La cancelación del desfile del 20 de noviembre en Uruapan no es solamente la suspensión de una actividad cívica. Es una señal del momento complejo que vive el municipio tras el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo y el clima de inseguridad que ha obligado a replantear actividades públicas. El Ayuntamiento decidió suspender el evento con el argumento de priorizar la seguridad de las familias y guardar respeto ante la reciente pérdida.

En circunstancias normales, el desfile de la Revolución es un espacio que celebra identidad, memoria histórica y participación comunitaria. Que este año no pueda realizarse en Uruapan revela no solo un duelo colectivo, sino la necesidad de reconocer las condiciones reales que atraviesa la ciudad.

Mientras Uruapan guarda silencio, en otras partes del país emergen expresiones ciudadanas que buscan construir nuevos espacios de diálogo. El 15 de noviembre, en Ciudad de México, distintos colectivos juveniles y ciudadanos convocan a una movilización que se ha difundido principalmente en redes sociales. La convocatoria, asociada al uso del término “Generación Z”, ha crecido de manera orgánica en plataformas digitales donde jóvenes, creadores de contenido y estudiantes han compartido sus preocupaciones sobre temas como seguridad, justicia, oportunidades y participación política.

Más allá de quién o cómo se impulsen estas manifestaciones, lo cierto es que movimientos de este tipo pueden tener aspectos positivos cuando se desarrollan de forma pacífica y abierta:

1. Fomentan la participación cívica de nuevas generaciones

Los jóvenes encuentran espacios para expresar inquietudes y construir comunidad alrededor de causas que consideran relevantes. Esto fortalece su sentido de pertenencia y responsabilidad social.

2. Abren conversaciones necesarias

Las movilizaciones pueden funcionar como un termómetro social: permiten que temas urgentes salgan a la agenda pública y sean discutidos por autoridades, instituciones y ciudadanía.

3. Fortalecen el tejido democrático

Cuando se promueve la organización pacífica y el respeto a la diversidad de ideas, estas expresiones contribuyen a equilibrar la vida democrática y a mantener canales de comunicación entre sociedad y gobierno.

4. Generan visibilidad para demandas legítimas

Independientemente del origen o la etiqueta, la participación social puede ayudar a visibilizar realidades que requieren atención, lo que abre la puerta a soluciones y políticas públicas más inclusivas.

En ese contexto nacional, el contraste entre la suspensión del desfile en Uruapan y la movilización juvenil en Ciudad de México muestra dos formas distintas de vivir el momento social del país: una comunidad que se repliega para protegerse y una ciudadanía, especialmente joven, que se organiza para expresarse.

Ambos escenarios reflejan una misma inquietud: la necesidad de recuperar la tranquilidad, reconstruir la confianza y abrir espacios donde las personas se sientan escuchadas.

Mientras Uruapan espera un entorno más seguro para reencontrarse en sus calles, otras voces en el país buscan ocuparlas para dialogar sobre el futuro. Y, en cierto sentido, ambas acciones —el silencio respetuoso y la participación activa— forman parte de un mismo proceso social que aspira a mejorar la vida pública.

La cancelación del desfile del 20 de noviembre en Uruapan no es solamente la suspensión de una actividad cívica. Es una señal del momento complejo que vive el municipio tras el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo y el clima de inseguridad que ha obligado a replantear actividades públicas. El Ayuntamiento decidió suspender el evento con el argumento de priorizar la seguridad de las familias y guardar respeto ante la reciente pérdida.

En circunstancias normales, el desfile de la Revolución es un espacio que celebra identidad, memoria histórica y participación comunitaria. Que este año no pueda realizarse en Uruapan revela no solo un duelo colectivo, sino la necesidad de reconocer las condiciones reales que atraviesa la ciudad.

Mientras Uruapan guarda silencio, en otras partes del país emergen expresiones ciudadanas que buscan construir nuevos espacios de diálogo. El 15 de noviembre, en Ciudad de México, distintos colectivos juveniles y ciudadanos convocan a una movilización que se ha difundido principalmente en redes sociales. La convocatoria, asociada al uso del término “Generación Z”, ha crecido de manera orgánica en plataformas digitales donde jóvenes, creadores de contenido y estudiantes han compartido sus preocupaciones sobre temas como seguridad, justicia, oportunidades y participación política.

Más allá de quién o cómo se impulsen estas manifestaciones, lo cierto es que movimientos de este tipo pueden tener aspectos positivos cuando se desarrollan de forma pacífica y abierta:

1. Fomentan la participación cívica de nuevas generaciones

Los jóvenes encuentran espacios para expresar inquietudes y construir comunidad alrededor de causas que consideran relevantes. Esto fortalece su sentido de pertenencia y responsabilidad social.

2. Abren conversaciones necesarias

Las movilizaciones pueden funcionar como un termómetro social: permiten que temas urgentes salgan a la agenda pública y sean discutidos por autoridades, instituciones y ciudadanía.

3. Fortalecen el tejido democrático

Cuando se promueve la organización pacífica y el respeto a la diversidad de ideas, estas expresiones contribuyen a equilibrar la vida democrática y a mantener canales de comunicación entre sociedad y gobierno.

