Alrededor de mil 500 personas entre maestros del Bloque Democrático de la sección VII del SNTE- CNTE, normalistas de la Jacinto Canek, Manuel Larraínzar y desplazados del predio irregular la Libertad, llevaron a cabo un bloqueo total en el kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas- Tuxtla Gutiérrez.

A eso de las 09:14 horas de este lunes, dio inicio el bloqueo que se había anunciado como parte de la movilización magisterial y popular, en varios puntos de la entidad chiapaneca entre ellos San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Arriaga, Playas de Catazajá, Tuxtla, Comalapa y Venustiano Carranza.

En entrevista los mentores dijeron que está acción es para denunciar la política que dejan los gobiernos salientes a nivel federal y estatal por el endeudamiento que a los trabajadores de la salud, educación, burócratas y por la falta de reconstrucción de las aulas que se calleron con el terremoto del año pasado.

"Ante toda esa negativa y sobre todo con compromisos firmados pasaron las fechas y no hay pago para los compañeros que ascendieron en el proceso de cadenas de cambios y ascensos anteriores, asi también hasta ahorita las promesas de reconstrucción de escuelas no se han dado aunado a una serie de problemáticas que se vienen desarrollando a nivel local", aseveraron.

Dejaron en claro que el Magisterio está en disposición de dialogar "no somos radicales ni estamos en confrontación, pero también nos reservamos el derecho de movilizarnos cuando sea necesario. La dinámica a nivel estatal es el bloqueo a las empresas transnacionales, iniciamos con bloqueo total y luego daremos un tiempo de salida para los particulares".

Finalmente aseguraron que el bloqueo se levantará dependiendo de la respuesta del gobierno y que este de una solución inmediata a todas las demandas, ya que son más de 200 millones de pesos que se le adeuda únicamente al magisterio.

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con el financiamiento de la Secretaria de Cultura, a través del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI), realizará el Coloquio Patrimonio Cultural Inmaterial: Derechos y Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas, del 8 al 10 de noviembre de 2018, en San Cristóbal de Las Casas.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Enrique Pérez López, director del CELALI quien dijo que este Coloquio es un tema que tiene una gran vigencia hoy día, toda vez que existe una mayor exigencia para el reconocimiento del derecho colectivo, pero no a cualquier derecho, sino al derecho a la propiedad intelectual colectiva sobre los conocimientos, usos, expresiones, técnicas que los pueblos indígenas tienen dentro de sus comunidades".

Agregó que la propiedad intelectual es algo que le compete a toda la sociedad, pero también es un asunto que compete inminentemente a quienes están encargados de hacer un marco jurídico que proteja estos derechos, es decir, al poder legislativo a nivel estatal y federal.

Por otro lado, mencionó que al existir un vacío en México para la protección y reconocimiento de estos derechos de propiedad intelectual colectiva, conlleva plagio de diseños artesanales por empresas no solo mexicanas sino también extranjeras como son las: españolas, estadounidenses, indonesias, británicas, etc., empresas que han plagiado diseños, escondiéndose bajo el llamado “homenaje y reconocimiento como parte de la inspiración del Arte mexicano”.

Refirió que según datos de la Organización Impacto, publicado por el Financiero, en el 2008, hubo un plagio, 2014 hubieron dos, 2015-2016 hubieron tres, 2017 hubieron cinco y 2018 van doce plagios, lo que significa que va en aumento la explotación artesanal de manera comercial, sin que las comunidades tenga participación en este tipo de usufructo de sus conocimientos.

Ante esto, en el plano nacional e internacional hacen que la propiedad intelectual colectiva, en las comunidades no tengan un instrumento de defensa de estos procesos de extracción de sus conocimientos, porque no solo es en el plano artesanal, diseño textil, sino también en los conocimientos que han hecho con las plantas medicinales, sobre cuestiones alimentarias, sobre la música, sobre el uso de imágenes que son utilizadas para publicidad de diversos productos, lo que ha hecho que la utilización de la cultura y conocimientos tradicionales vayan en aumento y que no hay nada que ponga límite o reglamento, acotó.

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• Una jueza del ramo penal de San Cristóbal de Las Casas liberó ayer a un feminicida confeso que asesinó en junio del 2013 a una joven de 21 años, por lo que los padres de la víctima protestaron hoy frente al Poder Judicial.

