* 211 colonias de la capital  podrían quedar sin agua debido a los actos vandálicos cometidos por invasores a las instalaciones del SMAPA; piden se les aplique la ley

 Actos vandálicos realizados por invasores de la Reserva del Cañón del Sumidero, en la infraestructura de agua potable del  Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, ponen en riesgo el abasto del vital líquido a algunas colonias de la capital chiapaneca.

Los pandilleros  incendiaron el pasado miércoles un tramo de la tubería de 30 pulgadas de diámetro que atraviesa parte de la Reserva del Cañón del Sumidero, a la altura de las colonias San Pedro Progresivo y Arroyo Blanco. Asimismo, para ordeñar y obtener ilegalmente el vital líquido para su consumo, aflojaron tornillos de la tubería, lo que provocó tres fugas en diferentes partes de la infraestructura.

En este sentido, personal del SMAPA realizó un recorrido y revisión puntual de la tubería que abastece a 211 colonias de la ciudad, como resultado de estas acciones se constató que la tubería no se vio afectada por el incendio y la fuga ya fue controlada por el personal del Organismo.

Sin embargo, el riesgo es latente, toda vez que posteriormente podrían presentarse otros daños en la infraestructura que derivarían en afectaciones en el suministro de agua.

Cabe destacar que en días pasados se presentó una situación similar de un incendio provocado que afectó a la  tubería hidráulica de PVC de 12 pulgadas de diámetro, ubicada en la Col. San Pedro Progresivo, lo que ocasionó la suspensión temporal del servicio de agua en algunas colonias de la zona Norte-Oriente de Tuxtla.

Ante estas situaciones, SMAPA exhorta a la población a reportar daños provocados por terceros a la infraestructura hidráulica, toda vez que se trata de redes de tuberías de diámetro grande y alta presión que distribuyen el agua a amplias zonas de la ciudad y por ende afectan a miles de habitantes de nuestra capital.

 Joaquín Zebadúa Alva, director Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, señaló que esperan que siente precedentes el desalojo a la invasión de un polígono en la reserva Cañón del Sumidero, realizado este jueves.

         Tras el desalojo donde un grupo de personas pretendía asentar la colonia Flores Magón, colindantes con las colonias San Pedro Progresivo y Paulino Aguilar, al ser entrevistado agradeció a las autoridades estatales y municipal el acompañamiento que dieron para que se cumplimentara esta acción derivada de demandas que interpusieron ante la PGR y la FEPADA.

Señaló que esto permita continuar con las otras siete invasiones que se tienen en la reserva natural Cañón del Sumidero desde 2013; una ya está en proceso jurisdiccional el cual está muy cerca de concluirse, por lo que se espera que el juzgador determine la restitución del bien.

Las otras seis están en un proceso similar a lo que ocurrió este jueves, donde se podrían detonar acciones similares de desalojo, porque el Cañón del Sumidero es un bien público, para el disfrute de la colectividad por los servicios ambientales que brinda a la sociedad, como la regulación climática, retención de suelos, mitigación a los efectos del cambio climático y de recreación, además que genera ingresos a miles de familias por el turismo.

Dijo que tan solo en la invasión donde unas personas pretendían asentar la colonia Flores Magón comprende 11 hectáreas, y 38 hectáreas en las otras siete invasiones pendientes de atenderse, donde a cuatro años de haberse dado las primeras todavía se pueden revertir los daños provocados. Inclusive se tienen presupuestos para que en el momento en que sean recuperados esos polígonos iniciar los procesos de restauración.

Zebadúa Alva insistió en que el desalojo de este jueves esperan que mande el mensaje a las organizaciones ambientalistas y las cámaras empresariales que pidieron se impidiera esa invasión, de que hay una respuesta a la solicitud. En tanto, a las personas que se han dejado engañar por líderes corruptos, que vean que no hay ninguna posibilidad que queden ahí.

Dijo que se entiende que hay una necesidad de vivienda, pero las áreas naturales protegida no pueden usarse para ello, porque son herramientas que el Estado Mexicano ha generado para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. 

Durante las primeras horas de este jueves, elementos del grupo interinstitucional encabezaron un operativo pacífico que permitió la restitución de un predio al interior de la Reserva Natural Cañón del Sumidero.

En estas acciones participaron elementos de la Policía Especializada de la PGJE, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), así como personal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, Fiscalía Especializada en Grupos Sensibles y Vulnerables, y Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Además, representantes de la Secretaría General de Gobierno, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El Fiscal de Distrito Metropolitano, Nery León Aragón, dio a conocer que la restitución del predio responde a una denuncia formal y que en todo momento se privilegió el diálogo con los invasores.

Asimismo, sostuvo que “todos sabemos que la Reserva Natural Cañón del Sumidero es un pulmón no sólo para Chiapas, sino para México, por lo cual estamos obligados a defender todos y no permitir asentamientos que atenten contra el equilibrio ecológico”, afirmó.

Por otra parte, León Aragón señaló que la Procuraduría trabaja de la mano con las instancias estatales y federales para prevenir y combatir los delitos ambientales en todas las regiones de la entidad.

Cabe destacar que, las personas que se encontraban en el asentamiento desalojaron la Reserva Natural de manera pacífica, por lo que posteriormente fue restablecido al Gobierno Federal como su legítimo propietario.

En este operativo fueron detenidos Mario “N”, Humberto “N”, Dilan “N”, Homero “N”, Óscar “N”, Salatier “N”, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de Distrito Metropolitano para que sea la autoridad competente quien resuelva su situación jurídica.

De esta forma, el Gobierno de Chiapas refrenda el compromiso de velar por el Estado de Derecho y garantizar el acceso a una justicia integral, sin distingo alguno.