* Son 11 municipios considerados focos rojos, con 850 evangélicos afectados principalmente en Municipios indígenas como San Cristóbal de las Casas

 Las constantes violaciones a los derechos humanos de los cristianos evangélicos en Chiapas, han pasado desapercibidas durante muchos años, pero no para los grupos vigilantes de persecución religiosa como Solidaridad Cristiana Mundial, Interés Cristiano Internacional, (ICC), Puertas Abiertas y la Voz de los Mártires.

En un documento entregado a la prensa por el representante de las iglesias evangélicas, Luis Herrera, expone que es difícil la situación de los evangélicos y esta entidad forma parte de los cuatro estados con más intolerancia religiosa, con 11 municipios considerados “focos rojos, con 850 evangélicos afectados principalmente en Municipios indígenas como San Cristóbal de las Casas San Juan Chamula y Oxchuc

Los cristianos han sido agredidos y obligados a dar cooperación para las fiestas religiosas católicas, así como se ha llegado al extremo de expulsarlos de la comunidad donde habitan. “Los rituales de los festivales a menudo incluyen el uso de licor o de drogas, lo que motiva a los evangélicos a rehusarse a participar”, por lo que de ahí se desencadena una serie de agresiones contra el pueblo evangélico como la suspensión de los servicios de agua potable y luz eléctrica”, señalan.

Relatan que el ICC, llamó un hecho histórico que 13 legisladores estadounidenses de la Comisión de Derechos Humanos, enviaron una carta a la ex procuradora general de la república, Arely Gómez, que requiere el enjuiciamiento de los transgresores de la ley.

*Son ellos los que están detrás del conflicto por la construcción de tres calles, advierte el grupo contrario y pide la urgente intervención de las autoridades estatales

 Luego de que un grupo de pobladores de La Comunidad Milpoleta, del municipio de San Juan Chamula, bloquearon la entrada y salida de dicha comunidad, pobladores quienes se oponen a la construcción de tres calles, dieron a conocer que cuentan con amparo que los avala para que sus tierras no sean tocadas para tales fines.

En un escrito entregado al gobierno del estado, dan a conocer que el amparo a su favor lo sustenta en la sentencia de fecha nueve de marzo del 2015, “ante la falta de los procedimientos de resolución de fecha 21 de agosto de 2015, que nos dio la razón jurídica”.

Aseguraron que son los hermanos Manuel y Javier Collazo Gómez, quienes están incitando a los pobladores, a pesar de existir un amparo a favor de ellos.

 “Respetando la ley los suscritos logramos que la justicia Federal nos amparara por violación a nuestros derechos constitucionales, por la falta del procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública, del entonces ex presidente municipal Sebastián Collazo Díaz, quien se coordinó precisamente con el mismo grupo e incitadores a la violencia que hoy realiza el bloqueo”, añadieron.

Solicitan al gobierno del estado su intervención para el respeto a un amparo federal, ya que desde hace dos años les fueron despojadas sus tierras, “abuso de autoridad, daños, lesiones, privación ilegal de la libertad”.

Con fecha 16 de noviembre del año 2016, citan que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del vigésimo circuito se ordena a la autoridad municipal el cumplimiento íntegro de su amparo ya que fueron violados sus derechos constitucionales de propiedad, daños y perjuicios.

Aseguraron que el bloqueo que se mantiene en la entrada y salida de aquella comunidad, es incitado por Javier y Manuel Collazo, alterando la paz y buscando provocar conflictos entre los mismos habitantes.

Subrayaron que el pasado 13 de junio de 2016 sí se realizó una asamblea general en la comunidad, pero que jamás se llegó a un acuerdo porque el grupo contrario a ellos querían abrir las calles, ya que jamás se les planteó un proyecto y en apego a la ley agraria, como se había acordado en una minuta de trabajo del pasado 6 de mayo del 2016. 

*Con armas de fuego, 50 se oponen a la construcción de 3 calles que benefician  a miles; el alcalde lo permite

 Ante la falta de intervención de las autoridades municipales de San Juan Chamula  por la construcción de tres calles en el ejido La Milpoleta, la cual fue aprobada en asamblea el 13 de junio de este año pero unos 50 pobladores se niegan y hostigan a los demás con armas de fuego, el grupo mayoritario inició un bloqueo carretero.

 “Estamos plantados porque el presidente del Concejo Municipal de San Juan Chamula no nos ha atendido, queremos que solucione nuestro problema”, dijo en este sentido Fernando Díaz Gómez, poblador a favor.

Recordó que en la asamblea del 13 de junio acordaron la construcción de las tres calles, en la que firmaron los representantes de bienes comunales, funcionarios de gobierno, entre ellos el subsecretario.

Presionó a las autoridades ya que temen a ser agredidos, pues recordó que hace tres meses fueron intimidados con detonaciones de arma de grueso calibre  y la prueba es que acudieron al ejido elementos del Ministerio Público a levantar los casquillos de las armas que se usaron, “no queremos llegar a eso, que intervenga el gobierno y el presidente municipal”.

Señaló que estas tres calles ya habían sido abiertas, pero que fue después de la intervención de Narciso Ruiz Sántiz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) que cerraron y destruyeron los avances.

Por su parte, Laura Gómez Díaz, habitantes de La Milpoleta, urgió la construcción de las calles, ya que beneficia esta obra a los barrios Terán, Calixto y Checheb, para la facilidad al sacar sus productos que cosechas, así como la fácil introducción del servicio de agua entubada.

Reveló que fueron unos 449 pobladores quienes cerraron el paso del tránsito vehicular de este ejido, y advirtieron que no darán paso hasta que alguna autoridad intervenga, o el presidente del Concejo municipal de Chamula, Mario Sántiz Gómez.

Calculó que quienes se oponen en la construcción de dichas calles, argumentando que les invaden parte de sus tierras, son menos de 50 personas, a pesar que en una asamblea acordaron todos los pobladores aceptar dicho beneficio aun perdiendo parte de su propiedad.

 “Según ellos la mayor parte perdieron su terreno, pero no es cierto, la mayoría donamos terrenos. No hay afectaciones a casas, esperamos la solución lo antes posible y damos un límite de 72 horas”, añadió.

Gómez Díaz  apuntó finalmente que en esta comunidad existen algunas viviendas que no tienen acceso para ingresar sus productos de consumo como agua y leña, afectándose más las personas de la tercera edad.