·       Ochoa Reza, junto a Aurelio Nuño, se han convertido en los más férreos promotores de la candidatura de Albores Gleason al gobierno de Chiapas para el 2018.

Relevo priista en Chiapas, con olor a simulación

Los acuerdos están tomados y los procesos definidos para que la renovación del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas finalmente se lleve a cabo con las fichas cargadas a favor de los intereses del grupo político que hoy impulsa la candidatura de Roberto Albores Gleason, en un procedimiento que francamente apunta a convertirse en una simulación de “cumplimiento y complacencias superficiales”.

Con la designación del exgobernador oaxaqueño José Murat Casab como delegado de Comité Ejecutivo Nacional priista en el proceso interno del PRI Chiapas, y los acercamientos públicos entre Roberto Albores Guillén y Enrique Ochoa Reza, los rumores que aseguran un relevo a modo parecen cobrar credibilidad.

Y no es para menos. Las vinculaciones entre los Murat, los Albores y Sabines Guerrero son ya del pleno dominio público.

Roberto Albores Guillén fue el principal promotor de la candidatura de Juan Sabines al gobierno de Chiapas por las siglas del PRI, cuando ambos pertenecían a ese partido. Sin embargo, en 2006 la corriente opositora les ganó la partida designando como candidato a José Antonio Aguilar Bodegas.

La derrota en el proceso interno terminó obligando a Juan Sabines Guerrero a renunciar al PRI y postularse por la coalición PRD-PT-Convergencia, además de desencadenar la expulsión del ex gobernador Albores Guillén de las filas priistas por apoyar abiertamente la candidatura de Sabines al gobierno estatal que finalmente ganó. Desde ese entonces las lealtades se fortalecieron entre ambos grupos políticos.

En consecuencia, Roberto Albores Gleason (hijo de Albores Guillén) fue integrado al gabinete estatal de Sabines Guerrero en la Secretaría de Fomento Económico, luego a la Secretaría de Turismo de donde saltó para contender por la diputación federal.

En 2011 obtuvo a dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional y en 2012 un escaño en el Senado de la República. Paradójicamente, todo durante el tiempo en que Sabines Guerrero se mantuvo al frente del gobierno chiapaneco.

Y a todo esto ¿qué tiene que ver José Murat con Chiapas, los Albores y Juan Sabines? La respuesta es muy sencilla. El ex gobernador oaxaqueño fue uno de los principales patrocinadores y socios de Juan Sabines durante su ascenso y estancia en el poder. A él se le atribuye parte del financiamiento a la campaña de Sabines Guerrero y otros tantos intercambios de favores.

Con empresas como Muraza y Alzurio, presuntamente ligadas a Murat, junto a otras empresas fantasmas del ex gobernador veracruzano Fidel Herrera, se adjudicaron en Chiapas obras públicas por más de mil 800 millones de pesos, tan sólo durante periodo 2009-2011.

Sin procesos públicos de licitación, ni tardados trámites burocráticos, los millonarios recursos eran entregados en tiempo y forma a estas empresas con domicilios fiscales en el vecino estado de Oaxaca. Todo como pago a proyectos que ni siquiera fueron concluidos conforme se estipuló en los contratos.

Los nexos entre José Murat y Juan José Sabines resultaron muy fructíferos para ambos intereses personales. Son hasta la fecha importantes aliados políticos. A eso súmele usted la injerencia del actual dirigente priista, Enrique Ochoa Reza, al “proyecto alborista”. Ochoa Reza, junto a Aurelio Nuño, se han convertido en los más férreos promotores de la candidatura de Albores Gleason al gobierno de Chiapas para el 2018.

Por eso no debe extrañar que si los intereses de Sabines Guerrero están sobre Albores Gleason sea justo el ex gobernador oaxaqueño la persona designada por el Comité Ejecutivo Nacional para legitimar el relevo en la dirigencia chiapaneca.

Por eso no deberá sorprender que el resultado del proceso termine beneficiando al mismo grupo político que hoy abandera Roberto Albores junior frente a la designación de una candidatura que parece francamente ya inevitable… así las cosas.

En el colmo de la arbitrariedad se encuentra hoy el Sindicato Independiente y 
Democrático de los Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (SIDET CECYTECH), bajo el liderazgo de José Luis Guzmán Jiménez, quien, entre la desesperación por la masiva salida de sus agremiados y el debilitamiento de su agrupación, ha recurrido al uso de la violencia y las amenazas laborales en contra de los trabajadores que no cuenten con la venia de su sindicato.

Lo que sucede hoy con el SIDET ha activado las alarmas para miles de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECYTECH) quienes han sido formalmente amenazados con impedirles el ingreso a sus lugares de trabajo en caso de no apoyar las decisiones del sindicato y su Secretario General, José Luis Guzmán. 

