El gobernador de Alejandro Armenta volvió a colocar sobre la mesa uno de los temas más sensibles para cualquier gobierno que se dice cercano al pueblo: el uso del poder y los privilegios que vienen con él.

Todo comenzó tras difundirse un video donde el mandatario poblano aparece a bordo de un helicóptero oficial. Lejos de intentar matizar el asunto, Armenta defendió el uso de la aeronave argumentando que la utiliza cuando “se le hace tarde”, rematando con una frase que rápidamente encendió las redes sociales: “Para eso es”.

La declaración no cayó bien. Y no precisamente porque los ciudadanos crean que un gobernador deba moverse en transporte público o llegar caminando a cada evento, sino por el contraste brutal entre el discurso de austeridad que durante años ha pregonado Morena y la realidad de muchos funcionarios que parecen haber olvidado aquello de “primero los pobres” apenas pisan el poder.

Porque mientras miles de poblanos pasan horas atrapados en el transporte público, soportando rutas deficientes, inseguridad y caos vial, el gobernador reconoce sin problema que usa helicópteros oficiales para no llegar tarde. El mensaje político termina siendo devastador: la austeridad parece aplicar únicamente para la ciudadanía, no para quienes gobiernan desde las alturas.

Pero el problema no termina ahí. Después de la polémica, el gobierno estatal decidió reservar la información relacionada con los vuelos oficiales hasta 2031. Una decisión que inevitablemente alimenta la sospecha pública. Porque cuando un gobierno opta por esconder información en vez de transparentarla, deja de tratarse solamente de un helicóptero y comienza a tratarse de confianza.

Y es ahí donde Morena enfrenta uno de sus mayores riesgos: la incongruencia. El movimiento que construyó buena parte de su narrativa criticando los excesos, privilegios y lujos de los gobiernos anteriores hoy comienza a parecerse demasiado a aquello que prometió combatir.

La realidad es que a muchos ciudadanos poco les importa si un político se mueve en camioneta blindada, helicóptero o convoy. Lo que realmente molesta es la desconexión con la realidad de la gente y la facilidad con la que algunos funcionarios justifican privilegios financiados con dinero público mientras el ciudadano promedio batalla diariamente para salir adelante.

Al final, la exigencia social no es compleja: que los gobernantes trabajen, den resultados y mantengan congruencia entre el discurso y sus actos. Porque si algo quedó claro con la frase del gobernador poblano, es que el problema ya no es solo el helicóptero.

El problema es la manera en que el poder termina acostumbrando a muchos políticos a vivir por encima de la realidad que juraron representar.

Las perspectivas del transporte público y de pasaje en Chiapas para 2026 están definidas por tensiones tarifarias por los costos de combustibles, reformas a la Ley de Movilidad y el desarrollo de infraestructura vial conectiva. 

Tras el incremento tarifario aplicado a inicios de año, el sector enfrenta presiones operativas y demandas de reordenamiento. 

Situación Tarifaria y Presión Económica

El pasaje oficial del transporte colectivo se estableció en 11.00 pesos generales y 5.50 pesos para adultos mayores y personas con discapacidad.

Diversas agrupaciones del estado exigen un nuevo ajuste de entre 2 y 3 pesos más (para alcanzar un mínimo de 14 pesos). Argumentan que los costos operativos y de refacciones subieron un 30% debido al alza en los combustibles.

La Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado advierte que un incremento inmediato generaría un grave impacto a las finanzas familiares y exige evaluar alternativas técnicas antes de autorizar cualquier ajuste. 

Marco Legal y Proyectos de Modernización

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas con el fin de armonizarla con la normativa federal, adaptando las reglas a las zonas montañosas y fronterizas del estado.

Las reformas contemplan apartados específicos y pruebas piloto de rutas adaptadas para personas con discapacidad en Tuxtla Gutiérrez, antes de expandirlas al resto de los municipios.

Por otro lado se mantiene el proceso de ordenamiento y regularización de aplicaciones de transporte privado (taxis por plataforma), las cuales superan en número a las unidades tradicionales en urbes como Tuxtla Gutiérrez.

Así mismo se proyecta a mediano plazo la sustitución gradual del parque vehicular actual (combis y camiones) por unidades eléctricas y climatizadas para mitigar la huella de carbono regional. 

De igual manera se prioriza la construcción de la nueva carretera Tuxtla–Berriozábal para aliviar la saturación de pasaje y agilizar el tránsito diario.

Al ser un nodo de alta relevancia económica y migratoria, se ejecutan fuertes inversiones en el mejoramiento de vialidades urbanas y rutas de comunicación periféricas en Tapachula y municipios fronterizos con Guatemala. 

En el tramo Palenque–Ocosingo avanza la licitación de tramos carreteros claves en acuerdo con comunidades indígenas, mejorando el traslado de pasajeros hacia zonas turísticas y rurales.

Finalmente continúan los estudios de factibilidad para un sistema de transporte para el  teleférico en Tuxtla Gutiérrez orientado a resolver problemas de movilidad urbana en zonas de difícil acceso orográfico y que fue un compromiso de campaña del actual gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.