio habrían de regresar a clases tras el paro laboral que los maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron el 15 de mayo pasado y que concluyeron el 16 de septiembre, al acordar el regreso a clases a cambio de suspender de facto la reforma educativa hasta el 18 de diciembre de 2018.

En el estado, el padrón de escuelas de los sistemas y sub sistemas de educación en su totalidad es de 19 mil 336, y 80 mil profesores.

De acuerdo con autoridades, mil 536 docentes de la Sección 40, y 35 mil 78 docentes de la Sección 7, se incorporaron a sus clases en unas 12 mil 952 escuelas.

En Tuxtla Gutiérrez, varias de las escuelas primarias no reiniciaron clases debido a que se recibe documentación y pagos para las inscripciones: los profesores han acordado un diálogo con los padres de familia para delinear las estrategias que aplicarán para retomar los planes educativos.

Al respecto, José Luis Escobar Pérez, vocero de la Sección 7 del SNTE, indicó que a ningún padre de familia se le debe exigir el pago de inscripción en las escuelas públicas, porque la “educación pública es gratuita”; sin embargo, en Tuxtla Gutiérrez, las cuotas escolares van de los 450 hasta los mil 300 pesos por cada alumno.

Los maestros adheridos a la CNTE se han comprometido a recuperar las clases perdidas con horas extras e incluso laborando sábados.

Por ahora, la Sección 7 del SNTE ha anunciado movilizaciones el 26 de septiembre por el segundo aniversario de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, y el 2 de octubre por el cumplimiento de 48 años de la matanza de Tlatelolco.