El fiscal especializado en Asuntos Relevantes de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, Adulfo Chacón Ruiz, informó que en las últimas horas el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento con sede en El Amate, vinculó a proceso penal a Bersaín "N" y Franklin "N" por su probable participación en el hecho delictivo de Motín, previsto y sancionado en el artículo 353 fracción III del Código Penal del Estado.

Se destacó que la autoridad judicial concedió al Fiscal del Ministerio Público un término de tres meses para que lleve a cabo la investigación complementaria, decretando en contra de los imputados, prisión preventiva oficiosa, por lo que no podrán gozar del beneficio de libertad.

Chacón Ruíz expuso que por estos hechos los imputados podrían alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión.

En este sentido, el Fiscal Especializado recordó que en días pasados elementos de la Policía Especializada cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de los dos integrantes de la denominada “Alianza del Autotransporte” en la entidad.

Explicó que la orden de aprehensión fue obsequiada por el Juez de Control con sede en El Amate, por el delito de Motín, derivado de las acciones que ellos encabezaron en perjuicio de la población de diversas ciudades de Chiapas el pasado mes de enero.

Detalló que tan sólo en Tuxtla Gutiérrez, un grupo de 500 unidades concesionadas bloquearon el libre tránsito a la altura de la Central de Abastos, generando significativas pérdidas para el sector comercial de la zona; además de impedir que el resto del sector transportista ofreciera el servicio normal a la ciudadanía, lo que generó afectaciones en los sectores laboral, médico y comercial.

Ante estos hechos, las autoridades del Gobierno de Chiapas realizaron un plan emergente para garantizar el servicio del transporte público, a través de unidades oficiales.

Como parte de la declaración de diversos testigos, obra en la Carpeta de Investigación que Bersaín “N” y Franklin “N” exigieron a los agremiados de la citada organización, que impidieran el paso a cualquier vehículo, y que en caso de que alguien se opusiera, sin importar si se trataba de un vehículo particular o de transporte, deberían ocasionarle daños con palos y piedras.

De esta forma, la Procuraduría de Chiapas refrenda su firme compromiso para garantizar el Estado de Derecho y el acceso a una justicia real y transparente.

MAFIA

Esa mafia, que gozó muchas canonjías en gobiernos pasados, más en el de Pablo Salazar Mendiguchía, se había pasado por el arco triunfo la ley lanzando a sus agremiados a las calles a la hora que se le da la gana.

            Se trata de un atentado a los derechos humanos de los usuarios y un franco y abierto reto a la legalidad, al Estado, como lo habían hecho siempre.

            Piden, piden y piden o amenazan o chantajean porque ese fue su modus operandi. Pero ¿qué ofrecen? ¿Cuándo van a capacitar a sus conductores? ¿Por qué los usuarios tienen qué escuchar la música de banda de choferes sudorosos y andrajosos? ¿Por qué hemos de soportar agresiones verbales y hasta física no de choferes, sino de gorilas al volante?

            Las 190 rutas están conformadas por colectivos chatarra y en el mayor número de accidentes que ocurre en Tuxtla están implicados conductores de colectivos.

            Es tiempo que el gobierno ponga un alto a esta pandilla de facinerosos. Los tuxtlecos no podemos seguir siendo rehenes de sus abusos. Urge investigar a Bersaín Miranda Borraz y a otros identificados y pensar, muy seriamente, en desterrar el monopolio de una buena vez y liberar el transporte.

Hace unos días, el dirigente de MORENA, en gira por los Estados Unidos, lanzó una 
advertencia peculiar: demandaría al presidente de ese país ante la ONU, si el gobierno de Peña Nieto, no lo hace.

La idea es buena; suena interesante y debe, además, ser tomada en cuenta y muy en serio… Obviamente, por el gobierno federal, cuyo delegado ante esa instancia internacional es el único con las facultades plenipotenciarias para interponer cualquier queja, demanda o reclamación ante el Pleno de dicha organización.

Argumentos para demandar a aquel país sobran, tanto en el plano institucional como en el estrictamente personal. Y no solo ante la Organización de las Naciones Unidas, sino también ante la Corte Penal Internacional de La Haya, cuyas resoluciones en contra de EE.UU, ya tuvieron efecto positivo, por ejemplo, en el caso de una demanda nicaragüense, en 1986.

Desmenucemos el asunto: Donald Trump ha firmado decretos unipersonales para afectar intereses de ciudadanos de otros países radicados en el suyo. Lo ha hecho al margen de las leyes internas y contraviniendo disposiciones internacionales que protegen los derechos universales. 

Sobre esa base debe demandársele penalmente ante la CPI por genocidio; el Estatuto de Roma que rige a dicha Corte establece que comete el delito de genocidio quien someta intencionalmente a un grupo o grupos de personas “a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

El trauma ocasionado a miles de personas por las amenazas de deportación masiva, causa los efectos nocivos a que se refiere el párrafo anterior. 

