•​Ángel Daribel “N” presuntamente participó en la muerte de Jesús Juárez Juárez, Mónica Hernández Alcántara, César Abel Batres Ortiz y Salvador Atnan Vázquez Bautista, el 11 de mayo de 2018 en el tramo carretero Frontera Comalapa-Chicomuselo, con la finalidad de despojarlos de 2 millones 12 mil 611.80 pesos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Ángel Daribel “N”, presunto cuarto implicado en el homicidio calificado de Jesús Juárez Juárez, Mónica Hernández Alcántara, César Abel Batres Ortiz y Salvador Atnan Vázquez Bautista, elementos del Ejército Mexicano, ocurrido el 11 de mayo de 2018 en el tramo carretero Frontera Comalapa-Chicomuselo, a la altura  del barrio El Chilar del municipio de Bellavista.

Derivado de los actos de investigación implementados por esta Fiscalía, se logró conocer la identidad de los cinco agresores, identificados como Ramón “N”,  Miguel Ángel “N”, Lemuel “N”, Ángel Daribel “N” y Miguel Ángel “N”, quienes el día de los hechos despojaron a las víctimas de 2 millones 12 mil 611.80 pesos que momentos antes habían retirado de una sucursal bancaria para financiar la construcción de un conjunto habitacional en el municipio de Chicomuselo.

Por lo que al contar con datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, el fiscal del Ministerio Público solicitó al Juez de Control de Comitán, la orden de aprehensión en contra de dichas personas, misma que fue obsequiada el 30 de mayo de 2018, dentro de la Causa Penal 102/2018.

Posteriormente, los días 6 y 7 de junio de 2018, se cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de Jorge Ramón “N” y  Miguel Ángel “N” y el 18 de octubre de 2018 se ejecutó la orden de aprehensión del tercer implicado Lemuel “N”,  quienes fueron puestos a disposición del Juez de Control que les dictó auto de vinculación a proceso y les decretó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecen recluidos en el penal número 10 de Comitán.

Mediante los trabajos de investigación que se encuentran realizando los elementos de la Policía Especializada adscrita a esta Fiscalía, al abocarse a la localización de las personas pendientes de aprehender, se obtuvo información del personal policiaco adscrito a la Fiscalía Fronterizo Costa, respecto a que Ángel Daribel se encontraba recluido en el penal número 3  de Tapachula, a disposición del Juez de Control de Tapachula,  dentro de la causa penal número  89/2019, por el delito de pandillerismo cometido en aquel Distrito Judicial.

Es así que elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio procedieron a cumplimentar el mandamiento judicial en su contra, vía reclusión, por lo que, a través de un exhorto, se le hará del conocimiento al Juez de Control de Comitán, a efectos de que la audiencia inicial, en la cual se resolverá su situación jurídica respecto del homicidio calificado de los militares Jesús Juárez Juárez, Mónica Hernández Alcántara, César Abel Batres Ortiz y Salvador Atnan Vázquez Bautista, se lleve a cabo ante el Juez de Control de Tapachula.

Esta Fiscalía continuará  realizado  los trabajos de investigación,  a fin de dar con el paradero del último implicado en estos homicidios, con el objeto de que sea aprehendido y conducido ante el Juez de Control que lo requiere.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará impune.

San Cristóbal de Las Casas.- Las Brigadas Civiles de Observación, documentarán violaciones a derechos humanos en contexto de militarización, en el municipio de Chicomuselo.

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado, en donde señalaron que el 30 de enero del año en curso, las Brigadas Civiles de Observación de Derechos Humanos, (BriCo), iniciaron trabajos de documentación en la cabecera municipal de Chicomuselo.

Destacaron que la presencia de observación internacional tiene como objetivo monitorear posibles violaciones a derechos humanos provocadas por la militarización y la persistencia de proyectos mineros en la región, en un contexto de riesgo a la vida, libertad, integridad y seguridad para defensoras, defensores en Chiapas.

Agregaron que las BriCo son un programa implementado en diferentes comunidades, que el Frayba coordina desde hace 24 años, "los observadores de derechos humanos se apegan a lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano.

“Brico; tenemos como antecedentes, que el 29 de octubre de 2018, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” (Comité “Samuel Ruiz”) se pronunció en contra de la militarización, ante la resistencia de los pueblos que luchan por defender sus territorios amenazados por diversos mega proyectos, y denunció la intención del Ejército Mexicano de realizar un desfile militar en la cabecera municipal de Chicomuselo, esta demostración de fuerza se pretendía llevar a cabo a pesar de la oposición de comunidades a la militarización, cuya expresión más clara es el cuartel del 101 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano”, aseveraron.

Así también dieron a conocer que en septiembre del 2018 la parroquia de San Pablo y San Pedro en Chicomuselo y el Comité “Samuel Ruiz” denunciaron amenazas de muerte en contra del párroco Eleazar Juárez Flores, anteriormente el sacerdote y el Comité se habían pronunciado a favor de la defensa de la Madre Tierra y en contra de la minería.

Finalmente, las Brico, hiciero un llamado a la población a que se unan a esta búsqueda de la verdad, que denuncien a este organismo todas las irregularidades que prevalecen en el municipio de Chicomuselo.

·         Grupos de choque tensan a la región; violencia será la única salida: advierten

 Jonhatan del Carmen González Pérez, coordinador de la OCEZ-RC, sostuvo que preparan una jornada de lucha  para realizar actividades en los diferentes municipios donde tienen presencia como organización, sobre todo porque en Chicomuselo están viviendo represión por un grupo de choque.

Aseguró que desconocen quién o quiénes encabezan ese grupo de choque, por lo que hizo un llamado al gobierno que los escuche y resuelva en sus demandas.

Confirmó que actualmente mantienen una mesa de negociación con el gobierno del estado, donde han solicitado el retorno inmediato de las familias de tres comunidades desplazadas, que se mantienen ahora en campamento en la zona de El Cascajal del municipio de Venustiano Carranza, donde la gente está aguantando lluvia y padeciendo enfermedades.

Sostuvo que están esperando respuesta, aunque saben que si el gobierno tuviera la voluntad de resolver el problema, sus compañeros ya hubieses regresados a posesionarse de los predios de donde fueron desalojados.

Reveló que para el retorno de una de las comunidades las autoridades solamente tendrían que firmar un papel, pero hasta ahora continúan en el campamento.

Este lunes se sumaron a la marcha mitin, convocada por la CNTE, para exigir las demandas que ya plantearon ante la Secretaría de Gobierno, sobre todo que se ha vencido el plazo que dieron las autoridades para darles respuestas.

Reveló que han planteado al gobierno se cite a los propietarios de los predios de donde fueron desplazados, para poder llegar a un acuerdo, pero no lo han hecho.

Anotó que en la última ocasión que se sentaron al diálogo con el secretario de Gobierno, éste se comprometió a resolver el tema de los desplazados, con el pago inmediato de 581 hectáreas que mantenían en posesión desde 1995