4. Generan visibilidad para demandas legítimas

Independientemente del origen o la etiqueta, la participación social puede ayudar a visibilizar realidades que requieren atención, lo que abre la puerta a soluciones y políticas públicas más inclusivas.

En ese contexto nacional, el contraste entre la suspensión del desfile en Uruapan y la movilización juvenil en Ciudad de México muestra dos formas distintas de vivir el momento social del país: una comunidad que se repliega para protegerse y una ciudadanía, especialmente joven, que se organiza para expresarse.

Ambos escenarios reflejan una misma inquietud: la necesidad de recuperar la tranquilidad, reconstruir la confianza y abrir espacios donde las personas se sientan escuchadas.

Mientras Uruapan espera un entorno más seguro para reencontrarse en sus calles, otras voces en el país buscan ocuparlas para dialogar sobre el futuro. Y, en cierto sentido, ambas acciones —el silencio respetuoso y la participación activa— forman parte de un mismo proceso social que aspira a mejorar la vida pública.

Si quieres, puedo preparar una versión más corta, más formal, o incluso más periodística (tipo nota informativa sin editorial). ¿Cuál versión te serviría mejor?

El grano que alimenta a México está en crisis

En el corazón agrícola del país, los productores de maíz —base de la tortilla, alimento esencial del mexicano— enfrentan una tormenta de bajos precios, altos costos y abandono institucional.
El maíz, que alguna vez fue símbolo de identidad y autosuficiencia, hoy refleja una cadena económica desequilibrada donde el productor pierde, el intermediario gana y el consumidor paga.

Agricultores al límite

Miles de agricultores han salido a las carreteras exigiendo un precio de 7 200 pesos por tonelada, frente a los 6 050 pesos ofrecidos por el gobierno federal en estados del Bajío.
Los costos de producción —combustible, fertilizantes, agua, maquinaria— rondan entre 4 800 y 5 500 pesos por tonelada, dejando márgenes mínimos o incluso pérdidas.

“Si quitamos la presión, perdemos otra vez”, expresó un productor durante los bloqueos de carreteras. Esa frase resume el hartazgo de un campo que siembra esperanza y cosecha deudas.

Coyotaje: el poder invisible del mercado

Los intermediarios, conocidos popularmente como coyotes, siguen siendo los grandes ganadores.
Compran el grano barato al momento de la cosecha —cuando los agricultores necesitan vender rápido por falta de almacenamiento o liquidez— y lo revenden después a precios mayores.

Según estimaciones de organismos agropecuarios, el productor apenas recibe 25 a 35 % del precio final, mientras los intermediarios y acopiadores capturan hasta 50 % del valor total.
El resultado: una cadena que castiga al que siembra y premia al que especula.

Las grandes industrias y el precio que nunca baja

Los molinos y harineras también ejercen un peso determinante. Cuando el precio del maíz sube, trasladan el aumento al consumidor; cuando baja, los precios rara vez disminuyen.
Así, el kilo de tortilla casi nunca refleja los vaivenes del mercado agrícola: sube con facilidad, baja con dificultad.
Mientras tanto, la rentabilidad industrial se mantiene estable y la desigualdad en la cadena se profundiza.

El consumidor: el último en la fila

El consumidor mexicano, que gasta buena parte de su ingreso en alimentos básicos, termina pagando los efectos de un sistema injusto.
Cuando el maíz sube, el precio de la tortilla se ajusta de inmediato; cuando el maíz baja, el ahorro se queda en los eslabones intermedios.
A largo plazo, si los productores abandonan el cultivo, el país dependerá más de importaciones, y los precios al consumidor seguirán escalando.

El problema del maíz ya no es solo agrícola: es un tema de soberanía alimentaria y justicia económica.

Carlos Manzo: la otra cara del abandono

En medio de esta tensión nacional, Michoacán volvió a estremecerse.
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante la celebración del Festival de las Velas.
Había pedido ayuda reiteradamente al gobierno estatal y federal ante las amenazas del crimen organizado y la violencia en su municipio.
Manzo no fue asesinado por el maíz ni por una disputa agraria: fue silenciado por alzar la voz, por intentar que Uruapan tuviera paz, inversión y esperanza.

Su muerte simboliza la vulnerabilidad de los liderazgos locales y la falta de protección a quienes buscan cambiar las cosas desde el territorio.

Lo que México necesita

• Precio justo al productor. Sin rentabilidad, no hay siembra ni abasto nacional.

• Romper el poder de los intermediarios. Fomentar cooperativas y acopio directo para que el valor del grano quede en el campo.

• Inversión en infraestructura rural. Silos, créditos y transporte son esenciales para dar poder de negociación al agricultor.

• Seguridad en el campo. Sin seguridad no hay producción, y sin producción no hay país.

• Control y transparencia en precios al consumidor. La tortilla debe seguir siendo un alimento accesible y digno.

Conclusión

El maíz es más que un cultivo: es historia, cultura y sustento.
Pero cuando el productor no puede vivir de su trabajo, los intermediarios concentran el poder y el consumidor paga la cuenta, México pierde su equilibrio social.
El país necesita mirar al campo no como un rezago, sino como una inversión en su propio futuro.

La justicia para los agricultores y la seguridad para los municipios como Uruapan son dos caras de la misma moneda: la de un México que no debe resignarse a que el hambre, la violencia y la indiferencia sean parte del paisaje rural.