Tensión en el penal 10 de Comitán ^Destacado

·         Esposas de integrantes de OCEZ-RC señalaron que sus esposos recluidos en el CERSS 10 de Comitán están siendo torturados y se han violentado sus derechos humanos durante este proceso.

Esposas de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC), recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 10 de Comitán de Domínguez, acusados “injustamente” por propietarios de predios, señalaron que están siendo torturados y se han violentado sus derechos humanos durante este proceso.

 “Nuestros esposos recluidos en el Cereso número 10 están siendo torturados con la violación de sus derechos civiles y humanos, ya que estando todavía en proceso legal, los custodios los están amenazando con bajarlos al penal para raspar con sus uñas las paredes que están deterioradas y con lavar todo el día los baños y los espacios comunes del penal”.

Por lo anterior responsabilizaron al director del penal, Hosellin Nese de los Santos, “por tortura psicológica constante contra nuestros esposos”, al tiempo de llamar al juez de control, Francisco Javier Laza Ruiz, tome en cuenta que al no presentarse los testigos de la demanda y que la misma no fue ratificada por los propietarios sino por su vaqueros, “que sabemos que por miedo no ha llegado a declarar el proceso legal debe caer en el desistimiento legal y la cancelación de las órdenes de aprehensión de otros compañeros implicados”.

En conferencia de prensa, María Regina Alfonso Martínez, esposa de Guadalupe Wilfrido Gómez Vásquez; Guadalupe Hernández López, esposa de Erasto Méndez Vásquez y Juana Hernández López, pareja de Pedro Méndez Gómez, enfermo de diabetes, leyeron una carta abierta dirigida al mandarino estatal, donde denuncian la complicidad de las autoridades con quienes levantan demandas con fundamentos falsos.

 “Nos extraña que dichas acusaciones provengan de los propietarios, ya que se habían comprometido a negociar con el gobierno para la compra de nuestras tierras del poblado 2 de noviembre del municipio de Socoltenango”, refirió una de las voceras.

Citó que la minuta firmada el 2 de febrero de 2016, hace énfasis “para el caso de las personas asentadas en los denominados poblados 20 de junio, Nuevo Paraíso, 12 de junio, 9 de Abril, 2 de Noviembre, 12 de diciembre y La Libertad ubicadas en los municipios de Venustiano Carranza, Socoltenango, La Trinitaria, Berriozábal, el gobierno del estado, ateniéndose a la ley, respetará la posesión de la tierra en tanto concluye el proceso de regularización respectivo”.

Sospechan que algunos funcionarios municipales están promoviendo e incitando a los propietarios agilizar las demandas, como Wenceslao Gregorio Padilla León, quien presentó pruebas de oficio firmado, “donde el propietario reconoce que el poblado 2 de noviembre existe, enviando un oficio de uso de suelo a Manuel García Martínez, jefe de Departamento de Electrificación Rural zona San Cristóbal, con fecha 19 de julio del 2017”.

Manifestaron su preocupación por la integridad física y moral de sus esposos, ya que su condición de presos “es porque nos quieren sacar de nuestro poblado, aun cuando el último censo del Inegi reconoce como población con constancia al 2 de noviembre como poblado del municipio de Socoltenango”.