El oficio girado a todos los planteles y oficinas administrativas del CECYTECH por parte del SIDET advierte de manera clara la aplicación de los supuestos acuerdos tomados durante la asamblea del pasado 7 de julio que entre otras medidas determinaron: no dejar entrar a sus centros de trabajo a los agremiados del nuevo Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (STA CECYTECH).

Asimismo, han amenazado con: impedir el acceso a trabajadores no sindicalizados que no apoyen las medidas tomadas por el SIDET; así como retirar de los planteles a todos los directivos que se opongan a las decisiones del sindicato que encabeza Guzmán Jiménez o muestren simpatía con la nueva agrupación sindical y “exigir” la inmediata destitución del director del Plantel 1 en San Fernando debido al apoyo mostrado al STA.

Más allá de las simpatías o justificaciones viscerales, las medidas de represalia asumidas por el SIDET resultan inaceptables. José Luis Guzmán y sus delegados no pueden trasgredir los derechos constitucionales de ningún trabajador, simpaticen o no con su sindicato.

El sólo hecho de impedir injustificadamente el acceso a los trabajadores (por las razones que sean) constituye delitos flagrantes que requerirán de la inmediata intervención judicial. 

La creciente migración de agremiados del SIDET al nuevo sindicato o las acusaciones entre uno y otro no son argumentos válidos para procedimientos tan autoritarios como los advertidos.

A Guzmán Jiménez y su grupo cercano se les ha olvidado por completo que las y los trabajadores se encuentran en plena libertad de asociarse o no con el sindicato que mejor les convenga sin que eso implique sanción, amedrentamiento o procedimientos en su contra.

Los agremiados al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas han advertido ya que solicitarán la actuación de las autoridades pertinentes para intervenir y sancionar las posibles acciones arbitrarias del SIDET contra los derechos de los trabajadores ajenos al control de dicho sindicato, por lo que se encuentran listos para interponer los procesos penales correspondientes por delitos como asociación delictuosa, incitación a la violencia y delitos cometidos por servidores públicos.

Las amenazas de José Luis Guzmán y el SIDET contra el personal opositor del CECYTECH deberán tener consecuencias serias por su evidente ilegalidad. Se trata de un caso de autoritarismo puro y violación flagrante a los derechos humanos de los trabajadores que no pueden tomarse a la ligera.

Por la desesperación y ambición de poder permanente, hoy Guzmán Jiménez se ha convertido en otro dictador sindical más que ha terminado cometiendo los mismos abusos que tanto ha criticado… así las cosas.

Tener que leer o escuchar todos los días insultos, denostaciones, agresiones y argumentos 
cargados de odio e ignorancia sobre tu condición de vida no es nada sencillo. Ser homosexual, lesbiana, transexual, bisexual o transgénero en países como México, donde el machismo y la hegemonía religiosa aún pesan con fuerza, es un acto de valentía y determinación por vivir a plenitud contra corriente.

Asumirse públicamente LGBT es una decisión que cuesta, afortunadamente cada vez menos. Es una condición con la que se nace, muchas veces contra la que se lucha y la que finalmente se asume, tras una disputa interna para aceptarse y amarse tal cual se es, ante un mundo listo para señalarte, enjuiciarte y estigmatizarse por algo que simplemente no se decidió y está en esa naturaleza que configura de origen a los seres.

No se equivoquen. La diversidad sexual ha existido a lo largo de la historia. Desde las culturas más ancestrales como los Sumerios, los chinos, las civilizaciones prehispánicas y los griegos. Su presencia en los registros históricos (de sustento científico) es tan numerosa y extensa como la humanidad misma.

Su existencia es incluso más antigua que los dogmas religiosos responsables de satanizarla, estigmatizarla y condenarla. Tal como sucedió como otros sectores poblacionales que ponían en riesgo la hegemonía patriarcal de los liderazgos religiosos.

NO SE TRATA DE UNA MODA. Se trata de un nutrido grupo poblacional que ha perdido el miedo; que ha dejado de sentirse avergonzado de ser como es; que está dispuesto a salir de las sombras donde muchos prefieren verlos atemorizados. Que está dispuesto a salir a defender su libertad y exigir sus derechos, aunque se vaya de por medio la tranquilidad, la seguridad, la afinidad de seres amados y, en varios de los casos, la vida misma.

Y de verdad que no es una exageración. Así lo demuestra el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en su última encuesta (ENADIS 2010). En dicho estudio, seis de cada diez personas encuestadas preferirían no vivir con una persona LGBT.

El 50 por ciento de personas LGBT reportan haber sido discriminadas en algún momento de su vida, mientras que un porcentaje muy amplio de esta comunidad continúa excluido del acceso a la seguridad social cuando viven en relaciones de pareja estables y sin ningún vínculo legal.

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH), en los últimos 20 años (entre 1995 y 2015) se han registrado mil 310 asesinatos por odio homofóbico en 29 entidades del país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian. Lo anterior coloca a México como el segundo país con la mayor incidencia al respecto. Y no son cifras que sorprendan mucho.

