Hace algunos días el gobierno mexicano rechazó, categóricamente, el informe del Instituto  Internacional de Estudios Estratégicos, mediante el cual, coloca a México en el segundo lugar (solo después de Siria) de los países más violentos del planeta. Los argumentos que la Cancillería y la secretaría de Gobernación expusieron, eran insostenibles. Conforme han pasado los días, se hacen menos confiables y más cuando el índice de criminalidad socaba la seguridad de uno de los sectores más importantes: el periodismo. 

Hace unas horas, el enésimo periodista mexicano fue asesinado en Culiacán, Sinaloa; el crimen no tiene ya, nada de extraordinario, en virtud de la cotidianeidad con que se ha arremetido contra la prensa de un país cuyas autoridades han mostrado sobrada incapacidad para garantizar la seguridad de los periodistas. 

Días antes, un grupo armado retuvo, robó y amenazó a seis periodistas en el estado de Guerrero. La lista de hombres y mujeres periodistas asesinados desde que la administración de Felipe Calderón declaró una guerra sin estrategias, sin fundamento legal y sin efectividad en la respuesta inmediata, es larga. 

Y de estos crímenes ni uno solo ha sido esclarecido. Ni un solo hombre ha sido llevado a los Tribunales para que responda por esos delitos. Ello es signo inequívoco del colapso absoluto de las instituciones del Estado en materia de seguridad y justicia.

No ha habido voluntad oficial para proteger la vida de quienes informan a la sociedad.
Por el contrario, el discurso ha sido evasivo. Se ha recurrido insistentemente a la negación de la realidad y al ocultamiento de hechos que lastiman severamente a los mexicanos.

La postura de la SEGOB y Relaciones Exteriores de hace una semana, es notoriamente opuesta a la exigencia de justicia y pone sobre la mesa de los debates, la capacidad gubernamental para ofrecer condiciones de seguridad y libertad para el ejercicio del periodismo.

Por desgracia, el gobierno federal ha anclado su obligación constitucional en pretextos y explicaciones burdas, que solo confirman ineptitud e indiferencia ante un grave problema que debe solucionarse cuanto antes. Decir, por ejemplo, que las y los periodistas asesinados en México tenían algún tipo de relación con el crimen organizado, es un argumento cobarde y tosco que demuestra la insensibilidad e ineficacia del gobierno. 
Ineficacia que se ha extendido a todos los sectores del país.

“Verdades históricas” y “daños colaterales”, solo han terminado en exabruptos inaceptables, insustanciales y vergonzantes que determinan la nula responsabilidad del Estado para detener la creciente ola de violencia en todo México y en la que las instituciones se han visto inmiscuidas, como el caso de la presunta ejecución extrajudicial en Puebla. 

Nada frena el miedo, el terror que invade a la sociedad ante la atrocidad, continuidad y violencia con que se ataca a los comunicadores y activistas sociales. 
Los discursos resultan insuficientes para creer que la autoridad competente, cumplirá con su función. Todo ha quedado en una perorata de bajo nivel que desnuda las carencias institucionales para hacer frente a los crímenes contra periodistas. 

México requiere urgentemente de acciones contundentes para asegurar que ni un periodista más, sea asesinado; urge, además, que cese el alegato oficial en torno a las motivaciones que, presuponen, son causales para el asesinato. Nada justifica una muerte violenta; por lo tanto, intentar culpar a los periodistas de su final destino, es fatuo, irresponsable y detestable. 

La libertad de expresión no debe estar bajo el mandato de nadie; es un derecho humano y por lo tanto, obligación del Estado es, proteger eficazmente a quienes ejercen el oficio. Ignorar esa tarea, es dar la espalda a la realidad, pero sobre todo, a la verdad que debe prevalecer en México. 

La exigencia —que por antonomasia es permanente—, es de justicia y de correcta aplicación de los criterios legales para terminar con la matanza de periodistas. Ni un periodista más asesinado; ni un periodista menos en las redacciones. 

México no puede seguir nadando en un mar de sangre solo para complacer exigencias de los gringos que, seamos honestos, son los consumidores de las drogas que nos han arrastrado a una guerra sin sentido. No podemos seguir poniendo los muertos, mientras nuestros vecinos del norte alucinan al grado de elegir a un loco como presidente.

