Los dirigentes de los partidos políticos en México viven en el hartazgo económico. Eso lo 
saben los ciudadanos, algunos se molestan, otros son omisos y hay quienes están buscando la manera de cómo hacer para que los partidos políticos tengan menos recursos públicos. 

No obstante, el que ellos tengan menos recursos públicos depende de sus alfiles colocados en el Congreso de la Unión, porque son los representantes populares, quienes aprueban esas cantidades que para muchos son exorbitantes. 

La Constitución determina que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se fije anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Así, este año los partidos políticos recibieron 4 mil 59 millones 213 mil 905 pesos. Una cifra impensable para los millones de pobres que habitan nuestro país. El mandato de la Carta Magna establece que el financiamiento público que reciben las instituciones políticas debe emplearse en actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. Es decir, impulsar a los mexicanos a un mejor ejercicio de la democracia. 

El Instituto Nacional Electoral informó en su momento que ese dinero contenido en 10 cifras llegó a las manos de las dirigencias partidistas de la siguiente manera: Al PAN correspondió 782, 225,377; 1, 034, 468,127 fueron para el PRI. Al PRD 468, 813,881; 223, 772,649 fueron entregados al PT. El Verde 348,163,032; el Movimiento Ciudadano 322,731,712; Nueva Alianza 249,916,127; Morena 392,014,854 y Encuentro Social 237,108,146. 

Después de este baile de dígitos a uno le queda la sensación de que algo muy grave en los social, político y económico, está pasando en nuestro país. Son recursos públicos que se festinan cuando algo más profundo se estremece en las familias que carecen prácticamente de todo.

No es posible invertir tanto dinero en partidos políticos mientras se desatienden problemas de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, pero también los derechos de los pueblos vinculado con la solidaridad, que tiene que ver con la paz y la calidad de vida.

Algunas iniciativas como #SinVotoNoHayDinero del diputado Pedro Kumamoto ha causado cierto escozor en la clase privilegiada porque propone la reducción de presupuestos otorgados a esas instituciones. 

Iniciativas con diferentes proposiciones del PAN, del PRI y Morena, entre algunas otras, invernan en las comisiones de las cámaras. Pero hasta que no se haga una revisión completa acerca de los beneficios que produce el gasto de miles de millones de pesos, en el imaginario colectivo permanecerá la idea de que los partidos políticos son una buena inversión y un muy buen negocio financiado con recursos del erario. 

Alguna vez Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, activista contra la segregación racial,
dijo que la pobreza “no es un accidente. Es una creación y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos.” La indigencia, no es una peripecia. Tiene raíces más profundas y mucho menos es un incidente. 

El Banco Mundial más contundente, indica que la pobreza es hambre y es un anhelo, es esperanza de vivir. Una esperanza vulnerable.

El mismo organismo explica que la pobreza es “un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión.”

Por si eso no fuera suficiente, en el universo de las definiciones cabe la pobreza extrema, que es cuando una persona tiene tres o más carencias, de seis posibles, como rezago educativo, no tiene acceso a los servicios de salud y seguridad social, no tiene acceso a los servicios básicos en la vivienda y no tiene acceso a la alimentación. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

Desde otra perspectiva, la pobreza no solo es por la carencia de ingresos. Los pobres están privados de oportunidades. Los empleadores los excluyen debido a las bajas capacidades y a la exclusión social y geográfica. Por supuesto que la poca educación afecta las posibilidades de empleo y de acceder a información que podría ayudar a optimar la calidad de sus vidas. 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la población vulnerable por carencias sociales en Chiapas es de 15.3%; la población vulnerable por ingresos es del 2.5%; los no pobres en Chiapas y por ende no vulnerables son el 6.0%, la población en situación de pobreza es del 76.2% y en pobreza extrema 31.8%. Sobre una población de 5, 217 908 habitantes, 48.6% hombres, 51.4% de mujeres.

Muchos pobres de Chiapas no tienen acceso a una canasta mínima de consumo individual o familiar (alimentos, vivienda, vestuario, artículos del hogar), el acceso a los servicios básicos (salud y educación, agua potable, recolección de basura, alcantarillado, energía y transporte público), pese a los mandamientos constitucionales, que en la triste realidad, parecen obra de un reciclaje clandestino y no un mandato que debe cumplir el Estado.

La pobreza es la privación de las capacidades y de los derechos fundamentales de las personas. Derechos humanos que son constantemente violentados por quienes hoy administran las riquezas del Estado.

No hablemos de la exclusión social en donde se incluyen aspectos sociales, económicos políticos y culturales. Eso no es ningún abono para un sistema que se precia democrático.

