Patente de impunidad

La violencia en las comunidades indígenas parece no tener fin. Si nos causa horror ver las imágenes de las guerras en el Oriente Próximo o cómo un loco tirano asesina a sus semejantes en Siria, en al menos dos pueblos de los Altos de Chiapas, Oxchuc y Chenalhó, se repite una y otra vez la historia de salvajismo dando vida a la frase de Thomas Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre.

Los referidos Usos y Costumbres son algo así como la justicia por propia mano. En términos más precisos, los antropólogos los definen como una forma de autogobierno indígena, como un conjunto de normas heredadas por generaciones venidas desde los tiempos pre-coloniales que a lo largo de los años han evolucionado aunque de manera rudimentaria, sin equidad de género, disconforme con las leyes constitucionales y de acuerdo a las conveniencias del momento o por las circunstancias, como las guerras de la Conquista, por ejemplo.

En la práctica, los usos y costumbres son patente de impunidad. Es el derecho de linchar porque alguien accidentalmente mató una gallina, o un perro, o un burro, y tiene que pagar con su propia sangre.

Cuando el autogobierno indígena entra en acción, se cae en una crisis de autoridad donde nadie puede detener la violencia justiciera, ni los golpes, ni los machetazos, ni la lapidación, tampoco la muerte de los hombres que son quemados vivos ante la comunidad.

El Estado de Derecho, el gobierno democrático y la soberanía constitucional, no son nada ante el salvajismo que protegen y permiten los usos y costumbres.

Es un tema complicado que no podrá resolverse por decreto. Es necesario que las autoridades, Congreso y gobierno del estado, realicen un plan integral y estratégico basado en la educación desde temprana edad para ir, paulatinamente, desterrando prácticas deleznables que atentan contra el respeto y el Derecho en esas comunidades.

Si no se hace, entonces continuaremos conviviendo con la violencia en esos pueblos.

*Ya hay denuncia penal porque no han podido comprobar el destino de los recursos públicos, revela funcionario encargado de combatir la corrupción

 El auditor presidente del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, Alejandro Culebro Galván, reveló este miércoles que esta entidad ha presentado 15 denuncias penales contra ex presidentes municipales que no han podido comprobar el destino de los recursos públicos.

"No se trata de una cacería de brujas, sino simplemente de aplicar la ley, tampoco tiene qué ver con temas políticos o partidistas", dijo Culebro Galván en una entrevista. Sin precisar qué ayuntamientos o ex alcaldes han sido acusados penalmente, reiteró que la ley se debe cumplir y "todos estamos obligados a respetarla".

Al hablar sobre la ley anticorrupción que debe entrar en funciones a partir de julio de este año, dijo que en Chiapas se ha dado un gran paso porque sólo Chiapas y Nayarit son los estados en los que se ha avanzado en un sistema jurídico para castigar ejemplarmente la corrupción en todos los niveles.

Explicó que el sistema anticorrupción permitirá una rendición de cuentas mucho más expedita, en tiempo real. Habrá procesos mucho más ágiles y eficientes y dotará al órgano de fiscalización de dos unidades nuevas: la de sustanciación y la de investigación; "esto nos dará la facultad de investigar conductas graves".

"El sistema como tal es un sistema muy novedoso, muy moderno, incluso a nivel mundial, pero aquí el eje principal son las personas encargadas de implementar ese sistema estatal anticorrupción", detalló Galván.

Señaló que  Ley y el Sistema Estatal Anticorrupción van a funcionar siempre y cuando las personas que estén al frente de esto cumplan la Ley y la hagan cumplir.

Galván precisó que recientemente, la dependencia a su cargo multó a  800 servidores públicos municipales por no entregar en tiempo y forma su cuenta pública, y esto incluye presidente municipales, tesoreros  y en algunos casos regidores y el síndicos.

 "Eso no pasaba, entonces la Ley nos marca muy claro: si los responsables de entregar la cuenta pública no cumplen, se hacen acreedores a una multa, así lo marca la Ley; y si reinciden se les duplica la multa y si reinciden otra vez, automáticamente se hacen acreedores a una denuncia penal", puntualizó el funcionario.

AHORÁ SÍ

Con las estrategias anticorrupción en Chiapas, se espera una mayor vigilancia de los recursos públicos y lógicamente sanciones más severas para quienes incurran en actos de corrupción, además de que serán monitoreados los partidos políticos, asociaciones civiles y todas aquellas organizaciones que ejerzan dinero público.

Es importante mencionar que para 2017 las participaciones fiscales federales serán vigiladas y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) podrá auditar, en tiempo real, cualquier recurso económico que se ejerza en la entidad, situación que antes no ocurría.

El Sistema Anticorrupción Estatal contendría la Ley del sistema anticorrupción de Chiapas,  Ley de justicia administrativa, Ley orgánica de la fiscalía general, Ley de fiscalización superior y Ley de responsabilidad administrativa.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), infirmó este miércoles por la noche que investiga la muerte de Lorenzo Sántiz Álvarez, hijo del ex presidente municipal sustituto de Chenalhó; y descartó categóricamente que se tratara de un suicidio. 

De acuerdo a las investigaciones, los hechos se habrían registrado a las cuatro de la tarde en la comunidad Santa Marta, donde horas después habitantes del lugar localizaron el cuerpo sin vida.

La dependencia estatal señaló que la Necropsia determinó que la muerte se produjo por dos heridas provocadas por arma de fuego de calibre 22.

 Detalló que un disparo ingresó a la altura de la séptima costilla del lado derecho y se alojó en el pulmón izquierdo, mientras que el segundo ingresó por debajo de la ceja derecha alojándose en la cabeza.

Además, las periciales en criminalística determinaron que la bala encontrada en el cuerpo de la víctima corresponde al calibre 22, por lo que aunado a la posición de la víctima y a las entradas y salidas de ambos disparos, se determinó que se trata de un homicidio.

En el lugar, peritos de la Procuraduría localizaron una pistola tipo escuadra del calibre 9 mm, abastecida con 13 cartuchos organizados del mismo calibre, así como una mochila que contenía 20 cartuchos calibre 9 mm y 19 cartuchos del calibre 22.

Cabe destacar que por estos hechos se dio inicio a la Carpeta de Investigación 131-078-1001-2017 por el delito de Homicidio calificado.

En las próximas horas, se llevarán a cabo, entre otras diligencias, la pericial de víctima-victimario, balística comparativa, prueba de rodizonato de sodio, prueba de Walker, y se recabarán testimonios con el objetivo de identificar plenamente a los responsables de estos.