Los razonamientos del gobierno mexicano para desestimar el informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, denominado “Encuesta sobre conflictos armados 2017”, son de algún modo, ciertos; la institución que elaboró el informe se quedó corta frente a la realidad del país en materia de seguridad y violencia. Una síntesis del libro publicado en Estados Unidos, ubica a México entre los diez países más violentos del mundo, superando a Afganistán y Somalia y un punto debajo de Siria, sumida en una cruenta guerra interna.

Ahora bien, la estadística local es abrumadoramente superior a los tanteos que hacen los expertos del IIEE, quienes por cierto, omiten el uso de la tasa de homicidios per cápita que hace del informe, un tanto subjetivo, lo que desde luego, no resta importancia a la grave crisis que se vive en el país.

Es imposible negar que se vive un conflicto armado de gran envergadura en México. La utilización del ejército para controlar y someter a los grupos armados pertenecientes al llamado “crimen organizado”, es reveladora para quienes estudian ese tipo de fenómenos y por supuesto, los resultados en materia de mortalidad, indican con claridad que se viven las consecuencias de una guerra interna.

Basados en ello, resulta irresponsable que las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, minimicen el documento en mención, toda vez que lejos de contrarrestarlo, le dan valor probatorio ante la comunidad internacional y dejan a la administración de Peña Nieto como una de las más mentirosas.

Y lo es; nada de lo que hagan o digan para ocultar la realidad en materia de seguridad, va a cambiar la crítica situación de un país que vive bajo signos de violencia imparable. “Sus conclusiones —dicen ambas dependencias refiriéndose al informe del IIEE—, no tienen sustento en el caso de México.”

Hay que aclarar que el reporte mencionado retoma cifras sobre la violencia en el país durante el año pasado. Las estadísticas del 2016, son de terror: un promedio de 56 homicidios diarios. En comparación con el 2015, según cifras oficiales, éstas se elevaron a tres mil 500 crímenes, aunque algunas organizaciones independientes, manejan números mucho más altos, mismos que conforme pasa el tiempo se han ido confirmando. En total, el gobierno de Peña Nieto admite que el año pasado  se cometieron casi 20 mil asesinatos.

En otra parte de la respuesta de la SRA y SEGOB, afirman que la violencia se ha focalizado a determinadas regiones del país. Ello contradice el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se establece que en el 2016, la violencia se extendió al 75 por ciento del país.

En lo que va del presente año, los hechos violentos ya no solo se limitan a acciones contra el narcotráfico, sino que se han extendido contra organizaciones sociales y civiles, como ocurrió recientemente en Puebla.

Ocultar información o maquillarla, no le ayuda a la administración actual. “La existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional”, responde el gobierno de México… Pero en otra parte, se contradicen al reconocer que la guerra contra el narcotráfico, es un conflicto que se comparte con Estados Unidos, Belice y Guatemala. ¿Qué es entonces lo que México enfrenta? Un fenómeno regional, se dice oficialmente.

Si hablamos de criterios, los del gobierno peñista están disociados de la verdad; no corresponden a lo cotidiano, ni a lo que se vive en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Nayarit y otros estados donde la violencia ha mermado a la población de manera espantosa.

¿Cómo, si no guerra, debe llamársele a una confrontación multipartita? El gobierno mexicano debe reflexionar antes de apresurar respuestas a sus críticos. No debe adelantarse a un terreno en el que tiene perdidas todas las esperanzas de convencimiento. Estamos en medio de una guerra. Tenemos un número elevado de muertos derivados de ésta. Uno de los argumentos para defender al gobierno es que Honduras y El Salvador tienen un índice de criminalidad mayor.

Es eso cierto; pero son países proporcionalmente menores en cuestiones de territorialidad y con condiciones distintas. Acá hubo una declaratoria formal de guerra por parte del ex-presidente Felipe Calderón. Esa guerra sin estrategia, ha dejado miles de muertos y no ha sido frenada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿A quién quieren, entonces, engañar? Antes de abrir la boca, deben ver bien la realidad.

El descenso de un equipo de fútbol que jamás representó al estado, ha sido motivo para que  personeros de la administración que lo trajo a Chiapas —a costa de la vida de 34 niños en Comitán—, lancen cualquier cantidad de epítetos y defiendan lo indefendible.

Sin más argumento que la injuria, los abogados del equipo Jaguares pretenden buscar culpables de un fracaso anunciado, que se germinó en la soberbia de un dictador desalmado, inhumano y perverso que sembró desde entonces la semilla de la indiferencia, el odio y el rencor.

