El pasado sábado en Tuxtla, los maestros de la “combativa” Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dieron muestra una vez más de uno de sus métodos de “lucha”, al que cada vez recurren con más frecuencia, como es la toma de gasolineras, en donde “liberan” este tipo de establecimientos para repartir entre la población gasolina gratis.

Más allá del dilema ético y moral de cada ciudadano, de que si es o no partícipe en lo que es un claro delito, encuadrado en el robo de combustible, hay otros aspectos como el de la seguridad.

Estoy seguro que los maestros, al igual que quienes llegan a que les llenen el tanque de sus vehículos con gasolina gratis, son conscientes de los riesgos que corren por el manejo de las bombas de combustibles por manos inexpertas.

Pero más allá, hay otros aspectos por los cuales desde hace años la CNTE es considerada ya como un factor que pone en riesgo la seguridad nacional. Y es que en estos casos México sólo almacena gasolina para 2 días, lo que vulnera su seguridad nacional de acuerdo a expertos. En otros países se cuenta con una reserva para 3 meses o más, mientras que México caería en desabasto tras 48 horas sin recibir combustible.

De acuerdo a la redacción del SDPNOTICIAS.COM, Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo cuenta con la capacidad de almacenar gasolina para abastecer al mercado nacional por dos días, cuando en otros países por ley debe guardarse combustible por hasta 90 días en caso de alguna emergencia.

Esta situación representa un riesgo mayor para la seguridad nacional si se toma en cuenta que más de la mitad de la gasolina del país es importada, por lo que un conflicto internacional dejaría al país paralizado en cuestión de horas, sobre todo si se toma en cuenta la gran dependencia a los combustibles fósiles que existe en México debido a que no contamos con una red de ferrocarriles de pasajeros.

Además, en México no existe alguna política pública para emergencias, a diferencia de otros países donde el gobierno tiene acceso libre al combustible en manos de particulares u obliga a las empresas energéticas a almacenar gasolina para varios meses, mismas que deben corren con los gastos que esto representa.

De acuerdo con datos recabados por El diario, Estados Unidos y China tienen reservas por 3 meses, mientras que Francia guarda en estructuras militares combustible para 98.6 y tiene derecho al 27% de la gasolina utilizada por particulares para la industria.

En el caso de Japón y Sudáfrica, estas naciones tienen gasolina para 70 y 60 días, respectivamente, mientras que India sólo almacena combustible para 3 días, pero ya construye infraestructura para guardar 90 días.

En este caso, legisladores como el senador panista por Campeche Jorge Lavalle, miembro de la Comisión de Energía, lamentó esta situación que nos deja en la indefensión. “Sí es una situación muy delicada, con las TARs (Terminales de Almacenamiento y Reparto) que tenemos disponibles la rotación o la capacidad de inventarios que tenemos de hecho es menor a las 48 horas, anda por debajo de las 40 horas”.

“Es decir que en México, si no reciben cargamento en 48 horas, automáticamente hay un desabasto en cualquier parte de la República, por ejemplo, la terminal de Progreso tiene 48 horas y es la que se encarga de suministrar toda la península de Yucatán”, expuso.

Acá en Tuxtla las gasolineras cerraron 24 horas y todos entraron en pánico….

Para cuando Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales
(FEPADE), detallaba —sin detalles— la “investigación” que llevó a la detención de la ex-consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Margarita Esther López Morales, ésta ya tenía en sus manos el beneplácito de un juez para abandonar el penal de “El Amate”, bajo fianza. Una fianza ridícula. ¡Quince mil pesos!

Desde que se inició el proceso de investigación, el cabildeo entre fiscales, jueces, implicados, políticos y personeros gubernamentales fue intenso. Se buscaba evitar un daño mayor a la institución electoral. Y, por supuesto, a los grandes beneficiados de un proceso duramente criticado, por la falta de criterios democráticos. Se dictaron, en al menos tres ocasiones, las respectivas órdenes de aprehensión. 

En cada una, los nombres de los ex consejeros y ex-consejeras que habrían de ser parte del show, fueron removidos, excepto los de una ex-funcionaria administrativa del IEPC y de uno de los representantes de la empresa acusada de haber implementado el ahora llamado “fraude cibernético”. Un tercer empleado de alto rango de la dependencia, fue excusado en la última orden, así como dos representantes de la compañía que elaboró el falso padrón de chiapanecos residentes en el extranjero. 

Inicialmente, se había incluido a las cinco ex-consejeras y dos ex-consejeros. Filtraciones acordadas desde el Juzgado de Distrito donde se radicó el asunto y de la misma FEPADE, alertaron a los involucrados, quienes acudieron a diversos personajes de la política para solicitar su intervención. “Amenazaron con delaciones de alto riesgo”, contó una fuente que, por obvias razones, solicitó el anonimato. 

