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HABLEMOS DE LEY Y DERECHOS

            El 15 de abril de 2016, el magisterio del bloque democrático en Chiapas filial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sembró el terror en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula. Hubo secuestros de personas, quema de automóviles particulares, incendio de alcaldías, bloqueos carreteros y agresiones a pacíficos ciudadanos y a la prensa.

            Durante varias horas, como ha ocurrido sistemáticamente, maestros convertidos en terroristas urbanos indujeron la psicosis colectiva.

            Se suspendió el transporte público y miles de escuelas fueron cerradas. Las familias se enclaustraron en sus casas para no correr riesgos. También se cometieron actos de rapiña (saqueos) en centenares de tiendas de autoservicio, sobre todo en San Cristóbal en donde, para variar, la ingobernabilidad ya alcanza niveles alarmantes por la creciente ineptitud del alcalde Marco Cancino González.-

            El derecho de asociación y manifestación está contemplado en el artículo 9 de la Constitución. Pero ahí mismo se establecen límites: Cualquier manifestación debe ser pacífica y no podrá perseguir ningún objeto ilícito. Tampoco permite injuriar a la autoridad o cometer actos de violencia.

            En lo referente  a la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 de la Constitución también tiene prohibiciones explícitas.

            Por ejemplo: que se “ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público” (Estas prohibiciones y libertades están tuteladas en la Convención Americana de los Derechos Humanos).

            El ejercicio de la acción cívica es pues un acto responsable no absoluto. Sin embargo, desde hace mucho el magisterio llamado democrático viene pisoteando la ley y ultrajando con grosera impunidad los derechos que tenemos los ciudadanos como vivir y trabajar en paz.

            La Reforma Educativa que puso en marcha el presidente Peña Nieto ha sido el detonante del vandalismo. Más allá de discutir sobre la mesa con propuestas coherentes y civilizadas, la CNTE, ala gansteril del SNTE, ha llevado las protestas a límites intolerables  porque la sociedad, el ciudadano de a pie, ha quedado en grave estado de indefensión. El terrorismo ha suplantado cualquier posibilidad de diálogo y negociación política.

            Este escenario turbulento parece no tener fin. El gobierno de la República ha dicho con firmeza que no dará marcha atrás a esa Reforma cuya esencia, en realidad, está encaminada indiscutiblemente a mejorar la enseñanza-aprendizaje en México con maestros mejor pagados y mejor preparados. La rectoría de la educación debe regresar al Estado y no estar en manos de unos cuantos que históricamente han medrado con ella.

            Pedir urbanidad al magisterio terrorista es predicar en el desierto. Esas pequeñas turbas no conocen las palabras diálogo y respeto. Su reino es la violencia y la lujuria. En consecuencia, es obligación del Estado actuar con toda firmeza y energía para recuperar el Estado de Derecho y asegurar las libertades ciudadanas.

            ¿Por qué sacamos esto a colación?

            Porque en una sociedad que se precie democrática la mayoría no puede ser mancillada  por jaurías rabiosas.