La reciente detención de Yoel Alter, identificado por autoridades federales como integrante y operador de la secta Lev Tahor, vuelve a exhibir una realidad incómoda: la persistencia de estructuras criminales que operan durante años ante la mirada tardía o permisiva del Estado.

Alter es acusado de trata de personas y matrimonios forzados, delitos que, de acuerdo con las investigaciones, se cometían principalmente contra menores de edad, obligados a integrarse a un sistema de control absoluto bajo el disfraz de prácticas religiosas. No se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi documentado internacionalmente, atribuido desde hace años a Lev Tahor.

La secta mantiene presencia en Chiapas al menos desde 2017, con reportes constantes de abusos, aislamiento, sometimiento de mujeres y niños, y el traslado irregular de personas entre países. En 2022, el rescate de 17 menores en las inmediaciones de Tapachula confirmó que las alertas no eran infundadas. Aun así, el grupo continuó operando.

El caso de Yoel Alter resulta especialmente inquietante porque ya había sido detenido en Guatemala, lo que plantea una pregunta inevitable:
¿por qué alguien señalado por delitos tan graves podía encontrarse en libertad y moviéndose en territorio mexicano?

La falta de una explicación clara por parte de las autoridades abre la puerta a sospechas de fallas en la cooperación internacional, vacíos legales o negligencia institucional. En cualquiera de los escenarios, el costo lo pagan siempre los mismos: los menores de edad.

La prisión preventiva dictada contra Alter es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión profunda sobre cómo y por qué Lev Tahor logró asentarse durante años en Chiapas, pese a antecedentes públicos, denuncias previas y rescates documentados.

Este caso no solo exige justicia penal. Exige también rendición de cuentas, porque cuando una red de abuso logra sobrevivir tanto tiempo, la responsabilidad no recae únicamente en sus líderes, sino también en quienes debieron impedirlo y no lo hicieron.

San Juan Chamula, Chiapas.25 de diciembre de 2025.- Un fuerte accidente vehicular se registró en la localidad Laguna Grande, municipio de San Juan Chamula, luego de que el conductor de una unidad tipo estaquita perdiera el control al circular a exceso de velocidad, saliéndose de la cinta asfáltica y cayendo a un río.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó únicamente daños materiales, ya que el conductor resultó ileso, evitando así consecuencias mayores. Habitantes de la zona acudieron de inmediato para auxiliarlo y dar aviso a los cuerpos de emergencia.

Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar cuidados en carreteras de la región, donde las condiciones del camino pueden representar un riesgo.

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Un menor de 13 años perdió la vida tras un choque ocurrido en el bulevar Colosio, luego de salir a dar una vuelta en una motocicleta que le fue prestada por su padre como regalo de Navidad. Otro menor que lo acompañaba resultó lesionado.

El accidente ocurrió cuando ambos circulaban por el cruce de Colosio y 21 de Febrero, donde una camioneta Explorer color verde los impactó de costado. El adolescente murió en el lugar, mientras que su acompañante fue auxiliado y trasladado a un hospital.

La escena posterior fue devastadora: la madre abrazando el cuerpo sin vida de su hijo y el padre en estado de shock, sin poder asimilar que una decisión tomada minutos antes terminó en una tragedia irreversible, en hechos registrados en Nayarit.

El caso deja una dura lección sobre la responsabilidad de permitir que menores conduzcan vehículos motorizados. La Navidad quedó marcada por una pérdida que pudo evitarse. Carlos “N”, descanse en paz.

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