¿Ignoran acaso que el gobierno de Pablo Abner Salazar desoyó deliberadamente los angustiosos gritos de auxilio en el hospital Regional de Comitán, mediante los cuales se pedía ayuda para evitar la muerte de los infantes? Si ese es el caso, menester es recordar que el entonces dictador prefirió desviar recursos destinados a salud y emergencias para pagar la franquicia de ese equipo, que enviar la ayuda requerida a los moribundos.

La mayoría de los bebés internados en ese nosocomio murieron por asfixia, sepsis y enterocolitis, entre otras causas, derivadas de una severa insuficiencia respiratoria. El director de dicho centro asistencial de ésa época, Raúl Belmonte Martínez, denunció públicamente que ante la ineficiencia del sector salud en los municipios cercanos a Comitán, todos los enfermos eran canalizados a ese lugar, lo que desató brotes epidémicos que fueron reportados a tiempo a las autoridades de Salud, empero no fueron atendidos.

Más tarde, algunos de los médicos procesados penalmente por la muerte de los niños, en sus declaraciones ministeriales, acusaron a quien fungió como secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo y al propio Pablo Abner, de haberse negado a proporcionar respiradores artificiales para salvar a los niños gravemente enfermos. “De tres respiradores artificiales, solo funcionaba uno cuando teníamos la emergencia de atender a 53 pacientes”, cuenta uno de los implicados.

La prioridad de Abner Salazar no era salvar la vida de ésos niños, sino adquirir la franquicia de un equipo de fútbol, al que habría de construirle su propio estadio, en terrenos arrebatados al magisterio. La inversión final de la compra de ese equipo, es incuantificable. La danza de cifras es exageradamente movida. Que fue multimillonaria, es cierto y todo se pagó con dinero malversado, al grado que algunos alcaldes que se negaron a “contribuir” para tal propósito, fueron encarcelados o perseguidos.

¿Vale, entonces, la pena defender lo que desde hace 15 años se constituyó en el símbolo de la corrupción e indiferencia? ¿Es necesario tener un equipo de fútbol de primera división a costa de la vida de nuestros niños y niñas? ¿Hay que sacrificar el real desarrollo de Chiapas por un grupo de deportistas (que en honor a la verdad, ninguna culpa tienen de la corrupción que los trajo a la entidad), que no tienen el menor interés por hacer bien lo que les corresponde?

Si revisamos los resultados del Jaguares, concluiremos que éste, solo era un gasto desproporcionado e inútil. Los personeros de PASM (“mis ‘sapos’”, les llama él mismo), aseguran que su estancia en Chiapas dejaba una “importante derrama económica”. Totalmente falso. Para la mayoría de partidos, el boletaje era regalado por diputados, candidatos, funcionarios, diputados y hasta por personajes opositores. ¿Lo ponían de su bolsa? No. Lo pagaba el gobierno.

A pesar que un empresario foráneo presumía la propiedad, el gran gasto lo hacía el gobierno estatal. Luz, agua, boletos, seguridad interna, uso del estadio y estacionamiento e incluso, hay versiones que, desde que fue traído por el tirano Salazar, la nómina de jugadores, corría a cargo del gobierno.

La constante presencia de David León Romero, jefe de prensa del PVEM, asesor de la actual administración y ajonjolí de todos los moles, en las actividades de Jaguares, robustecen la sospecha que al final, todos los gastos eran del erario.

En esas circunstancias, Chiapas no necesita de un equipo de fútbol, cuya mediocridad avergüenza. Tenemos graves y serias carencias. Ahí está la crisis de salud. La privaciones en educación, las necesidades en los grupos vulnerables; hay muchas cosas en que invertir a favor del pueblo, no en un equipo deportivo que nunca se ganó el afecto de la afición.

Desde que Pablo Abner determinó traerlos a Chiapas, la salud del estado decayó al grado que hoy, no hay ni gazas ni alcohol en los hospitales. De ahí se derivó la grave situación hospitalaria. Insistir en tener fútbol profesional es insultar la inteligencia de los chiapanecos; es despilfarrar dinero en asuntos insulsos, mientras la población carece de todo. Ojalá y quienes deban tomar decisiones en ese sentido, piensen en Chiapas; piensen con la cabeza, no con las patas. 