Para quienes aún se sorprenden de que el PRD y PAN concuerden para enfrentar las elecciones del próximo año, solo hay que recordarles que falta el PRI, para que aquel pacto por México de 2012 se vuelva a repetir. 

Los dirigentes de esos partidos pactan para enfrentar a quien consideran, así lo muestran sus acciones, como el enemigo a vencer en las elecciones presidenciales de 2018. Por supuesto que no se trata de ideologías, como izquierda o derecha y mucho menos defensa de los valores democráticos. La revoltura responde a la necesidad de no perder lo que han ganado.

El ahora llamado Frente Amplio Democrático, en palabras de la dirigente del PRD Alejandra Barrales, nace porque en 2018 se espera una elección inédita y altamente competida, en la que se perfilan tres grandes tendencias electorales; una que impulsa el extremismo y la polarización social y política del país.

“Otra, la del PRI, que representa la continuidad, el statu quo y que defiende el modelo neoliberal; y la tercera, que plantea la construcción de una nueva mayoría política y social que represente la pluralidad democrática de México”.

El Frente en realidad es la fachada de una oposición que no se opone a nada. 

Cinco años atrás, dirigentes del PRD y del PAN, dieron la bienvenida el 2 de diciembre de 2012 al Pacto por México que tenía entre otros ejes, el fortalecimiento del Estado Mexicano y que sirvió para ratificar la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. 

El Pacto buscaba la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño y ejecución y evaluación de las políticas públicas, es obvio que este y los otros puntos del acuerdo no solo no se han cumplido, sino que las condiciones han empeorado. El pacto solo ha beneficiado a quienes firmaron el documento.

Por su parte, Ricardo Anaya, el dirigente del PAN, mucho más práctico le apunta a las alianzas. Le han dado buenos resultados. Actualmente, Acción Nacional es gobierno en 16 gubernaturas, gracias a las alianzas.  Aunque haya perdido legitimidad y autoridad moral. Se trata de ganar por ganar y ya. Se avizora una mujer que no será candidata, aunque ya anda en campaña. 

En su momento, Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena ha dicho que tanto PAN y PRD junto con el PRI “son partidos de la ‘mafia del poder”. Morena si hará alianza con el PT y el próximo 3 de septiembre, se refrendará un acuerdo de Unidad Nacional. Morena que trae su propia agenda, rechazó la invitación del PRD porque considera que era un ardid publicitario ya que desde hace un año se le había pedido que se deslindara el Pacto por México para unirse, pero no quiso.

En general, los dirigentes blanquiazul y amarillo, apuntan a que las grandes fuerzas de la oposición, pueden transformar a México. Si se trata del duopolio PAN y PRD, es un embuste. Otros menos optimistas indican que estas fuerzas partidistas, le están desbrozando el camino para que el PRI, siga seis años más. 

Los pueblos zoques piden al gobierno que les atienda para la solución de cinco puntos en defensa de la vida y de la tierra. La petición está sustentada con toda la razón de quienes 
aman su territorio. Contienen preocupaciones que intranquilizan y alarman a los pobladores, ante la realización de los proyectos extractivos que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques. 

Y es que la reforma energética aprobada en 2013 junto a las 10 reformas constitucionales constituye una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los pueblos zoques del norte de Chiapas. 

Sobre los territorios zoques de Chiapas subsiste la amenaza por las “11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; 1a ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; e1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; e1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazados por los proyectos extractivos.”

Además de la amenaza que representa la licitación que inició en agosto de 2016 la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Licitación Pública Internacional conocida como la Ronda 2.2 para el concesionamiento de 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas. Un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios del norte de Chiapas serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

Los pueblos de Tecpatán, Francisco León, Chapultenango, Ostuacán, Ixtacomitán, Sunuapa, Solosuchiapa, Pichucalco, Chapultenango, Ixtapangajoya, Rayón, Tapilula e Ixhuatán se verían seriamente afectados.

El pueblo creyente zoque que el jueves realizó una marcha – peregrinación de Chicoasén a Tuxtla Gutiérrez, pide: Respeto al derecho de auto consulta y la libre autodeterminación de los pueblos zoques de Chiapas. Exige la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2 que encabeza la SENER.

Además el rechazo para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen al bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confrontan los pueblos.

Al mismo tiempo, exigen la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos que se ubican en la zona. Aparte de que se declare al pueblo zoque como territorio libre de proyectos extractivos, que atentan contra los recursos naturales (hidrocarburos, minería, presas hidroeléctricas, centrales geotérmicas).

Los hombres y mujeres de esta región de Chiapas se han declarado en defensa permanente del territorio zoque. Es el presente y el futuro con el rostro de la dignidad, para preservar a esta bendita tierra llena de riquezas y que ha sido explotada para el interés de unos cuantos.