Otra causal clara para llevar el procedimiento contra Donald Trump, es el “Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.  A raíz de las disposiciones unilaterales del jefe de estado gringo, miles de niños estarían forzados a quedarse sin sus padres, al sufrir éstos la deportación anunciada. 

De hecho, la deportación o traslado forzoso al que se refiere el Estatuto de Roma es considerado como delito De lesa Humanidad y, de acuerdo al catálogo de sanciones, es uno de los más castigos más severos que esa Corte impone.

Igualmente, la “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, es otra causa por la que el presidente estadounidense debe ser enjuiciado, toda vez que el protocolo impuesto para las personas deportadas, incluye prisión, aun cuando éstas, no han cometido delito alguno.

Y más, porque muchos que están en éste momento bajo ese régimen, tienen su documentación en regla. 

En el inciso “h” del artículo 7 del citado Estatuto se lee: “ (… se entenderá por crimen de lesa humanidad…) (la) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte…”

Nada más claro para tener elementos procesales justificados y contundentes. 
Si revisamos exhaustivamente la lista de delitos considerados graves por La Corte de La Haya y que son claramente punibles, encontramos que éstas, es larga y el señor Trump, los está cometiendo en arbitraria flagrancia e impunidad absolutista. 

Comete, entre muchos otros, el crimen del “apartheid”, de “exterminio”, al negar alimentos y medicinas a los ciudadanos no nacidos en Estados Unidos; “desplazamiento forzado” al obligar a millones de personas a cambiar su residencia para evitar la deportación. “Persecución”, “terrorismo de Estado”, en fin. No tendría escapatoria. 

Todo, por supuesto, se haría cumpliendo los protocolos de denuncia y reclamación correspondientes. No es tan fácil como lo dice López Obrador. La ONU y la Corte, no son la Tribuna del Congreso de la Unión que es asaltada a cada rato por los diputados, ni es cualquier alcaldía de Chiapas a la que le prenden fuego un día de tantos.

No es complicado, pero sí complejo, asunto que deben entender quienes, en aras del populismo extremo, buscan quedar bien diciendo disparates.

A propósito, ¿ya habrá leído los artículos del 39 al 44 de la Carta de las Naciones Unidas? Buena la intención, mala la estrategia. Bueno el consejo, pésima la amenaza.
Por cierto, México tiene todo el derecho de demandar a USA ante la ONU, puesto que paga entre 852 millones 211 mil pesos y, mil 55 millones 60 mil pesos en cuotas obligatorias para la manutención de ése organismo. Que lo desquiten, entonces. 

*El ISSTECH los trata de la patada; no les dan medicamentos ni les pagan sueldos; ya no aguantan la situación

 Un angustioso llamado al gobernador Manuel Velasco Coello hicieron pensionados y jubilados en voz de su dirigente Roberto Vásquez Velázquez, al señalar que se les están violentando sus derechos laborales.

No es justo que quienes han aportado sus mejores años al servicio del gobierno del Estado ahora se les ningunee por un lado negándoles en forma casi general sus medicamentos y la prestación del servicio en materia de salud, dijo el dirigente, quien se  mostró incrédulo ante lo que está sucediendo con este gremio y su relación con el ISSTECH.

Esto  no se puede seguir tolerando. Estamos confiando en la pronta intervención del Ejecutivo para que tome cartas en el asunto al igual que en Hacienda, en donde se nos retienen nuestros salarios y prestaciones de manera injustificada, denunció Roberto Vázquez, dirigente estatal de la Unión de Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado.

Estamos ante una gran aberración y gran cinismo de funcionarios menores que atienden en esta dependencia, porque no es posible que esto se cometa con nuestros representados a quienes dejan en  la indefensión y se están dando algunos decesos a causa de este tipo de acciones que consideramos arbitrarias y  criminales, lamentó el dirigente sindical.

DATOS

La queja de este sector no es nueva. Desde septiembre de 2016 hicieron presente su malestar debido a los abusos que se están cometiendo en agravio de sus agremiados, por lo que ahora demandan la intervención directa del mandatario chiapaneco "porque sabemos que es un gobernante justo y que no permite abusos de poder".

En septiembre de 2016, los jubilados y pensionados tuvieron qué movilizarse con un plantón frente a la Torre Chiapas, edificio que se ha hecho emblemático porque allí protestan grupos que tienen quejas contra el gobierno.

El 16 de septiembre de 2016, hasta La Torre Chiapas llegaron para buscar la intervención de las autoridades de Hacienda, a quien le echan la bolita de no ministrar los recursos al Instituto de Seguridad y Social de los Trabajadores de Estado de Chiapas.

Inclusive, piden una audiencia con el gobernador del estado para que los escuche y atienda personalmente a efecto de ponerle cascabel al gato y saber de quién es la falta de voluntad para atender la salud de este sector, que ha sido fundamental para la administración pública en la entidad.