El anuncio hecho este martes por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que finalmente reconoce el ilícito acarreo masivo de beneficiarias de Prospera durante el “informe” legislativo de Roberto Albores Gleason coloca el caso en una nueva dimensión legal que, de seguir la línea de responsabilidades evidentes, deberá significar la inmediata destitución del delegado de dicho programa federal en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca.
La remoción de los cuatro funcionarios menores (Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez), integrantes de la Coordinación del Programa de Inclusión Prospera, de ninguna manera puede representar el fin de las investigaciones para fincar responsabilidades sobre un asunto tan grave como lo fue el uso ilegal de un programa social con fines evidentemente electorales.
Porque Héctor, Pamela, Juana y Priscila no actuaron de manera unilateral. Son funcionarios operadores que sólo se movilizan bajo indicaciones superiores. Sobre todo tratándose de asuntos tan comprometedores como lo es la organización, movilización y remuneración económica de alrededor de 20 mil personas afiliadas o postulantes del programa Prospera. Sería ingenuo pensar que bajo decisión y recursos propios ejecutaron tremendo acarreo masivo.
Lo sucedido este sábado es ya uno de los casos documentados más escandalosos de una práctica electorera tan recurrente en Chiapas y todo el país. Esta vez las evidencias fueron atestiguadas en vivo y en directo por miles de personas a través de las redes sociales; situación que terminó obligando al Gobierno Federal, mediante la SEDESOL, a admitir un hecho tan gravoso e imperdonable como ese, a manos de un Senador de la república.
Y de verdad que no se trata de una cacería de brujas o crítica bajo consigna. Corresponde a un caso de grandes dimensiones que no pueden tomarse a la ligera… Se extorsionó, obligó, manipuló y movilizó a miles de personas (mujeres principalmente) a costa de dinero emanado de programas sociales. En un hecho que se advirtió y pidió evitarse en diversos medios de comunicación días antes, pero los organizadores decidieron consumarlo a pesar de las consecuencias inminentes.
Por eso las investigaciones para fincar responsabilidades deben llegar hasta las últimas consecuencias. Y es que, no debe sorprender que sea justo Prospera el programa federal involucrado en semejante escándalo. El delegado en Chiapas es nada más y nada menos que el suplente del senador Albores Gleason, el también priista Rubén Antonio Zuarth Esquinca.
Zuarth Esquinca no ha tenido ningún empacho en exponer sus vínculos con el senador priista. Se asume y muestra entre amigos y colegas como parte del equipo cercano. Y nada de malo tendría ser funcionario público y parte del equipo alborista si mantuviera alejados sus intereses políticos de los recursos públicos que administra; sin embargo, este sábado se hizo evidente que eso no ha sucedido.
Los argumentos para separar del cargo a Rubén Zuarth son ya innegables. Por razones de coherencia legal la SEDESOL deberá instruir el inmediato cese del delegado regional, pero también las investigaciones generales la propia delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas que hoy se encuentra bajo otros tantos escándalos de corrupción en programas como Habitat, donde las cosas también están calientes.
La corrupción y el abuso de poder tienen responsables superiores, van más allá de simples chivos expiatorios, que deben ser castigados con severidad… así las cosas.Rubén Zuarth, el ejecutor del acarreo alborista
El anuncio hecho este martes por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que finalmente reconoce el ilícito acarreo masivo de beneficiarias de Prospera durante el “informe” legislativo de Roberto Albores Gleason coloca el caso en una nueva dimensión legal que, de seguir la línea de responsabilidades evidentes, deberá significar la inmediata destitución del delegado de dicho programa federal en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca.
La remoción de los cuatro funcionarios menores (Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez), integrantes de la Coordinación del Programa de Inclusión Prospera, de ninguna manera puede representar el fin de las investigaciones para fincar responsabilidades sobre un asunto tan grave como lo fue el uso ilegal de un programa social con fines evidentemente electorales.
Porque Héctor, Pamela, Juana y Priscila no actuaron de manera unilateral. Son funcionarios operadores que sólo se movilizan bajo indicaciones superiores. Sobre todo tratándose de asuntos tan comprometedores como lo es la organización, movilización y remuneración económica de alrededor de 20 mil personas afiliadas o postulantes del programa Prospera. Sería ingenuo pensar que bajo decisión y recursos propios ejecutaron tremendo acarreo masivo.
Lo sucedido este sábado es ya uno de los casos documentados más escandalosos de una práctica electorera tan recurrente en Chiapas y todo el país. Esta vez las evidencias fueron atestiguadas en vivo y en directo por miles de personas a través de las redes sociales; situación que terminó obligando al Gobierno Federal, mediante la SEDESOL, a admitir un hecho tan gravoso e imperdonable como ese, a manos de un Senador de la república.
Y de verdad que no se trata de una cacería de brujas o crítica bajo consigna. Corresponde a un caso de grandes dimensiones que no pueden tomarse a la ligera… Se extorsionó, obligó, manipuló y movilizó a miles de personas (mujeres principalmente) a costa de dinero emanado de programas sociales. En un hecho que se advirtió y pidió evitarse en diversos medios de comunicación días antes, pero los organizadores decidieron consumarlo a pesar de las consecuencias inminentes.
Por eso las investigaciones para fincar responsabilidades deben llegar hasta las últimas consecuencias. Y es que, no debe sorprender que sea justo Prospera el programa federal involucrado en semejante escándalo. El delegado en Chiapas es nada más y nada menos que el suplente del senador Albores Gleason, el también priista Rubén Antonio Zuarth Esquinca.
Zuarth Esquinca no ha tenido ningún empacho en exponer sus vínculos con el senador priista. Se asume y muestra entre amigos y colegas como parte del equipo cercano. Y nada de malo tendría ser funcionario público y parte del equipo alborista si mantuviera alejados sus intereses políticos de los recursos públicos que administra; sin embargo, este sábado se hizo evidente que eso no ha sucedido.
Los argumentos para separar del cargo a Rubén Zuarth son ya innegables. Por razones de coherencia legal la SEDESOL deberá instruir el inmediato cese del delegado regional, pero también las investigaciones generales la propia delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas que hoy se encuentra bajo otros tantos escándalos de corrupción en programas como Habitat, donde las cosas también están calientes.
La corrupción y el abuso de poder tienen responsables superiores, van más allá de simples chivos expiatorios, que deben ser castigados con severidad… así las cosas.
