·         En el mercado un grupo de personas agredían verbalmente a las personas que transitaban, mismos que se enfrentaron a policías municipales

Varias personas descalabradas fue el resultado de un zafarrancho en las afueras del Mercado José Castillo Tiélemans en San Cristóbal, cerca del conocido Mercadito 2, la noche del pasado sábado, donde además fueron agredidos elementos de la Policía Municipal.

Fue alrededor de las ocho de la noche que fuentes extraoficiales indicaron que se reportó al 911 que cerca del mercado un grupo de personas agredían verbalmente a las personas que transitaban, por lo que fueron enviados Elementos de la Policía Municipal, quienes al cuestionar a un grupo de personas que se encontraban en estado de ebriedad, agredieron a los elementos, quienes como pudieron se retiraron del lugar.

Minutos después llegó un grupo de personas, según la fuente, quienes habían sido agredidos verbalmente por el grupo encabezado por Marcos Díaz Díaz  (alias Goku) y una persona que identifican como David Díaz, a quienes los agredieron con piedras, palos y uno de ellos con un machete en una de las piernas.

Algunas fuentes señalaron que el grupo que agredía a las personas verbalmente, son integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) y es hermano de quien es o era el Secretario de dicha organización, Francisco Díaz.

Tiempo después de la agresión a los elementos de la Policía Municipal, llegaron más elementos para intentar detenerlos, pero se percataron que ya habían sido agredidos por personas que llegaron a bordo de una camioneta según los curiosos y después de golpearlos se dieron a la fuga.

Por lo anterior los refuerzos de la Policía Municipal, solicitaron la presencia de paramédicos de Protección Civil para dar atención a los lesionados.

Dos sujetos que al parecer viajaban a bordo de una motocicleta, privaron de la vida al propietario de la refaccionaria “Gemelos”, localizada sobre la carretera que conduce de la cabecera municipal de Cintalapa a la colonia Lázaro Cárdenas, cuando llegaron para asaltar y dejaron gravemente lesionado a uno de los empleados del lugar.

Todo ocurrió cuando Rubén Jiménez Montesinos, propietario del establecimiento, se hallaba en compañía de uno de sus empleados de nombre Humberto Guadalupe Hernández Valencia, cuando los sujetos armados irrumpieron a la negociación indicándoles que se trataba de un asalto.

Fue al parecer debido a que el propietario de la refaccionaria intentó oponerse al asalto, que uno de los sujetos accionó la pistola que llevaba, causándole la muerte de manera casi instantánea, hiriendo de gravedad a su empleado, quien fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil Municipal y llevado de urgencias al Hospital General, donde quedó internado recibiendo atención médica.

Los delincuentes, que al parecer se transportaban a bordo de una motocicleta, huyeron con rumbo aparentemente desconocido, sin que ninguna de las corporaciones policiacas que acudieron a tomar nota de lo sucedido lograra al menos detener a algún sospechoso de haber participado en este nuevo hecho de sangre ocurrido en aquel valle.

Por detectar diversas anomalías en el funcionamiento y servicio, más de media decena de bares y cantinas ubicados en distintos puntos de la capital fueron clausurados por las autoridades municipales, a través de la Secretaría de Salud Municipal, Protección Civil y el departamento de Verificaciones y Clausuras, hasta en tanto cumplan con la normatividad para poder seguir funcionando.

En coordinación con elementos de la Policía Municipal, los funcionarios del ayuntamiento tuxtleco clausuraron los establecimientos denominados “El Noa-Noa”, “Blanquita”, “La Vale”, “Garibaldi”, “Pepe”, "Los Potrillos", “Copa de Oro” y “Valenciana”, los cuales incurrieron diversas en irregularidades sobre sus respectivos permisos para su debido funcionamiento, así como faltas de seguridad, higiene, entre otras.

De acuerdo con la normatividad vigente, las autoridades municipales proceden al cierre de este tipo de establecimientos luego de una supervisión sobre la forma de cómo prestan sus servicios y al no contar con la documentación en regla para su operatividad, además de constatar que carecen de las mínimas normas de seguridad, se procede su clausura hasta en tanto no resuelvan su situación jurídica y sanitaria.