La existencia de un Estado débil, manipulable y sometido a grupos religiosos capaces de condicionar votos para sostener sus privilegios mantiene en pleno siglo XXI a un importante grupo de la población en el rezago y la vulnerabilidad en lo que respecta a la protección y aplicación efectiva de sus derechos humanos.

El Estado ha sido omiso en sus obligaciones y eso ha sido causa del complicado escenario que hoy se vive.

De nada sirven las garantías constitucionales de Estado laico, no discriminación e igualdad ante la ley mientras sigan siendo utilizadas sólo como elemento de negociación política dentro de los tres “Poderes de la Unión”. Las marchas, manifestaciones y luchas sociales serían realmente innecesarias si el Estado cumpliera sus obligaciones de ley. Pero no es así.

La violación a los derechos humanos de la población LGBT es sistemática. La clase política se ha vuelto cómplice de la segregación, dispuesta a ser expuesta ante las últimas instancias jurisdiccionales con tal de no reconocer derechos que podrían restarle votos a la hora de saltar nuevos cargos públicos.

Las luchas sociales no son sencillas. Duelen, cuestan e incomodan, sobre todo a quienes se sienten dueños de la verdad absoluta. A quienes están dispuestos a pelear para que los diferentes sean tratados como iguales y sus leyes de vida pesen incluso sobre quienes piensan distinto.

La convivencia humana se sustenta precisamente en el respeto a las diferencias, como parte de la naturaleza misma, donde todas y todos tengan derecho a ser, amar y vivir con dignidad… así las cosas. –

La exitosa defensa de los pueblos zoques contra la aplicación de la reforma energética en 
su tierra es muestra fehaciente de la desconfianza social en los grandes proyectos energéticos instrumentados por el gobierno mexicano a lo largo de la historia, donde las experiencias de saqueo, devastación ambiental y marginación contrastante permanecen aún vivas en varios rincones de Chiapas.

La resistencia civil zoque contra la Ronda 2.2 de las licitaciones de la Secretaría de Energía (SENER) tiene argumentos sólidos de base. En palabras simples, ha buscado desde el inicio impedir la concesión de más de 84 mil hectáreas a empresas privadas para la búsqueda y extracción de hidrocarburos dentro de territorios con importante valor ecológico y cultural para los municipios en cuestión.

Este jueves la lucha emprendida parece haber obtenido el mayor de sus logros. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó el 22 de junio eliminar dos áreas dentro de la zona zoque chiapaneca, que formaban parte de una licitación de contratos de hidrocarburos programada para julio, debido a una extensión del periodo de consultas con comunidades indígenas que habitan la región.

De acuerdo a la propia SENER, las áreas 10 y 11, ubicadas en el estado de Chiapas, con fuerte presencia indígena, ahora ya no formarán parte de la segunda licitación de la Ronda Dos, que subastará ahora 10 áreas en contratos de licencia el 12 de julio. Y es que, desde el miércoles por la tarde la propia Secretaría de Energía solicitó a la CNH eliminar esas dos áreas de la licitación y extender el plazo del diálogo con comunidades zoques y tzotziles a fin de llegar a acuerdos.

Desde 2016 la resistencia civil de las comunidades zoques en esta zona de la entidad chiapaneca tuvo sus primeras batallas ante las autoridades gubernamentales. La firma de minutas, exhortos, declaratorias de inconformidad y protestas públicas por una acción evidentemente unilateral se han convertido en las herramientas utilizadas durante los últimos meses para oponerse firmemente a la licitación de sus tierras.

La mediatización del caso y posición casi inquebrantable del grupo de resistencia tuvieron sus primeros frutos ante la indiferencia prolongada de la Secretaría de Energía, quien finalmente aceptó hace meses a la aplicación de una consulta dentro de las comunidades involucradas. Sin embargo, las malas experiencias y el descrédito de las autoridades federales han desatado la desconfianza en el procedimiento y las posibles mañas de fondo que podría traer a discreción. 

Por eso la tan alardeada consulta tampoco ha podido concretarse. A mediados de abril funcionarios de la SENER que intentaban realizar el procedimiento en el ejido Viejo Lindavista, de Ixtacomitán, fueron prácticamente expulsados de la zona. Como resultado de la oposición a la consulta misma, hasta la fecha únicamente 15 habitantes han accedido a participar en las reuniones de la dependencia federal.

La resistencia civil dentro de la zona zoque chiapaneca es hoy el mayor ejemplo nacional de oposición a la reforma energética en México. La organización dentro de los municipios contemplados y la determinación para impedir la aplicación “sospechosa” de procedimientos federales han logrado lo que parecía imposible: la suspensión temporal de los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en la región. Un logro que sienta precedente sobre lo efectivo que puede resultar la defensa organizada y decidida de la tierra en México… así las cosas.