Son posturas diametralmente opuestas: Efraín Orantes Abadía, conservacionista de fauna,
afirma tener pruebas contundentes de sus acusaciones contra directivos del célebre Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZOOMAT). Carlos Guichard Romero, biólogo y director de la institución, también asegura tener documentos que rebaten los dichos del primero.
Escuchar a uno y otro deja la sensación que están en lo cierto; que cada uno tiene elementos de acusación y defensa. Es común en ese tipo de confrontaciones, aunque ambos niegan que las diferencias lleguen a ese punto crítico. Se declaran defensores de la fauna, principalmente de aquellas especies en peligro de extinción. ¿Quién dice la verdad?
A reserva de presentarles la versión video-grabada de ambos, para que usted, lector, se forme su propio criterio, le entrego un resumen del asunto que, hay que decirlo, no es menor, puesto que se trata de un tema intrínsecamente relacionado con la preservación del medio ambiente y la protección de las especies animales.
Para Orantes Abadía el área de cuarentena es en sí un “campo de concentración” donde conviven especies distintas en la misma jaula. Y pone como ejemplo el de las aves. Efectivamente, en una sola jaula conviven una guacamaya roja y un tucán. Lo pudimos corroborar durante un recorrido con el director del ZOOMAT, Carlos Guichard Romero, quien en su defensa explica que ambas aves no tienen conflictos de ninguna naturaleza y por lo tanto, su convivencia es permitida… Y normal.
Otra de las acusaciones del conservacionista es que muchas de las especies no cuentan con una legal procedencia; es decir, que para su aceptación en el zoológico no se llenaron los requisitos legales de rigor, ni se cumplieron con los protocolos sanitarios existentes, lo que, alega, pone en grave y serio riesgo, la salud del resto de animales.
En respuesta, el biólogo Guichard afirma que se tiene la infraestructura adecuada y necesaria para determinar el estado físico de los animales y actuar conforme a las condiciones de éstos; explica que el área de cuarentena funciona en óptimas condiciones y asegura que cada ejemplar admitido para su recuperación en ése sector cuenta con toda la documentación emitida por instancias federales, incluyendo certificados de salubridad requerido, que les garantiza proteger a todas las especies de cualquier brote epidémico, ejemplifica.
En ese contexto, ahonda en el tema del alto índice de mortalidad que acusa Orantes, quien afirma que en los últimos meses habrían muerto alrededor de 20 ejemplares: “Como todo ser vivo —dice— hay muerte de animales, especialmente los que nos manda PROFEPA; son animales que vienen heridos, desnutridos, golpeados y que ya no responden a los tratamientos veterinarios”.
En ese tenor va el asunto respecto a una de las instituciones más queridas de Chiapas. La más reconocida en materia ambiental a nivel latinoamericano. Orantes Abadía ha mostrado copias documentales de sus acusaciones; Guichard Romero ha abierto las puertas del ZOOMAT, incluso a zonas restringidas para refutar a su acusador.
Alguien debe tener la razón y alguien debe ordenar una investigación más allá de lo que se debe mostrar. Y posterior a ésta, determinar las medidas apropiadas; en una parte de la entrevista con el director del zoológico admitió que existen algunas carencias y eso debe tomarse en cuenta para devolver el brillo al lugar o mejorar el que ya se tiene.
Ha sido buena la denuncia del conservacionista, porque abrió un debate; y ha sido buena la reacción del director porque busca transparentar, dentro de lo que cabe, a una institución que merece toda la atención de las autoridades, especialmente ahora que se tiene un gobierno ecologista.
A simple vista parece no haber fallas. Pero habrá que ir más a fondo. Revisar interinstitucionalmente el tema, debe ser obligación prioritaria y urgente.
Por desgracia, otras instituciones involucradas como la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, por ejemplo, han reaccionado burdamente. Su titular, Carlos Morales Vázquez, ha enderezado una campaña de intimidación, acoso y amenazas contra Orantes Abadía, lo que ha generado sendas demandas penales ante la PGR y quejas ante la timorata CEDH. ¿Había necesidad?
No; pero la torpeza de Morales Vázquez, acusado en varias ocasiones de traficar con diversas especies animales y joyas arqueológicas, han provocado reacciones de ese calibre. Juzgue usted.