“Amparado” —ante la posibilidad de un arresto bajo la acusación de crímenes de lesa 
humanidad—, el ex- gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se presentó a un evento de poca trascendencia en la capital chiapaneca, a invitación de un grupo de priístas anquilosados, a quienes por su turbio pasado, muy poco toman en cuenta en el vetusto partido, cuya moral se debate entre escombros y ruinas. 

Ulises Ruiz es sinónimo de traición, violencia, corrupción y crímenes. El número de muertos, desaparecidos y encarcelados durante el periodo que gobernó a su natal Oaxaca, es hasta hoy incuantificable.

La tiranía con que administró a ese estado, solo puede ser comparada con la que casi paralelamente, ejerció Pablo Abner Salazar en Chiapas. 

Campesinos, maestros, estudiantes, obreros, amas de casa… Todos fueron víctimas de su irracionalidad. De hecho, estudios médicos serios, revelaron que el ahora “benefactor” de los priístas desplazados, padecía esquizofrenia crónica, además de delirios varios que le obligaban a tomar decisiones violentas contra sus adversarios, a muchos de los cuales, según testimoniales de algunas víctimas, torturó personalmente. 

Las investigaciones federales en su contra, sin embargo, fueron frenadas en su momento por el exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira, a quien autoridades españolas retuvieron unos días bajo cargos relacionados con el crimen organizado. 

No obstante, en dependencias de alto nivel, se mantiene una investigación de bajo perfil por posible desvió de fondos públicos en el área de salud, de donde, se presume, pudo haber sustraído millonarias cantidades para construir un complejo médico particular en la Ciudad de México, propiedad de la madre y esposa de Ruiz Ortiz. 

Solo en ese rubro, el ex gobernador oaxaqueño desfalcó al gobierno Federal por poco más de siete mil millones de pesos, delitos por los que la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, mantiene abierta una carpeta de investigación, razón por la que, dadas sus relaciones con el Poder Judicial de la Federación, ha logrado un amparo, ante la posibilidad de un eventual arresto.

Así llegó a Chiapas. El “amparo” en su bolsa, no le sirvió para protegerse de un grupo de maestros que lo persiguió hasta que hubo de buscar refugio. La “calidad moral” con que en los últimos meses se ha presentado el corrupto ex-dictador del vecino estado, no ha sido suficiente para lavar su imagen, una que por cierto, es muy parecida a la de sus correligionarios que le invitaron a un estado donde su partido, no pasa por los mejores momentos. Los personeros del viejo y prepotente PRI, que buscan atrincherarse en lo más vil y sucio del partido, para alcanzar prebendas diversas.

Las reiteradas violaciones a los derechos humanos mediante desapariciones forzadas, encarcelamientos injustificados y bestiales torturas, marcaron la administración del que hoy, se alza como el baluarte de la democracia interna de un partido con serios problemas de credibilidad y confianza. ¿Cómo confiar en quien es acusado de haber ordenado la masacre de maestros rebeldes a sus dictados?

Da la impresión que la facción del priismo desorientado que le trajo a la entidad, quiere enviar un tenebroso mensaje: no interesa a sus integrantes Chiapas como estado, sino como botín, lo cual desfigura sus pretensiones electorales, que es lo que se ve a leguas. Confirman con ello que solo buscan los recursos financieros para enriquecerse, no para lograr el desarrollo del estado más empobrecido y marginado del país. 

Hay “sumas que restan”, decían los viejos políticos mexicanos y éste, es un caso típico. Ulises Ruiz, no solo resta, sino que es en sí, un mensaje de terror que debe alertar a los chiapanecos para no caer, otra vez, en manos de grupos minoritarios que intentan socavar las pocas estructuras que aún quedan en el estado.

La presencia de un político de la talla de Ruiz Ortiz en Chiapas, es señal que un grupo de priístas, lisiados políticamente hablando, le apuestan al continuismo de la corrupción, del saqueo y la violencia institucional contra quienes quieren un cambio de verdad, contra quienes luchan porque se erradique la corrupción y la impunidad. 

Sobre el ex-gobernador de Oaxaca, pesan serias y graves acusaciones; abrirle espacios es otorgarle impunidad. Es dar la espalda, no solo a los millones de oaxaqueños agraviados, sino a todos los mexicanos, principalmente a los chiapanecos. Chiapas no debe ser paraíso de corruptos y asesinos.