Para la segunda orden de arresto, María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidenta y principal orquestadora del fraude electoral investigado, ya no figuraba como candidata a la cárcel; fue hasta la tercer ocasión que Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales y Carlos Enrique Domínguez Cordero, eran los únicos consejeros con orden de aprehensión, junto con Amable Mendoza de los Santos, ex-secretaria Técnica de ese instituto.

Lily de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López, ex-consejeros miembros del Comité Técnico Especial para la Coordinación del voto en el extranjero, así como Jesús Moscoso Loranca, habían sido exonerados sin juicio previo, como marca la ley. 

No obstante, revela la fuente, los expedientes y anteriores órdenes de aprehensión, no han sido cerradas del todo. “Dependerá de factores externos e incluso, de presiones mediáticas, el que se reactiven o se archiven definitivamente”, dijo. Ello explica la extrema secrecía del titular de la FEPADE cuando salió a anunciar un hecho que había sido revertido legalmente. 

Explica también, la celeridad para declarar prófugos a los restantes implicados, aun cuando éstos, se han estado presentando a sus centros de trabajo o realizan actividades normales, incluso, en la administración pública federal. Tal declaratoria es bien conocida en México. Se trata de fugas pactadas, como ocurre con el ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por ejemplo. 

De hecho, la detención de López Morales pudo haber sido condicionada. Todos los indicios a ello apuntan. Tanto así que su declaración preparatoria, fue un trámite terso y expedito. Trascendió que no mostró ninguna preocupación; se tomó tiempo incluso, para llamadas telefónicas en las que abordó asuntos de su agenda social. 

Todo nos lleva a algunas preguntas: ¿Está siendo, la FEPADE, seria en su trabajo? ¿Le creemos cuando las evidencias le son totalmente adversas? ¿Actúa por convicción o solo para cubrir apariencias? ¿Por qué recurre al ostracismo institucional? ¿Qué pretenden encubrir? ¿Por qué si existen las pruebas necesarias para castigar a todos los ex-consejeros y ex-consejeras, opta solo por los más vulnerables?

El fraude electoral del que se acusa a los involucrados, es grave. Merece, por tanto, una sanción severa, sin contemplaciones y de manera vertical. Si para hacer el show se rodean de medios, mejor es que se queden callados. Lo que lamentamos es que con ésta puesta en escena, solo fortalecen a la impunidad, alimentan la corrupción y destrozan a la democracia. 

Con farsas de esa índole, alientan a las instituciones electorales a violar las leyes y a los políticos, a actuar al margen de éstas. Tristemente, Chiapas sigue siendo el laboratorio de una federación perdida en laberintos sucios. 

* Se trata de Luis Hernández Cruz; son 58 hombres bajo su mando que poseen armas de alto poder; gobernación ya lo sabe...

Luis Hernández Cruz, integrante de la dirigencia estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), y ex diputado federal por el PRD, fue señalado ante la Secretaría de Gobernación de patrocinar y encabezar a grupos armados en el municipio de Las Margaritas que se han dedicado a la invasión y despojo de predios a sus legítimos propietarios.

La Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda, dio a conocer que el último fin de semana entregaron a la dependencia federal la documentación y fotografías que prueban estos señalamientos en contra del dirigente de la CIOAC, a quien responsabilizan de cualquier desgracia que pudiera presentarse en el Ejido “Lomatán”, del municipio antes mencionado, en donde desde fechas recientes ha venido impulsando la presencia de por lo menos 58 sujetos armados con el objetivo de amedrentar a los legítimos propietarios y con esta intención despojarlo de sus predios y apoderarse de los mismos.

Indicaron que esta acción ha sido puesta en marcha por Hernández Cruz ante la cercanía del proceso electoral del 2018,  ya que aspira nuevamente a un puesto de elección popular.

Los afectados señalan, que esta acción la basa en supuestos acuerdos de la comunidad y lo hace para ejercer presión en contra de los denominados cooperantes, que no son más que los legítimos propietarios de unas mil 600 hectáreas.

Precisaron que el dirigente de la CIOAC carece de fuerza y representatividad debido a que los 58 sujetos armados, son minoría ante los más de 150 legítimos propietarios. Sin embargo, por estar precisamente armados, hacen valer esta ventaja ante los propietarios que han preferido buscar el camino de la justicia y de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y de esta forma evitar un enfrentamiento y un posible derramamiento de sangre.

La ASSI afortunadamente no hemos necesitado mentir ni ser trácala para informarle a la sociedad lo que realmente ocurre, solo informamos cuando tenemos los pelos y señales de los hechos de la CIOAC contra la población, señala por otra parte en un comunicado.

Reiteraron, que en  la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México fueron entregadas más de 80 fotografías de 64 personas poseedoras y portadoras de armas de fuego de distintos calibres guiados por Luis Hernández Cruz y 7 hojas útiles que da cuenta del origen y desarrollo de sus ataques realizados.

Cabe recordar que desde el 2013 existen señalamientos en contra del ex diputado federal perredista de promover la invasión de terrenos, despojo y demás acciones violentas respaldado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).