El retorno forzoso de miles de chiapanecos desde Estados Unidos es un desafío que, lejos de ser circunstancial, plantea un panorama de crisis social, económica y humanitaria en el estado de Chiapas y, por extensión, en todo México. La interrogante central es: ¿qué futuro les espera a estos ciudadanos retornados que, tras ser deportados, regresan a un territorio donde las condiciones de vida distan de ser favorables?

Uno de los primeros y más urgentes problemas que enfrentarán los deportados será la búsqueda de empleo. En un estado como Chiapas, donde las oportunidades laborales son ya limitadas, la situación se complica aún más. La falta de infraestructura económica adecuada y de un mercado laboral que ofrezca posibilidades reales de empleo coloca a los chiapanecos retornados en una posición vulnerable, pues se verán obligados a competir por puestos de trabajo que no cumplen con las condiciones mínimas para una vida digna.

A este desafío se suman las condiciones de salud de muchos de los deportados. Los retornados no solo enfrentarán la escasez de empleo, sino también la necesidad de atención médica. La infraestructura sanitaria en Chiapas, con sus carencias estructurales y operativas, no está preparada para absorber el volumen de necesidades de salud que se generarán. La falta de medicamentos, equipos médicos obsoletos y personal insuficiente hará que los deportados enfrenten condiciones sanitarias precarias. De esta manera, se verán en la obligación de recurrir a sus propios ahorros, si es que lograron acumularlos, para atender sus enfermedades.

La adaptación a una nueva vida en Chiapas implicará también desafíos en áreas como la vivienda, la educación y la integración familiar. Los retornados deberán enfrentarse a un entorno de escasos recursos en el que el acceso a servicios básicos será limitado, lo que incrementará aún más las tensiones sociales en un estado que ya enfrenta altos índices de pobreza. A su vez, este escenario generará presiones adicionales sobre los gobiernos municipales, estatales y federales, que hasta la fecha no han mostrado una capacidad adecuada para gestionar este flujo masivo de deportados.

El fenómeno migratorio, que ha forzado a miles de mexicanos a emigrar, también está produciendo efectos de gran alcance. Millones de pesos llegan al país en remesas enviadas por nuestros connacionales, pero estos recursos no son suficientes para resolver las profundas desigualdades sociales y económicas que enfrentan muchas regiones de México. Es evidente que los flujos migratorios y las remesas no pueden ser la solución a largo plazo para una economía que no ha logrado generar las condiciones de desarrollo necesarias en sus territorios.

En este contexto, la falta de una estrategia gubernamental integral para atender la problemática de la migración forzada es alarmante. Los discursos superficiales, los esfuerzos aislados y las promesas de ayuda inmediata no son suficientes para resolver los problemas estructurales que han llevado a la migración masiva, ni para mitigar los efectos de la deportación de miles de ciudadanos que regresan a un país que no está preparado para recibirlos. Sin una respuesta coherente y coordinada, los efectos sociales, económicos y políticos de esta crisis continuarán profundizándose.

Es imperativo que los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, adopten una postura más proactiva y estratégica ante la crisis migratoria que ya está en marcha. No solo se necesita atención inmediata para los deportados, sino una visión de largo plazo que impulse reformas estructurales en áreas clave como el empleo, la salud, la vivienda y la educación, con el fin de evitar que la situación se convierta en una bomba de tiempo que afecte a las futuras generaciones.

De no tomarse acciones decisivas, el costo social y económico será irreversible y tendrá repercusiones que irán más allá de Chiapas. El regreso forzoso de nuestros connacionales no debe ser visto como un hecho aislado, sino como una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo en México y adoptar políticas públicas que garanticen una verdadera inclusión social y económica.

La política local de Oxchuc atraviesa por un momento crítico, marcado por las decisiones de unos pocos que parecen haber olvidado su compromiso con el pueblo. La sociedad ya no parece tener voz ni voto en la toma de decisiones importantes; todo se ha reducido a una serie de pactos entre líderes que, en busca de mantener su poder, se olvidan de la dignidad y de los intereses de la comunidad.

Es preocupante observar cómo algunos líderes locales, desde los de la cabecera municipal hasta los de los pueblos más alejados, parecen haberse rendido ante las tentaciones del poder y el dinero. Estos mismos personajes, que en su momento deberían ser representantes del pueblo, ahora se convierten en meros intermediarios de intereses ajenos, como el del Estado y, en muchos casos, el de su propio beneficio económico. ¿Hasta qué punto se han dejado manipular por aquellos que al final solo buscan continuar viviendo a costa de lo que es de todos?

Un claro ejemplo de este abuso de poder es el proceso electoral en marcha. ¿Quién tomó la decisión de dividir la elección entre la presidencia municipal, que será por urnas, y los síndicos y regidores, que serán elegidos a mano alzada? ¿Qué motivó tal modificación en los lineamientos, sin consultar a la base social? Esta decisión no solo genera confusión, sino que deja al descubierto la mano de unos pocos, como los líderes de los grupos locales y los agentes del gobierno, que se prestan para manipular el proceso electoral a su favor.

Es alarmante saber que en varias comunidades, como en la cabecera municipal, se desconoce este cambio. Esto pone en evidencia que no se trata de una decisión colectiva, sino de un arreglo entre unos cuantos, dispuestos a sacrificar la transparencia y la justicia en el proceso electoral por intereses personales. ¿Acaso los ciudadanos de Oxchuc no merecen algo mejor?

La situación empeora cuando vemos que algunos candidatos han sido excluidos, mientras que otros han sido impuestos sin considerar el sentir de la gente. Los mismos líderes que ahora se erigen como árbitros de este proceso parecen actuar con total impunidad, modificando las reglas a su antojo, como ya lo hicieron en el caso de la imposición de Luis Sántiz por parte del Congreso del Estado.

Y lo que es aún más grave: hay quienes ya se dan por ganadores. Enrique, del Frente Comunitario, afirma tener la presidencia municipal en su bolsillo, y hasta ha nombrado a su secretario municipal y particular. Si esto es cierto, ¿por qué no permitir que otros compitan de manera justa? ¿Por qué manipulan los lineamientos y evitan que otros se postulen? ¿Acaso no temen que, en un proceso libre y transparente, el resultado podría ser distinto?

Es evidente que Oxchuc necesita un cambio. La comunidad merece nuevas autoridades, con rostro fresco, pero sobre todo, con ideales firmes y una verdadera visión de transformación. Ya es hora de dejar atrás el clientelismo, la corrupción y los pactos oscuros, y empezar a construir un futuro donde la política esté al servicio del pueblo, no de unos pocos.

Es momento de que la sociedad recupere su voz y decida, de una vez por todas, el rumbo que desea seguir.