Tras la manifestación, la jueza fue cesada de su cargo y sujeta a un proceso de investigación.

Ayer lunes, la jueza Isabel Álvarez Ramos, dictó sentencia absolutoria a favor de Omar Fernando Rosales Toledano, según el expediente penal 28/2018, instruido por feminicidio en contra de esta persona por haber asesinado a un hotel y posteriormente tirado en una barranca bajo un puente, el cuerpo de Viridians Flores Ramírez, de 21 años, quien era la madre de su hijo.

Tras el crimen perpetrado en la madrugada del 8 de junio del 2013, Rosales Toledano, huyó de San Cristóbal de Las Casas, pero cinco días después fue capturado la mañana del 13 de junio en un hotel de Tapachula y estuvo recluido estos cinco años en el penal El Amate.D

De acuerdo con las investigaciones, Rudy Norberto Nájera Flores ayudó al autor material del feminicidio a trasladar y arrojar el cuerpo de la mujer a un barranco desde el puente San Cristóbal, donde fue hallado por personal pericial el 12 de junio.

El joven Rosales Toledano confesó el crimen, sin embargo, tras cinco años de juicio, ayer la jueza Isabel Álvarez Ramos determinó dictar la sentencia absolutoria. El caso cobró relevancia porque el joven feminicida era asistente del senador del PVEM, Luis Armando Melgar, ejecutivo del consorcio televisivo de Grupo Salinas.

Hoy los padres de Viridians, Juan Carlos Flores y Guadalupe Ramírez, protestaron junto a un grupo de amigos y familiares en contra de esta sentencia y denunciaron que en todo el proceso hubo una serie de irregularidades para favorecer al feminicida ahora liberado.

Señalaron sentirse decepcionados del sistema de impartición de justicia en Chiapas y que no entienden ese doble discurso de las autoridades de procuración y administración de justicia en Chiapas, quienes por un lado presumen investigar y sancionar a los feminicidas, cuando en realidad se les libera.

“Es por estas situaciones que se justifica la justicia por propia mano, uno se siente frustrado, uno espera de ellos que actúen con rectitud y honestidad, apegados a derecho, sin embargo, liberan a los criminales, y ahora nosotros tenemos que cuidarnos porque estamos amenazados por denunciar la injusticia”, dijo el padre de Viridians.

Activistas de diversas organizaciones civiles señalaron que no es la primera vez que la jueza Isabel Álvarez Ramos libera a un feminicida, puesto que en otras ocasiones había actuado de forma similar.

El 22 de diciembre de 2017, Mariano Sánchez Pérez, fue detenido por pobladores del municipio de Chalchihuitán y puesto a disposición de las autoridades, por el feminicidio de Marcela Sánchez Girón.

El día jueves 25 de octubre de 2018, Sánchez Pérez fue puesto en libertad por Álvarez Ramos.

“Acciones como éstas, de omisión y complicidad ante la violencia feminicida, demuestran la falta de compromiso de las autoridades para prevenir y erradicar la violencia de género en Chiapas”, dijo Selene Domínguez, del Frente Feminista de Chiapas.

La Secretaría Ejecutiva del Concejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, María Itzel Ballinas Barbosa, dijo que la sentencia de la jueza no es definitiva y que ésta es la primera instancia, por lo que cabe para las partes interponer el recurso de apelación en contra de esta misma sentencia con el juicio de amparo indirecto.

Dijo que las y los juzgadores, son autónomos en sus resoluciones, y por ende no tienen obligación de consultar con nadie sus obligaciones. Que ni los magistrados, ni los consejeros, ni el presidente del Poder Judicial del Estado están facultados legalmente para instruirlos para que se pronuncien en determinado sentido.

La vocera expuso que ese Consejo de la Judicatura ordenó de inmediato una investigación, por lo que se formó un grupo de magistrados expertos dedicados a revisar el debido proceso, por lo que tomarán cartas en el asunto del Caso Viridians.

Se determinó que existen elementos suficientes para suspender en sus funciones en los términos que marca la ley, a la jueza Isabel Álvarez, así como a la secretaria de acuerdos y la actuaria de dicho órgano jurisdiccional, por la probable responsabilidad en que podrían haber incurrido en el desempeño de sus funciones y de tener lugar, la suspensión definitiva, tras la intervención del Ministerio Público para que proceda según sus atribuciones.