·         Las denuncias se recibirán en las oficinas de esta dependencia en la UAM edifico B de 8 a 16 horas, de lunes a viernes.

San Cristóbal de las Casas.- La Procuraduría Federal del Consumidor Delegación San Cristóbal, redoblará los operativos de vigilancia en comercios, desde este 12 de septiembre, con motivo a las festividades patrias, informó el responsable de esta Dependencia, Carlos Jorge Ramos Mandujano.

 “Con motivo a  las fiestas patrias que comenzarán el día 12 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor Municipal y la Delegación de PROFECO en el Estado, reforzarán sus acciones que van encaminadas en vigilar que los precios que se ofertan en los diferentes giros comerciales, cumplan a cabalidad lo estipulado por la ley y a la vista del consumidor”, explicó.

Precisó que donde se estará implementando este operativo, será en restaurantes, cafeterías, bares, restaurant bar, hoteles, posadas, terminales de autobuses, entre otros, ya que para los próximos días se espera un incremento importante de visitantes, tanto del interior del Estado como de otras partes de la República Mexicana, para gozar de la máxima fiesta de los mexicanos.

Invitó a la población en general a denunciar cualquier abuso tanto en el trato como mala calidad en el servicio y precios desfasados, en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, ubicadas en el edificio “B” de la Unidad Administrativa Municipal, planta baja, de 8 a 16 horas, de lunes a viernes, o al celular 967-167-31-14.

·         El propósito fundamental de esta sesión es que cada dependencia presente los compromisos que asume para la solución real de la problemática ambiental de San Cristóbal.

San Cristóbal de las Casas.- Integrantes de la Asamblea Popular de San Cristóbal informaron que este miércoles, desde las 10:30 horas, con la participación de la representación de esta agrupación y de 18 titulares de igual número de dependencias estatales y federales, se realizará la tercera sesión de la Mesa Cuatro.

El propósito fundamental de esta sesión es que cada dependencia presente los compromisos que asume para la solución real de la problemática ambiental de San Cristóbal, problemática que la Asamblea Popular, en sesiones previas, planteó en nueve temas eje y además propuso la alternativa de solución, dieron a conocer en un comunicado.

Por lo anterior llamaron a la población a que los respalden y se dé solución a los temas de reservas ecológicas, áreas verdes, humedales y manantiales, bancos de arena, márgenes y saneamiento de ríos.

Los temas a tratar están conservación del agua subterránea entregada a la Coca Cola y eficiencia del Sapam, colectores, drenaje profundo, plantas de tratamiento de agua, mantenimiento de sumideros y reconstrucción del túnel, así como el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.

Además se tratarán la reubicación del rastro y atención adecuada a la fauna doméstica y silvestre, mecanismos efectivos para la denuncia y castigo por la destrucción del medio ambiente, entre otros.

Adelantaron que en los próximos días ofrecerán una conferencia de prensa para informar los avances en cada una de las cinco mesas de trabajo entre esta asamblea y los gobiernos federal y estatal.

El propósito fundamental de esta sesión es que cada dependencia presente los compromisos que asume para la solución real de la problemática ambiental de San Cristóbal.

·        La Segunda Sala consideró que la privación de la libertad no le compete al Ministerio Público, sino al juez, quien cuenta con las facultades de emitir las resoluciones que incidan en la libertad de las personas

APRO

Ciudad de México.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a habitantes de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, quienes solicitaron una indemnización de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que fueron privados indebidamente de su libertad.

El máximo tribunal de justicia del país resolvió en contra del amparo directo interpuesto por los indígenas tzotziles Manuel “N” y Pedro “N”, al considerar que le corresponde a un juez federal determinar la culpabilidad de los elementos del Ministerio Público (MP).

Al emitir su fallo, la Segunda Sala consideró que la privación de la libertad no le compete al Ministerio Público, sino al juez, quien cuenta con las facultades de emitir las resoluciones que incidan en la libertad de las personas, ya sea mediante orden de aprehensión, auto de formal prisión, auto de vinculación a proceso o sentencia definitiva, según sea el caso.

Además, la SCJN consideró que, en caso de que los jueces emitan una sentencia absolutoria, obligaría a que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado siempre deba otorgarse una indemnización por la actividad administrativa irregular, a pesar de que el Ministerio Público de la Federación hubiese cumplido con sus funciones constitucionales y legales de argumentar (con base en los indicios recabados y las diligencias investigadoras realizadas), las razones por las que en la causa en cuestión se advirtió la probable existencia del conjunto de los elementos que constituyen la materialidad del hecho delictivo.

Los agentes del MP investigados por este hecho, podrían ser sujetos a responsabilidad penal o administrativa, u obligados a pagar la reparación del daño en otras vías cuando se demuestre que actuaron dolosamente de manera contraria a la ley.